Ahora, de acuerdo a un estudio que toma distintas variables, prevé que ese escenario se repita en 2018, cuando México regresa a las urnas a elegir Presidente.
Un equipo desplegado por la Alianza Cívica de Nuevo León en diversos municipios de diez estados del país, entre ellos Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango, Chihuahua, Sonora, el Estado de México y Jalisco, investigó y siguió las condiciones en las que se llevaron a cabo los procesos electorales del pasado 7 de junio.
La asociación presentó hoy los resultados observados durante su investigación. Alertó que se pudo percatar “que las elecciones pasadas estuvieron marcadas por la violencia social en el sur del país, particularmente en Oaxaca y Guerrero, mientras que en algunas regiones del norte fueron afectadas por la violencia derivada de la guerra contra el narcotráfico y la militarización”.
Advirtió que se registró también “el uso de la policía y fuerzas militares para intimidar a la población en zonas donde el voto no era favorable al partido que gobernaba”.
La Alianza destacó que la compra de voto fue una constante a lo largo del país, en sus distintas modalidades. Además, de acuerdo con los testimonios recabados, en las elecciones del mes de junio el voto se compró en un promedio de entre 500 y 2 mil pesos; comprándose más baratos en algunas zonas de Guerrero, donde se llegó a pagar escasamente a 50 pesos, mientras la más cara se dio en Sonora donde ascendió hasta a 2 mil pesos.
Sin embargo, dijo que la mayoría de testimonios hablan de un pago de 500 pesos por voto.
El estudio se realizó en 22 municipios de 10 estados: Tlapa, Chilpancingo y Ayutla, en Guerrero; Pinotepa Nacional, Oaxaca; Nuevo Laredo y Ciudad Victoria, Tamaulipas; Monterrey, Escobedo, Apodaca, Santa Catarina, Guadalupe, en Nuevo León; Saltillo, Monclova y Torreón, Coahuila, Gómez Palacio y Durango, Durango; Cd. Juárez , Chihuahua; Guadalajara y Zapopan, Jalisco; Ecatepec, Estado de México, y Cd. Obregón y Hermosillo, Sonora.
En cada uno de estos se dio seguimiento las prácticas de compra o coacción del voto; ya sea en efectivo o mediante la utilización de programas sociales de los distintos niveles de gobierno, a los actos de violencia antes o durante la jornada electoral, al desempeño de las autoridades electorales y una sistematización “incipiente” de la percepción de la ciudadanía sobre la relación de candidatos con el narcotráfico.
Para recoger esta información se empleó a observadores que recogieran de primera mano la información, se hizo monitoreo a medios sobre actos de violencia, observación directa de los investigadores el día de las elecciones y se trabajó con grupos de enfoque, dijo Alianza Cívica.
Realizaron además previo y posterior a los comicios diversas entrevistas con “actores e informantes clave”, entre el 29 de julio y el 15 de agosto, y aunque precisó, estas encuestas no representan una muestra estadística representativa, los porcentajes dan “indicios de lo que pudo haber sucedido en el pasado proceso electoral”.
CANDIDATOS LIGADOS AL NARCO Y AMENAZAS
Alianza Cívica indicó que del 26 por ciento del total de los entrevistados señaló que supieron de algún impedimento o amenaza para que alguno de los partidos pudiera realizar libremente sus campañas en municipios de Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Durango, México, Oaxaca, Chihuahua, Jalisco, Guerrero y Coahuila.
Mientras, el 21 por ciento dijo que supo de grupos que impedían el desplazamiento de promotores de campaña en Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Durango, Edomex, Oaxaca, Jalisco, Guerrero y Coahuila.
Además en entidades como Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Guerrero, entre otras de las ya mencionadas, los encuestados dijeron haberse enterado de que algunos partidos o promotores de campañas tuvieron que negociar con grupos para poder entrar al territorio.
Mientras, en los diez estados en los que se llevó a cabo la investigación, el 40 por ciento de los entrevistados, consideró que alguno de los candidatos puede estar ligado a algún grupo criminal; y el 37 por ciento indicó que la delincuencia organizada, pudo haber influido en la selección de algún candidato.
