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La crisis que el gobierno pretende ocultar

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MÉXICO, DF (Proceso).- El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció en una entrevista radiofónica el lunes 21 que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, junto con la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, han sido las peores crisis del sexenio de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, también se empeñó –como hizo desde el inicio el gobierno federal– en atribuir toda la responsabilidad al “gobierno municipal, policías municipales” y aunque no lo hizo explícito, mantuvo el discurso de que el caso es un “hecho aislado”.
Pretenden olvidar que apenas el 25 de noviembre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió su recomendación en relación con los hechos ocurridos en Apatzingán, Michoacán, el pasado 6 de enero (donde murieron 10 personas, 21 resultaron lesionadas y se realizaron 30 detenciones arbitrarias), señalando a policías federales como responsables de violaciones graves a los derechos humanos y de al menos una ejecución extrajudicial.
Tampoco recuerdan el caso Tlatlaya, ocurrido el 30 de junio de 2014, donde la misma CNDH acreditó la ejecución extrajudicial de al menos 15 de los 22 abatidos; ni el asesinato de siete jornaleros en la comunidad de Calera, Zacatecas –cuatro de ellos con el tiro de gracia– el 7 de julio de este año, ambos por parte de militares.
Y omiten señalar que todavía está pendiente de conocerse el resultado de las investigaciones que realiza la CNDH respecto de las 42 personas fallecidas el 22 de mayo pasado en Ecuandureo, Michoacán, en un presunto enfrentamiento entre policías federales y presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Este breve y somero recuento de hechos perpetrados a lo largo de los últimos dos años evidencia que lo sucedido en Iguala, donde desaparecieron los 43 normalistas, no es algo aislado y exclusivo de Guerrero, sino un fenómeno extendido a otras entidades del país, entre las que se encuentran Zacatecas, Michoacán y el Estado de México.
Tampoco se puede obviar que este año visitaron el país Juan Méndez, relator especial sobre la Tortura, y Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los tres emitieron informes que dejan al descubierto la grave crisis de derechos humanos en México.
Los hechos y las cifras que revelan en sus documentos son contundentes. Al Hussein destaca entre los datos el asesinato de 151 mil 233 personas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015 y la desaparición de al menos 26 mil más, “muchas posiblemente como resultado de desapariciones forzadas”, es decir perpetrados por agentes al servicio del Estado en cualquiera de sus tres instancias (federal, estatal o municipal).
El informe de la CIDH reveló que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una tasa igual o superior a 10 homicidios por cada 100 mil habitantes corresponde a niveles epidémicos de violencia.
En México, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2013 fueron 19.43 y en 2014, 16.43, con estados como Guerrero con una tasa de 42.68; Sinaloa, de 33.33 y Chihuahua, de 29.36. De acuerdo con una publicación del periódico Reforma del martes 22, el número de homicidios dolosos registrado en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a noviembre de este año, es 8% mayor al del mismo periodo de 2014.
Para dar una idea de la gravedad del abuso de la fuerza por parte del Ejército Mexicano, el mismo informe hace referencia a un “índice de letalidad, que es el número de civiles muertos por cada civil herido en situaciones calificadas por las autoridades como ‘enfrentamientos’”, desarrollado por especialistas del Centro de Investigación y Docencia Económicas y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
En éste indican: “Cualquier cociente superior a 1 estará apuntando a un abuso de la fuerza y a la existencia de ejecuciones sumarias”. En México dicho índice fue de 7.7 civiles muertos por cada civil herido en 2013 y de 11.6, en el primer trimestre de 2014; después de esa fecha la Secretaría de la Defensa Nacional ya no reveló su estadística.
Estos datos deben vincularse con el informe elaborado y presentado, en julio de este año, por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, donde revela que el 11 de junio de 2014, 19 días antes de la ejecución extrajudicial de Tlatlaya, la base de operaciones San Antonio del Rosario –a la cual se encontraban adscritos los militares implicados en los hechos– recibieron la Orden de Relevo, la cual señala explícitamente: “Las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario”.
Como manifiesta el mismo documento: “El uso de este lenguaje resulta sumamente grave pues al instruir ‘abatir delincuentes’ se incita a privar arbitrariamente de la vida a civiles en el momento en que éstos se consideran delincuentes, sin presunción de inocencia ni juicio previo”.
