El jueves pasado, la agencia y el portal de Proceso difundieron la información y un video sobre estos predios, localizados en Cuautla, donde al menos 150 cuerpos fueron inhumados de forma irregular.
En un comunicado de prensa con el título “La Fiscalía inició proceso penal y administrativo contra quienes resulten responsables de inhumación ilegal de cadáveres en Tetelcingo”, el gobierno estatal confirmó que las fosas estaban totalmente fuera de la legalidad.
Además, asegura que “atenderá las irregularidades relacionadas con los hechos denunciados en consonancia con la ley”.
Y luego, en un intento por deslindarse de estas violaciones legales, sostiene que la inhumación clandestina de cuerpos “corresponde a un pasado que la autoridad rechaza, y respecto del cual la presente administración ha iniciado su superación y se compromete, en este y cualquier otro caso, a investigar y resolver a la brevedad” los hechos denunciados.
Lo anterior, a pesar de que las acciones ocurrieron después del 1 de octubre de 2012, fecha de inicio de la gestión de Ramírez Garrido Abreu, y de que las autoridades tuvieron conocimiento del asunto desde hace prácticamente dos años.
También se aclara en el comunicado que los procedimientos legales y administrativos se interponen “en contra de quien o quienes resulten responsables por los delitos de incumplimiento de funciones públicas, ejercicio indebido de servicio público, violación a las leyes sobre inhumación y exhumación de cadáveres en agravio de quienes resulten afectados”, reconociendo la naturaleza ilegal de las fosas y los hechos.
Pese a ello, el gobernador escribió esta mañana en su cuenta de Twitter: “El tema fosa común que autorizaba la Procuraduría del Edo. está bajo investigación por la actual Fiscalía General (que) sí cumplió procesos legales”.
El nuevo fiscal
En tanto, el Congreso local llevó a cabo la ratificación de Javier Pérez Durón como nuevo fiscal general, luego de que el 30 de julio pasado fue nombrado como encargado de despacho a la salida de Rodrigo Dorantes Salgado, actual delegado de la PGR en Durango.
Pérez Durón es sobrino de Olga Durón, actual directora del Instituto estatal de Radio y Televisión y exesposa de Graco Ramírez.
En su primera entrevista como fiscal, Pérez Durón se comprometió a resolver el caso de las fosas, aunque también se deslindó de cualquier responsabilidad sobre el depósito ilegal de 150 cadáveres en Tetelcingo y negó que se trate de una “fosa clandestina”.
“Yo no tenía conocimiento de causa, en virtud de que yo todavía no estaba cuando se realizó el hecho, yo entré en julio y el hecho sucedió en marzo”, fue lo primero que respondió Pérez Durón al ser cuestionado sobre en quién recaerá la responsabilidad de la inhumación ilegal.
Luego justificó que no se trata de una fosa clandestina, sino de un predio con cuyo dueño la dependencia mantiene un “convenio”, a pesar de que sus propietarios no han acreditado “administrativamente” los requisitos para operar bajo la normatividad de ley.
“Los trámites administrativos se están verificando y se actuará conforme a derecho, pero no es una fosa clandestina como tal de la Fiscalía. La Fiscalía no tiene fosas clandestinas, ni el gobernador, ni el gobierno del estado”, insistió.
Reclaman la reapertura de las fosas
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) demandó este viernes un informe de la Fiscalía respecto de las fosas de Tetelcingo.
Además, llevó al lugar de los hechos a un grupo de peritos independientes para hacer las primeras investigaciones respecto del predio que funciona como panteón y de los alrededores de las fosas.
De su lado, la integrante de la Comisión de Atención a Víctimas del estado, Angélica Rodríguez, acudió en compañía de otros familiares de víctimas y anunció que miles de familias de desaparecidos, agrupadas en colectivos como Movimiento por Nuestros Desaparecidos, demandarán en breve al gobierno del estado la reapertura inmediata de las fosas para buscar entre esos cuerpos a sus familiares ausentes.
Angélica Rodríguez hizo un llamado a los familiares de personas desaparecidas a que se pongan en contacto con la Comisión de Atención a Víctimas de Morelos, para exigir al gobierno que se abran las fosas, se explique de dónde provienen los cuerpos y se permita a los familiares realizar las pruebas necesarias para determinar si corresponden a algunas de las personas reportadas como desaparecidas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CORRESPONSALÍA (PROCESO)
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