“En la entidad no se da esa situación. Los niveles que se han dado de violencia, no son de la magnitud que lamentablemente se da en otras ciudades o estados del país”, dijo el mandatario estatal en una entrevista luego de una serie de hechos violentos que se vivieron en el estado y que motivó la presencia del Ejército mexicano.
No obstante, los enfrentamientos registrados de grupos del crimen organizado en la capital obligaron a Herrera Caldera a solicitar a la población no salir a altas horas de la noche.
En ese entonces el priista llevaba poco más de ocho meses de haber iniciado su gestión y aseguraba que la entidad se convertiría en una de las más seguras del país. Pero no fue así.
A ocho meses de concluir su gestión, el estado que gobierna Jorge Herrera de nueva cuenta vuelve a ser noticia. La razón: los operativos de la Secretaría de Marina (Semar) en busca de “El Chapo”, prófugo desde el 11 de julio pasado.
En las últimas semanas se ha registrado el éxodo de familias desplazadas del municipio de Tamazula. De acuerdo a versiones y testimonios de los pobladores desplazados a las que tuvo acceso SinEmbargo, la zona entre los estados de Durango y Sinaloa es un verdadero campo de batalla, donde a cada momento se escuchan detonaciones de armas de alto calibre y sobre vuelos de aviones y helicópteros.
Los enfrentamientos entre elementos de la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional (Sedena) en contra de sicarios han dejado a los habitantes del municipio duranguense en el fuego cruzado. No son aisladas las denuncias por abusos en contra de estas corporaciones.
En junio pasado se acusó a marinos de asesinar a dos jóvenes y de herir a un menor en un ataque aéreo. Sin embargo, la dependencia a cargo del Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz negó cualquier exceso de sus elementos. En otro caso, a principios de octubre una de las habitantes de Tamazula narró al diario Noroeste que su vivienda fue objeto de disparos, según ella, desde el aire.
En respuesta a ésta y otras acusaciones, la Marina emitió un comunicado en el que negó haber cometido abusos o ataques contra los pobladores de la zona serrana de Tamazula, y aseguró que lo que realizan en la zona son recorridos de disuasión en estricto apego a la Ley.
Ante estas denuncias por parte de los pobladores de Tamazula, diversas organizaciones civiles y organismos autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han alzado la voz en contra de las posibles violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas federales.
El Gobernador de Durango ha mantenido su estrategia de un bajo perfil ante los medios de comunicación y no ha emitido alguna postura al respecto, situación que le ha valido severas críticas por parte de la oposición política y organizaciones, quienes lo acusan de ser “indiferente” ante la crisis de inseguridad que vive la entidad.
INSEGURIDAD Y CORRUPCIÓN
Si bien, su predecesor, Ismael Hernández Deras, le heredó un estado abatido por la delincuencia, desempleo y pobreza, Herrera Caldera no ha mostrado avances para terminar con ese panorama, así lo revelan estadísticas de organismos federales como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que siguen colocando a Durango como uno de los más violentos y corruptos.
Desde su llegada a la gubernatura el principal problema que ha enfrentado Jorge Herrera es la inseguridad desatada por la lucha entre bandas del crimen organizado que dominan la región y la estrategia de seguridad del Gobierno federal.
En abril de 2009 el Arzobispo de Durango, Héctor González Martínez, advertía de la presencia de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Guanaceví. “Todos lo sabemos, menos la autoridad”, expresó el prelado un año antes de que Jorge Herrera Caldera tomara posesión como Gobernador de la entidad.
Un año después, en noviembre de 2010, ya con Jorge Herrera al frente del estado, el Arzobispo insistió y aseguró a los medios de comunicación que el jefe del Cártel de Sinaloa estaba presente en todas partes, lo mismo caminando por las calles, cenando en un restaurante o en Tamazula, Durango.
A pesar de que la administración de Herrera ha tratado de negar la situación de violencia en Durango, estadísticas e informes revelan el grado de inseguridad que se vive en la entidad.
Por ejemplo, en abril de este año, el Departamento de Estado de los Estados Unidos pidió precaución para visitar Durango, debido a la violencia generada en las carreteras. Solicitó viajar sólo en el día y cumplir el toque de queda de una a seis de la mañana.
Dos meses después, en junio de este año, el “El Barómetro” de México Avanza dio a conocer su informe sobre percepción de seguridad pública en la Zona Metropolitana Lagunera. El documento destacó que los laguneros estaban preocupados en primer lugar, por la inseguridad generada por el narcotráfico.
Ese mismo mes el Gobernador priista reaccionó a las encuestas sobre seguridad de su estado y declaró que la violencia no podía compararse a la que se vivía hace dos años, es decir en 2013.
En octubre de 2013 la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe 2013) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reveló que para 60 por ciento de la población de Durango, la inseguridad era el principal problema de la entidad, incluso sobre la pobreza y el desempleo.
De acuerdo con el Inegi, los duranguenses sentían temor y falta de confianza al realizar sus actividades cotidianas.
La encuesta también reveló que en segundo lugar, con un 52 por ciento, la población de Durango ubicó la falta de empleo, superando la media nacional con ocho puntos porcentuales. Mientras que la pobreza, a tres años de la administración del priista, era la tercera preocupación entre sus gobernada con 38 por ciento de los encuestados.
En enero de 2013 el crimen organizado ejecutó a seis personas de distintos municipios de la entidad y acusó directamente al Gobernador de estar relacionado con un grupo criminal.
De acuerdo con Agencia Proceso una narcomanta sin firma acusó al Gobernador: “Atención policía federal y wachos: el problema no es con ustedes es con la DEI (Dirección Estatal de Seguridad) y con el Gobe Pechocho de Durango que ya se arregló con los Cabrera”.
A principios de ese año la violencia se recrudeció y varias dependencias públicas y compañías fueron atacadas.
De acuerdo con el estudio “La violencia en los municipios y en las entidades federativas de México (2014)”, Durango ocupa el lugar número noveno a nivel nacional en el ranking de violencia nacional.
En el tema de la corrupción tampoco los números le favorecen a Durango. En junio de 2014, el Inegi colocó al estado como la novena entidad con mayor percepción de corrupción entre sus habitantes, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2013.
Durango se colocó por debajo de Guerrero, Estado de México, Sinaloa, Puebla, Tabasco, Distrito Federal y Jalisco, entidad que ocupó el primer lugar.
Por si fuera poco, su esposa, Teresa Álvarez del Castillo, contribuyó con un escándalo más. En septiembre de 2014, la directora del Sistema DIF de Durango se pronunció por el respeto a las uniones de parejas del mismo sexo, para luego asegurar que “la naturaleza es muy sabia” y que la homosexualidad es una “degeneración” que reproduce “enfermedades como el SIDA”.
Las infortunadas declaraciones provocaron severas críticas y horas más tarde tuvo que disculparse. “La presidenta expresa su respeto absoluto a las preferencias sexuales. Afirma que la intención nunca fue, ni será ofender a nadie”, publicó la cuenta de Twitter del DIF de Durango.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: GUADALUPE FUENTES LÓPEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/01-11-2015/1534085.
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