El informe de la CIDH también hace referencia al grave problema de los desplazados de su lugar de residencia por la crítica situación de inseguridad; al denunciar la ausencia de cifras oficiales, señala: “El Internal Displacement Monitoring Center ha estimado que a finales de 2014 había por lo menos 281 mil 400 desplazados internos en México. Organizaciones de la sociedad civil indicaron que esta cifra podría ser mucho mayor”.
Respecto a la tortura, el documento destaca que en 15 entidades federativas, la misma no está tipificada como delito en los códigos penales y hace referencia a la afirmación de Juan Méndez, relator especial sobre la tortura, quien señaló que “con frecuencia”, las personas son halladas culpables “solamente o predominantemente con base en confesiones obtenidas con tortura o malos tratos, lo que alienta su uso por parte de las autoridades”.
Ciertamente la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa detonó una de las peores crisis del gobierno de Peña Nieto, tal como señala Osorio Chong, pero no porque sea un hecho aislado o un evento exclusivo de una entidad con características particulares, sino porque evidenció la existencia de una grave situación de derechos humanos como “resultado de una situación estructural que padece desde hace décadas”, como señaló Rose-Marie Belle Antoine, encargada de presentar el informe de la CIDH.

Fuente: Proceso
Autor: Jesús Cantú
http://www.proceso.com.mx/?p=424949

Mancera, entre el repudio y la sobrevivencia

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MÉXICO, DF (apro).- El 2015 fue para el jefe de gobierno del Distrito Federal Miguel Ángel Mancera un año de marcados contrastes: sufrió la más profunda crisis política de las administraciones capitalinas y la seguridad que tanto presume se vio vulnerada por varios frentes; además, la ciudadanía se impuso ante proyectos de su administración, pero hacia el final logró dar pasos de sobrevivencia con miras a sus intenciones presidenciales en el 2018.
El resultado de las elecciones del pasado 7 de junio fue el golpe político más duro que ningún jefe de gobierno capitalino había sufrido desde 1997. El PRD, en alianza con el PT y Movimiento Ciudadano –acuerdo partidista que llevó a Mancera Espinosa a ganar las elecciones con 63.56% de las preferencias electorales– se desplomó en el DF.
De las 14 delegaciones que gobernaba desde 2012, perdió ocho: cinco se las arrebató Morena, dos el PRI-PVEM y una el PAN. No fue lo único, pues esa alianza también perdió la mayoría en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) ante la ola del partido creado por el exmandatario capitalino Andrés Manuel López Obrador.
Analistas políticos interpretaron ese resultado como un “ya basta” de la ciudadanía hacia el gobierno de Mancera y el PRD en la ciudad que ha ido de tumbo en tumbo, entre acusaciones de corrupción y falta de acciones claras en beneficio de la sociedad.
Como reacción, el jefe de gobierno realizó nueve cambios en su gabinete legal y ampliado, aunque algunos fueron sólo movimientos para quitar de la palestra a funcionarios polémicos, como Héctor Serrano, señalado como el principal operador político de la elección, pero sólo pasó de la Secretaría de Gobierno a la de Movilidad.
Aun así, líderes perredistas comenzaron a mencionar a Mancera Espinosa como precandidato a la Presidencia de la República en el 2018. Ante la insistencia de los medios, el exprocurador aceptó públicamente su intención, aunque no se ha afiliado a ningún partido. De hecho, declaró que se ve como contendiente frente a Jaime Rodríguez “El Bronco”, quien ganó la gubernatura de Nuevo León como candidato independiente.
Sin embargo, el mandatario capitalino no ha ocultado su simpatía con el presidente Enrique Peña Nieto ni otros priistas de su gabinete como Miguel Ángel Osorio Chong. A diferencia de sus antecesores, Mancera no ha perdido oportunidad para posar para las primeras planas de los periódicos al lado de ambos personajes.
Seguridad, el traspié
Cuando en el DF comenzaba a perder fuerza el desastre político de las elecciones, un nuevo hecho doblegó la imagen del gobierno de Miguel Ángel Mancera: el multihomicidio de la colonia Narvarte el 31 de julio.
La tortura y ejecución del fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, la joven de nacionalidad colombiana Mile Virginia Martín, la trabajadora doméstica Alejandra Negrete y la maquillista Yesenia Quiroz, en el departamento 401 de la calle Luz Saviñón 1909, le quitó al DF el “privilegio” de ser la entidad más segura para periodistas amenazados en otros estados del país.
