Esta medida precautoria se encuentra en peligro desde el pasado 19 de agosto, cuando el juez federal Francisco Peñalosa Heras decidió anularla. Enseguida, las organizaciones defensoras del maíz apelaron la decisión del magistrado, con lo que detuvieron de nuevo la entrega de permisos de siembra a empresas trasnacionales, entre ellas Monsanto y Syngenta.
Hoy las ONG recibieron la notificación de que la medida permanecerá vigente hasta que el juez decida en definitiva la apelación.
Aprobada en septiembre de 2013 en el marco de una demanda colectiva que considera ilegal la siembra de maíz transgénico en el país, la medida precautoria resistió 93 impugnaciones y 22 amparos de las empresas y el gobierno federal, y transitó por distintos 17 tribunales.
Los integrantes de la Demanda Colectiva AC aprovecharon la notificación para recordar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá este miércoles 4 sobre la siembra de soya transgénica en la Península de Yucatán.
La SCJN, según el colectivo, “debe considerar que somos un país megadiverso en lo biológico, en lo cultural y en lo agrícola, por tanto, sembrar transgénicos, sean de maíz, soya u otro, en un país como el nuestro, entre otras afectaciones negativas que provocaría es que la miel mexicana deje de ser orgánica”.
Hace tres años comunidades mayas de la región se ampararon contra la comercialización de transgénicos, la cual vulnera su actividad principal –la apicultura— y genera contaminación ambiental y deforestación, denuncian.
El año pasado la justicia se pronunció a su favor, pero Monsanto y el gobierno federal impugnaron esas decisiones.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
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