En un acuerdo dictado dentro del juicio agrario 434/15, el magistrado Agustín Hernández González notificó la orden enviada mediante oficio al RAN para que se abstenga de inscribir el acta de asamblea de fecha 11 de octubre pasado, celebrada en Zacualpan, municipio de Comala, o cualquier acto relacionado con la misma, hasta en tanto se resuelva el presente juicio.
El titular del órgano jurisdiccional fundamentó su decisión en el deber establecido por los artículos 1º y 2º de la Constitución de “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y en particular el de los pueblos indígenas”, así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
La directiva encabezada por Taurino Rincón fue electa el 20 de noviembre de 2014 con el apoyo del Consejo Indígena en Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ), organización constituida para combatir el proyecto de una mina de oro, plata, cobre y manganeso que desde 2013 se pretendía explotar en esa región, pese a los riesgos que implicaba para el manantial de la comunidad que abastece de agua a la mayor parte de la capital del estado.
Según el CIDTZ, el proyecto de la mina –que después de la movilización de la comunidad fue suspendido– era respaldado por el anterior presidente de bienes comunales, Carlos Guzmán Teodoro, con el apoyo de Díaz Rivera, quien recientemente fue denunciada por organizaciones nacionales e internacionales de instigar el clima de violencia en Zacualpan a través de un grupo de comuneros relacionado con el exdirigente.
El 11 de octubre pasado, con una parte de los comuneros la funcionaria encabezó una asamblea en la que los asistentes votaron por la destitución del presidente de bienes comunales Taurino Rincón y demás dirigentes, y en su lugar fue nombrada una nueva mesa directiva.
Tras considerar que hubo violaciones a la ley en esa asamblea, los directivos destituidos presentaron una demanda contra los delegados del RAN y de la PA, en la que pidieron que se declare la “nulidad de actos y documentos que contravienen leyes agrarias”.
El Tribunal Unitario Agrario admitió la demanda y además de dictar la medida precautoria a favor de los demandantes, requirió al delegado del RAN documentos diversos, entre ellos el acta de la asamblea del 11 de octubre, las convocatorias respectivas, la solicitud de comuneros a la PA para realizar la asamblea, la solicitud de inscripción del acta de parte del comisariado de bienes comunales electo y cualquier otro documento relativo al caso.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421065
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