Primera Sala de la Corte discutirá desclasificación de expedientes de tres masacres

Los criterios que se definan impactarán directo en la garantía de conocer los archivos de otros casos de violaciones graves a derechos humanos, señalaron organizaciones; por ejemplo, en el caso Ayotzinapa.

Este miércoles 18 de noviembre ”está en juego el acceso a la información de casos emblemáticos de violación de derechos humanos, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá si la sociedad tiene derecho a saber la verdad sobre las graves violaciones a derechos humanos cometidas a lo largo de la historia”, alertaron organizaciones como Artículo 19 y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Los ministros y ministra de la Primera Sala discutirán la desclasificación de expedientes de las tres masacres de migrantes perpetradas en México en 2010, 2011 y 2012, precisaron en un comunicado.

“La decisión que tomen será decisiva para que las víctimas de estos hechos y la sociedad mexicana e internacional accedan a información sobre las atrocidades ocurridas en San Fernando, Tamaulipas, y Cadereyta, Nuevo León”, indicaron.

“Desde hace tres años, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y ARTICLE 19 buscan la desclasificación de las averiguaciones previas que investigan estos graves hechos. La Corte, como última instancia, revisará el amparo ya otorgado por el Juez Fernando Silva, quien ordenó la desclasificación de los expedientes”, expusieron.

“Este miércoles, los cinco ministros confirmarán o negarán la facultad del Instituto para desclasificar información relacionada con violaciones graves a derechos humanos, por el interés público que reviste, aun cuando los casos no hayan sido catalogados como graves o estudiados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)”, abundaron.

Y sostuvieron que “negar el acceso a San Fernando significa potencialmente cerrar a la sociedad Ayotzinapa y Tlatlaya. Pero también todas y cada una de las masacres, desapariciones, casos de tortura y ejecuciones ocurridas en México, que no han merecido una recomendación de la CNDH y menos una justa catalogación como graves violaciones de derechos humanos. Cerrar San Fernando, por tanto, es encubrir Apatzingán, Tanhuato, La Barca, las fosas de Durango o Allende; es relegar al olvido a Atenco, Acteal, Aguas Blancas y las atrocidades de la Guerra Sucia”.


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FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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