El tema ocupó primeras planas de diarios capitalinos y llegó no sólo a la prensa internacional, sino a organismos defensores de la libertad de expresión, quienes exigieron una investigación seria y la captura de los responsables. También tocó las fibras de la comunidad colombiana en México que protestó contra el trato discriminatorio y estereotipado que ciertos medios de comunicación dieron al caso.
A seis meses del crimen, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), encabezada por Rodolfo Ríos, sólo ha detenido a tres presuntos responsables, quienes no han sido sentenciados. Además, no ha aclarado el móvil del crimen y según los abogados coadyuvantes de los familiares de las víctimas, quedan muchos pendientes en la investigación, por ejemplo, la indagatoria sobre las amenazas que Rubén y Nadia recibieron en Veracruz.
Peor aún, ni la Procuraduría ni el mismo jefe de gobierno se han pronunciado sobre el llamado de los integrantes de la Plataforma de Acompañamiento al caso Narvarte, creada el pasado 9 de junio, para ayudar a resolver el caso, pese a que Mancera prometió que “no habrá impunidad” y que se agotarían “todas las líneas de investigación”.
En octubre el gobierno de Mancera Espinosa enfrentó un nuevo obstáculo de violencia: un hombre envuelto en vendas y con un tiro en la cabeza fue colgado del puente La Concordia en los límites de la delegación Iztapalapa y el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl.
A este hecho le siguió el hallazgo de varios ejecutados y cadáveres calcinados y desmembrados con carteles cuyos mensajes iban dirigidos al propio mandatario y lo alertaban del supuesto control de droga en el reclusorio Oriente de la ciudad.
Sin embargo, el jefe de gobierno insistió en su reiterada negativa de la presencia del crimen organizado en la capital del país. Luego ordenó a la Secretaría de Seguridad Pública reforzar la seguridad en la zona con decenas de policías y patrullas.
Las tragedias
Para Miguel Ángel Mancera, el 2015 también estuvo marcado por las tragedias. La primera ocurrió la mañana del 29 de enero, cuando una pipa de la empresa Gas Express Nieto provocó una explosión en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa.
El hecho dejó un saldo de cinco muertos, entre ellos tres recién nacidos, más de 70 lesionados y la demolición completa del inmueble.
La explosión evidenció la falta de coordinación en materia de Protección Civil entre las delegaciones y el gobierno central, así como las irregularidades con las que operan las gaseras en la ciudad. De hecho, el gobierno federal sancionó a la mencionada empresa y el GDF la vetó hasta el 2018 para tener contratos con el GDF.
A casi un año de la tragedia y aun cuando el gobierno federal ofreció recursos de ayuda, el gobierno local no ha iniciado la construcción del nuevo hospital que prometió.
El atropellamiento y muerte de ciclistas también ha sido una piedra en el zapato del jefe de gobierno. Aunque el tema no es nuevo, adquirió relevancia con el caso de Monserrat Paredes, una joven de 21 años arrollada por un autobús de transporte público en el Paseo de la Reforma mientras circulaba en una Ecobici.
La muerte de Paredes generó una protesta multitudinaria de ciclistas que exigieron infraestructura vial segura para circular. En los días posteriores la prensa destacó la muerte de ciclistas atropellados o lesionados por transporte de carga o particular en distintos puntos de la ciudad.
Un hecho que estuvo a punto de convertirse en tragedia fue la serie de derrumbes de un talud en el exclusivo fraccionamiento Vistas del Campo en Santa Fe a mediados de noviembre. El fenómeno obligó al desalojo de los habitantes de al menos tres de las cinco torres de lujosos departamentos como medida de precaución.
También dejó al descubierto una serie de irregularidades entre los gobiernos central y de la delegación Cuajimalpa con los permisos para la instalación de dos torres de telecomunicaciones de la empresa American Tower en el patio de una casa que, al final, fue demolida como parte de las obras de mitigación del talud.
El rechazo ciudadano
El 2015 fue también el año del empoderamiento de la ciudadanía ante los proyectos de construcción del gobierno de Miguel Ángel Mancera.
El 6 de diciembre, en una consulta ciudadana sin precedentes, los habitantes de la delegación Cuauhtémoc dieron un “no” rotundo al proyecto del Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa, impulsado por la Agencia ProCDMX, encabezada por Simón Levy.
Aunque Mancera estaba de gira en París, su gobierno tuvo que aceptar los resultados y pronto anunció la cancelación del proyecto que implicaría una inversión superior a los mil millones de pesos.
