Hasta ahora ningún responsable ha sido consignado pese a que las afectadas interpusieron denuncias penales.
En entrevista telefónica, fray Tomás González Castillo, coordinador del refugio, aseguró que hay un repunte de la violencia contra las personas que transitan de manera irregular por el estado de Tabasco.
Precisó que las agresiones van desde robo y extorsiones, hasta secuestros masivos y violación sexual. Este último delito se ha perpetrado contra al menos 20 mujeres que llegaron al refugio en busca de apoyo, puntualizó.
De acuerdo con el activista, los ataques empezaron a registrarse con más frecuencia en agosto y repuntaron en septiembre. El más reciente se documentó el pasado viernes 20, cuando una joven de 18 años fue agredida sexualmente mientras era asaltado el grupo de varones con el que viajaba.
A decir de Tomás González, 18 víctimas presentaron denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía Especializada en Delitos contra Migrantes de Tabasco.
Explicó que las autoridades ya cuentan con elementos suficientes para detener a los criminales, quienes forman parte de un grupo de tres o cuatro hombres “bastante violentos” que atacan por la madrugada a las mujeres durante su tránsito por la comunidad de Río Grande.
Fray Tomás detalló que las agresiones han sido incluso contra personas transexuales y menores de edad, quienes han sido atendidas médicamente en “La 72”, donde les ofrecen la pastilla del día siguiente para evitar la concepción, así como inyecciones para que no contraigan infecciones de transmisión sexual.
En contraste –denunció–, el médico legista de la PGR revisa a las víctimas durante 20 minutos y luego inicia la averiguación previa. Pasados los días, añadió, las autoridades se olvidan de los casos.
Señaló que al menos dos de las mujeres atacadas sexualmente también fueron privadas de la libertad, y los delincuentes les exigieron los números telefónicos de sus familiares para extorsionarlos. Tras pagar mil 500 dólares (25 mil 320 pesos mexicanos) quedaron en libertad.
Esta práctica y los testimonios de las víctimas, dijo, evidencian la existencia de una red de secuestro masivo de migrantes –en la que presuntamente estarían implicadas autoridades federales y municipales– que opera con total impunidad en Cárdenas, Tabasco, y Coatzacoalcos, Veracruz.
El defensor destacó que personal de “La 72” también ha sido extorsionado, perseguido por la delincuencia organizada y amenazado de muerte en al menos dos ocasiones, una de ellas el pasado sábado 14.
Por ello, exigió a las autoridades federales, estatales y municipales que intervengan de manera urgente en la zona y pongan un alto a los ataques criminales, y que el Estado mexicano garantice a la población migrante su derecho a la protección internacional como víctimas del delito.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANGÉLICA JOCELYN SOTO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421589
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