Durante los cuatro meses como gobernador electo Jaime Rodríguez se dedicó a viajar y a vanagloriarse de su éxito electoral, en lugar de preocuparse por definir prioridades y estrategias para enfrentar sus futuras responsabilidades en un entorno adverso, como sucede inevitablemente en todos los casos de candidatos triunfadores no partidistas, los cuales carecen de un grupo parlamentario que auxilie en la interlocución con el Congreso.
Éste se halla en Nuevo León dominado por los grupos parlamentarios del PAN (19 legisladores) y del PRI (16 diputados), lo que les permite tener la mayoría calificada incluso para hacer reformas a la Constitución Política estatal y, desde luego, superar cualquier veto que intente el gobernador. Es dicho Congreso el que impone la agenda y marca el ritmo y el rumbo en estos primeros 45 días de administración.
Rodríguez no enfrentó ninguna resistencia para crear la Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública del Estado, aunque sí tuvo que asimilar el hecho de que la designación la realice el Legislativo a propuesta del Ejecutivo, con lo cual se introdujo una trascendental modificación como una primera señal de que el Congreso tiene la última palabra y no está dispuesto a la sumisión.
Tras aprobarle las propuestas para los tres puestos que debía someter a su consideración: coordinador ejecutivo, tesorero y procurador, el Congreso empezó a marcar la pauta: primero, adhiriéndose a la promesa de campaña del mismo mandatario, decidió eliminar la tenencia, a pesar de que en una comparecencia previa el flamante tesorero, Carlos Garza, había manifestado su oposición a dicha medida; y, posteriormente, aprobó la Ley de Coordinación Hacendaria, que implica una merma de mil 340 millones de pesos tan sólo en 2016 y de 4 mil 899 en los primeros tres años.
De acuerdo con información del periódico El Norte, la tenencia significará una pérdida de 3 mil 248 millones de pesos en los primeros tres años de gobierno, que sumados a los 4 mil 899 de la ley, lleva a un gran total de 8 mil 147 millones de pesos, de los cuales 3 mil 507 se trasladarán a los municipios, en su mayoría gobernados por alcaldes de los dos partidos políticos que dominan la Cámara de Diputados.
Lo más paradójico es que la iniciativa de ley la presentó el diputado Samuel García, del Movimiento Ciudadano, partido por el que contendía hacia la gubernatura Fernando Elizondo antes de declinar a favor de Rodríguez y cuyo grupo parlamentario se coordinaría con el Ejecutivo estatal. La ley en general es positiva y, salvo Nuevo León y Sonora, el resto de las entidades federativas cuentan con una legislación similar; sin embargo, lo crítico son los recursos que le resta al gobierno del estado en momentos de crisis, cuando según una declaración del tesorero el pasado jueves 12, ni siquiera están seguros de tener dinero suficiente para pagar el aguinaldo.
El hecho muestra la ausencia de estrategia y la falta de operación política, lo que significa tener un gobierno reactivo que asume la misma lógica de la campaña electoral, cuando recurrir a las redes sociales (particularmente Facebook) le dio buenos resultados a Rodríguez para contrarrestar los ataques de sus opositores, sin tomar en cuenta que en estos momentos no se trata sólo de incidir en la opinión pública, sino de lograr el apoyo de al menos 15 legisladores (de los 42 que componen la legislatura) para así conseguir mantener el veto.
Los objetivos y el contexto son totalmente distintos.
En la campaña electoral el único objetivo era acumular más votos que los opositores, aprovechando que la ciudadanía estaba harta del mal gobierno de los últimos sexenios –muy particularmente con los escándalos de corrupción de los gobiernos federal y estatal–, por lo cual las redes sociales eran un buen vehículo para inflamar dicho descontento y contrarrestar los ataques de los adversarios.
Pero al momento de asumir el poder hay que comunicar una propuesta creíble y demostrar con hechos que se puede hacer un mejor gobierno; ya no se trata de retomar los escándalos y de reaccionar frente a los ataques, sino al contrario, de tomar la iniciativa y hacerla realidad.
Sin duda hay un bono ciudadano (más de 1 millón de votos, más del doble que sus principales opositores) que debe aprovecharse, pero en forma selectiva y con sentido estratégico, es decir, en aquellos asuntos que realmente resulten vitales para el proyecto de gobierno (el cual todavía no existe o, al menos, se desconoce) y para convocar a los ciudadanos a acciones concretas (no a expresar “likes” en Facebook), realizables y suficientes para hacer sentir a los legisladores, o eventualmente a otros grupos de presión, que detrás de las propuestas gubernamentales hay un poder ciudadano que está dispuesto a respaldarlas y hacerlas realidad.
Las redes sociales son una herramienta de comunicación y movilización probada e inigualable, pero para que funcionen requieren un proyecto claro y una ciudadanía que las respalde; hoy se carece del proyecto, y buena parte de los neoleoneses sufragaron más en repudio a los partidos políticos que en respaldo a la candidatura de Jaime Rodríguez, por lo cual tampoco se puede afirmar que todos los que le otorgaron su voto comparten sus propuestas y respaldarán sus acciones y convocatorias.
Jaime Rodríguez y su equipo de gobierno deben tomar conciencia de que ya desperdiciaron (o al menos se desconocen los resultados del trabajo que se ha hecho) casi cinco meses, y que de continuar así serán una decepción más. Sin duda su camino es más escabroso (también lo fue en la candidatura): No cuentan con grupo parlamentario ni con correligionarios en otras instancias de gobierno (Federación, estados, municipios), y precisamente por ello requieren de un mejor proyecto, de una escrupulosa ejecución y de más pasión y compromiso.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421053
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