No obstante, antes de esa cancelación hubo otra obra en la que el GDF tuvo que ceder ante el descontento capitalino: el tercer tramo de la ruta del Tren Interurbano México-Toluca.
El trazo aprobado marcaba la avenida Vasco de Quiroga como el paso hacia la terminal de Observatorio. Sin embargo, el rechazo popular con manifestaciones y bloqueos viales –aunque dividido y contaminado por intereses de políticos del PRD— logró que el gobierno federal y el capitalino modificaran la ruta para que pase por una zona de barrancas no habitada.
La construcción de un deprimido vial en la zona de Mixcoac también desencadenó el rechazo vecinal, influenciado por integrantes de Morena. No obstante, en este caso las protestas no fueron suficientes para parar la tala indiscriminada de árboles y la obra en sí.
Otra iniciativa del GDF que estuvo en la polémica fue la operación de las empresas Uber y Cabify. Cientos de taxistas regulares se lanzaron en su contra acusándolas de dar un servicio ilegal con la anuencia de Mancera Espinosa.
Los bloqueos viales que realizaron y afectaron a miles de capitalinos derivaron en un debate entre líderes y directivos de ambas partes y se logró un supuesto acuerdo de regularización. No obstante, los taxistas concesionados mantienen su acusación de que el GDF no ha cumplido su parte del convenio.
Pasos de recuperación
Luego de la pésima racha para su gobierno, justo a mitad de su sexenio, Miguel Ángel Mancera comenzó a tener aciertos en su administración, aunque no precisamente por sus propios méritos, sino apoyado en distintos actores políticos del país.
El “logro” más reciente en beneficio de los habitantes de la Ciudad fue la aprobación –a mediados de diciembre– de la Reforma Política del DF en las cámaras de Diputados y Senadores. Se trata de un paso que ni Marcelo Ebrard, López Obrador o Cuauhtémoc Cárdenas pudieron concretar.
Según el procedimiento legislativo, el siguiente paso es que dicha reforma sea aprobada por los congresos estatales y que ello dé paso a la conformación del Constituyente, mismo que deberá redactar la Constitución Política de la Ciudad de México.
La iniciativa del gobierno mancerista de elevar el salario mínimo a nivel nacional iba por buen camino, aunque se quedó estancada luego de que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) la ignoró y decretó un aumento de 4.2%, menos de tres pesos.
Respaldado por el exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, el 16 de diciembre Mancera Espinosa entregó a diputados federales del PRD una iniciativa para reformar la Ley General de Salud para permitir el uso medicinal de la mariguana en el país.
Dentro de la misma línea de salud, la ALDF aprobó que el programa Médico en tu Casa se convirtiera en ley y que para el 2016 ya recibiera un presupuesto. Dicho programa fue adoptado por los gobiernos de Chihuahua y Sinaloa, además de que se analiza en Kuwait y Dubai, hasta donde viajó el mandatario capitalino para promocionarlo.
Por último, y aunque un año y ocho meses después, Miguel Ángel Mancera encabezó la apertura total del tramo de la Línea 12 del Metro el 30 de noviembre, al filo del límite que él mismo puso luego del escándalo y, sobre todo la afectación a más de 500 mil pasajeros que tuvo el cierre de la obra por irregularidades en su construcción y mantenimiento.
No obstante, aún quedan pendientes aprehensiones de los presuntos responsables y la recuperación de los más de mil millones de pesos que el GDF invirtió en su rehabilitación, con el recurso de sus propios gobernados.

Fuente: Proceso
Autora: Sara Pantoja
http://www.proceso.com.mx/?p=424963

El nombre del “Chapo”, arma para venganzas castrenses

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Viejas rencillas de la cúpula castrense parecen estar detrás del caso contra el general Juan Manuel Barragán Espinosa, acusado anónimamente de actuar como intermediario del narcotráfico para intentar sobornar a Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa en el sexenio calderonista, y detener la cacería contra El Chapo Guzmán. Pero en sucesivos careos e indagatorias, las acusaciones contra el militar se han ido desmoronando. Lo que queda a la vista es el rencor que se le tenía guardado desde hacía décadas al militar, sobrino y yerno de sendos extitulares de la Sedena.