El 6 por ciento manifestó saber que el INE tuvo que negociar con algún grupo, para la instalación de las casillas en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y obviamente Oaxaca y Guerrero.
LA COACCIÓN DEL VOTO, UN TEMA PENDIENTE
“La compra y coacción del voto sigue siendo un tema pendiente, que afecta la equidad del proceso electoral. Prácticamente todos los actores entrevistados denunciaron este tipo de prácticas: amenazas a los beneficiarios de programas sociales o de quitarles los permisos a tianguistas, transportistas, o los programas de apoyo al campo”, alertó la organización.
Destacaron que el uso de los programas sociales para la compra de votos fue reportado en todos los lugares observados y por parte de los tres ámbitos de gobierno: Federal, Estatal y Municipal. Entre los programas más denunciados fueron los pertenecientes a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), como los de Prospera, el Programa de Empleo Temporal, 65 y más, de Liconsa.
De la Sagarpa fueron denunciados Procampo y otros proyectos productivos. También se observaron diversas presiones a comerciantes por parte de los gobiernos municipales, amenzándolos con retirar la concesión si no asistían a actos proselitistas o votaban por el partido oficial.
Otra forma a todas luces ilegal de incidencia en el proceso electoral se realizó mediante la entrega de millares de televisores digitales por parte de la SCT, utilizando el padrón de la Sedesol, en los días previos a la elección.
Alianza Cívica pudo observar que la presión a los electores el día de la jornada electoral se dio mediante personas de forma intimidante se encontraban afuera de las casillas o el acarreo “como una forma de decir ‘yo te llevo a votar, y tú votas por mi partido’”.
La organización dijo que en el estudio quedó de manifiesto “el agradecimiento y de cierta forma la lealtad” de los beneficiarios de algún programa social hacia el promotor del mismo, expresado a través del voto hacía el partido del que éste provenga.
Respecto al desempeño del INE, Alianza Cívica dijo que sólo el 44% de los ciudadanos entrevistados dijo que considera que el desempeño del órgano electoral es confiable.
Sobre la pregunta hecha a actores pertenecientes a partidos políticos sobre si hay evidencias de que los gobiernos de los tres niveles estén utilizando recursos públicos para promover a un partido o candidato, un poco más del 50% dijeron que sí. Sumado a ello, el 77% de ellos dijeron que la ciudadanía desconoce los delitos electorales.
El organismo presentó además un testimonio anónimo de un funcionario del INE quien dijo que pudieron constatar que en Hermosillo hubo gente repartiendo “a diestra y siniestra” para la compra de votos.
“Yo no sé de dónde sacaron tanto dinero. Yo tengo reporte de la ciudad de gentes de absoluta confianza de nosotros que vieron como estaban repartiendo dinero a diestra y siniestra por ambas partes, pero mucho dinero. Tanto del partido en el gobierno como el opositor en el bipartidismo de Hermosillo, PAN y PRI y bueno, debe llevarnos a la lógica de que ese dinero estuvo fondeado por alguien y, bueno, si en esa lógica es muy probable que la federación haya, vamos a decir esté […] caminado con recursos por que fueron ofrecimientos de miles de pesos por cada voto en colas largas y la gente lo aceptaba, y esa es una de las desgracias que tenemos”.
“Porque si así seguimos pues esto no va a cambiar nunca. Hay la presunción de donde se dan este tipo de rutas del dinero hacia las elecciones […] vemos que lo derrochan a manos llenas no solamente en la campaña sino en el momento de las votaciones, está claro que no salió de la bolsa de los candidatos. Debió haber salido de las arcas públicas, de economías yo creo de apropiación de recursos de manera indirecta o trasladados, disfrazados, lavados públicamente de dinero público lavado al interior de la administración para aterrizarlo y eso es espantosamente regresivo, lo que está pasando”, alertó el funcionario.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/18-11-2015/1555640
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