Que la Corte no abdique en la defensa de las libertades: Sánchez Cordero

Testigo de las reformas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de 1994, Olga Sánchez Cordero pasa revista a la labor del máximo tribunal en los cuatro sexenios (dos priistas, dos panistas) que le tocó vivir como ministra, cargo del cual está a punto de retirarse; y advierte –ante el inminente relevo de integrantes de la SCJN– que no es posible retroceder en la protección de los derechos ni renunciar a las libertades, especialmente ahora, cuando las políticas de seguridad nacional los amenazan.

MÉXICO, DF: Cuando la seguridad se ha convertido en la prioridad de los gobernantes, a los jueces les toca defender las libertades. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como tribunal constitucional, no puede abdicar de esa defensa, aun cuando deba enfrentarse al presidente de la República o los senadores, quienes deciden su conformación.

Las propuestas para la designación de los ministros dicen mucho del titular del Ejecutivo federal en turno, pero más las votaciones de los jueces constitucionales: si reivindican la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación (PJF), obedecen a sus antiguos jefes o ponen por delante su ideología.

En momentos en que el Senado procesa las ternas propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto para la elección de los nuevos ministros de la SCJN, y a unos días de convertirse en ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero pone en esos términos la tarea de la institución en los próximos años y advierte en entrevista: “La Corte no puede retroceder en la protección de los derechos. Es un camino que nunca se acaba”, sobre todo cuando la seguridad está al acecho de las libertades.

Sánchez Cordero fue una de los 11 ministros de la reforma de 1994, cuando durante el receso judicial de fin de año desapareció la Corte del presidencialismo priista en lo que entonces se llamó el “golpe de Estado técnico” del presidente Ernesto Zedillo. La actual conformación y concepción de la SCJN se echó a andar en enero de 1995.

Marginado durante décadas, convertido en un poder de tercera durante el presidencialismo priista del siglo pasado, el PJF, que tiene en la SCJN su máxima representación, en dos décadas ha pasado a dirimir las diferencias entre los poderes formales del Estado y a “defender e incluso reparar derechos violados”, aun cuando en 2010 el Ejecutivo y el Legislativo le quitaron la facultad de investigar casos de violaciones graves a los derechos humanos.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2039, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA (ANÁLISIS).
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421973