Una de las últimas comparecencias de Joaquín El Chapo Guzmán, meses antes de su escape del penal del Altiplano, se efectuó ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Toluca, en el juicio contra un general brigadier acusado de ser intermediario del capo para intentar sobornar, a finales de 2011, a Guillermo Galván Galván, entonces secretario de la Defensa Nacional.
El pasado 31 de marzo el jefe del Cártel del Pacífico apareció en el monitor de videoconferencias del juzgado.
–¿Conoce al general Juan Manuel Barragán Espinosa? –le preguntó el abogado del militar.
–No. Hasta este momento estoy conociendo al señor en la rejilla de prácticas; nunca había escuchado su nombre ni nunca lo había visto personalmente –contestó El Chapo.
Enseguida le pregunta si había enviado emisarios para reunirse a “negociar” con Barragán Espinosa a finales de 2011, así como para buscar un acercamiento con Galván Galván y otros altos mandos del Ejército y funcionarios federales a fin de solicitar protección y colaboración con su organización en el noroeste del país.
De acuerdo con documentos judiciales –copias de los cuales tiene Proceso–, en ese momento el juez intervino para desechar la pregunta, pues Guzmán ya había dicho que no conocía al acusado y jamás había escuchado su nombre.
Esa respuesta del Chapo era lo que esperaban los abogados del general para probar que la acusación en su contra era un “montaje” de las procuradurías General de Justicia Militar (PGJM) y General de la República (PGR).
Los cargos contra Barragán eran por delincuencia organizada y delitos contra la salud y se fincaron con base en presuntas pruebas –presentadas por un “testigo colaborador”– de un par de reuniones en diciembre de 2011 del militar con representantes del Chapo Guzmán, a quienes supuestamente pidió 10 millones de dólares a fin de conseguirles reuniones con Galván Galván; la procuradora general de la República, Marisela Morales, y el general Genaro Robles Casillas, entonces subjefe operativo del Estado Mayor de la Defensa.
Las supuestas reuniones buscarían el cese de los operativos militares contra el Cártel de Sinaloa y de la cacería en la región noroeste del país contra El Chapo Guzmán.
Según las declaraciones de Humberto Guerrero Murguía, el “testigo colaborador”, Barragán les dijo días después que todavía no arreglaba nada pues le habían cancelado las citas, pero tenía pensado comprar un reloj Rolex para regalárselo al secretario de parte del capo “como muestra de agradecimiento”.
De acuerdo con las mismas declaraciones, el 24 de diciembre de 2011 las reuniones seguían sin concretarse, por lo que se pactó un nuevo encuentro entre Guerrero Murguía y el brigadier en su oficina. El testigo llegó acompañado de otra persona, supuesto enviado del Chapo, quien grabó subrepticiamente 28 minutos de esa conversación, lo cual serviría para probarle al capo sinaloense que las negociaciones seguían en curso.
En los primeros días de enero de 2012 Barragán pasó a retiro por haber cumplido la edad límite que marca el reglamento para su grado. Pero en los últimos días de ese mes fue detenido y quedó arraigado. En abril fue consignado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, y en septiembre la versión oficial de su caso se publicó en un periódico capitalino, donde lo llamaron “el yerno incómodo”, en alusión a su parentesco con el exsecretario de la Defensa Félix Galván López.
Privilegiado
Un correctivo disciplinario contra Juan Manuel Barragán Espinosa durante su etapa como cadete del Colegio Militar a finales de los sesenta –cuando su tío, Marcelino García Barragán, era titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)–, era algo que nadie se hubiera atrevido a hacer.
Pero lo hizo el capitán Jesús Gutiérrez Rebollo, y a los pocos días ya lo sabía García Barragán. Lo mandó llamar y lo felicitó por “apretarle las tuercas” a su sobrino; había que ser severo con el muchacho, pues tenía “aires de soberbio”.
En septiembre de 1970 Barragán Espinosa egresó del Colegio Militar con el grado de subteniente de infantería y se incorporó al Cuarto Batallón de Infantería, donde estuvo poco más de cinco años. En 1976 fue enviado al Cuerpo de Guardias Presidenciales, donde su carrera crecería al amparo de su pariente Javier García Paniagua, hijo de García Barragán, senador por Jalisco e incorporado al gabinete al comenzar el gobierno de José López Portillo.
General Manuel García Barragán
El lopezportillista fue el sexenio del grupo militar formado tiempo atrás en la ayudantía y la secretaría particular de García Barragán. Los llamaron los “barraganistas” y los encabezaba Galván López, exsecretario particular de García Barragán y nuevo titular de la Secretaría de la Defensa.
Como su secretario particular Galván López nombró al entonces coronel Enrique Cervantes Aguirre, quien también había estado en la ayudantía junto a su compadre Francisco Quirós Hermosillo, designado comandante de la Policía Militar. Cervantes sería titular de la Sedena en el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000).
En diciembre de 1976 Barragán Espinosa quedó comisionado en la ayudantía de Galván López. Y su estrella cambió. Se casó con la hija del secretario de la Defensa.
Ascendió a capitán en 1978 mientras estudiaba el primer año del Curso de Mando y Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra (ESG). Era parte de la generación 49 del plantel; tiempo después sus compañeros de aula ocuparían altos cargos en el Estado Mayor Presidencial, como Domiro García Reyes, Roberto Miranda Sánchez y Pedro Bautista Pérez.
Quienes coincidieron en el plantel con Barragán recuerdan que tenía “privilegios”. Le pusieron casa, traía escoltas, y de las cuatro a las cinco de la tarde “se lo llevaban” a comer. Una de las reglas de la ESG era que quien reprobara dos materias era dado de baja automáticamente, lo que no se cumplió en su caso. Se decía que el yerno del secretario tuvo problemas desde el primer mes: no estaba en la lista de los sobresalientes, pero tenía trato “privilegiado”.
El sexenio de Galván López es recordado porque los grados en el Ejército se otorgaron discrecionalmente, en beneficio de los miembros del grupo en el poder. En 1981, poco después de que Barragán se graduara de la ESG, el entonces jefe de Estado Mayor de la Defensa, el general Rodolfo Reta Trigos, recibió la orden de ascenderlo.A Barragán Espinosa la fortuna no lo abandonó. En agosto de 1981 su suegro lo nombró agregado militar adjunto a la embajada de México en Washington, donde también ocupó el cargo de asesor en la delegación mexicana ante la Junta Interamericana de Defensa.
Miguel de la Madrid, presidente de México
(1982-1988)
De su hoja de servicios –copia de la cual tiene Proceso– se desprende que volvió al país a mediados de 1984, segundo año del sexenio de Miguel de la Madrid, con el general Juan Arévalo Gardoqui al frente de la Sedena.
Quedó comisionado en la Escuela Militar de Aplicaciones, donde se desempeñó como profesor de las materias táctica general y grupos de comando. En 1989 tenía el grado de teniente coronel. Entonces fue enviado a Guerrero como subjefe de Estado Mayor de la 27 Zona Militar, en Acapulco. Tiempo después, cuando estaba comisionado en Guardias Presidenciales, ascendió a coronel.
En agosto de 1996 era jefe de Instrucción del Colegio de Defensa Nacional, cuando Enrique Cervantes Aguirre, entonces titular de la Sedena, ordenó investigarlo. El secretario quería cobrarle una “afrenta” y dio instrucciones al área de inteligencia militar para averiguar el origen de sus propiedades y finanzas personales. Querían corroborar su probable “relación con hechos de involucramiento directo en actividades sospechosas”. Documentos militares señalaban que lo investigaban por supuestos vínculos con el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes (Proceso 1082).
En marzo de 1998 se inició una averiguación previa en su contra por haber dado una tarjeta de presentación a un civil, a quien recomendaba con el general José Luis Chávez García, entonces delegado de la PGR en Baja California.
Barragán intercedió para que Chávez ayudara a esta persona a obtener permisos, acelerar trámites y establecer un negocio farmacéutico “lícito” en la frontera. La PGJM determinó que no había delito que perseguir y archivó la indagatoria, según documentos consultados por este semanario.
Por entregar esa tarjeta, el militar fue arrestado 15 días y quedó “segregado”. Era la ruptura con Cervantes Aguirre, con quien tenía diferencias desde hacía tiempo, pese a que ambos fueron muy cercanos a Galván López. En 1998 la muerte de García Paniagua, amigo del entonces titular de la Defensa, aceleraría el distanciamiento entre los antiguos “barraganistas”.
Montaje
Destituido del Colegio de Defensa, lo mandaron “castigado” a un Cuerpo de Defensas Rurales en Rincón de Romos, Aguascalientes, donde estuvo siete años. Volvió a la “circulación” al comenzar el gobierno de Felipe Calderón: jefe de Estado Mayor de la 12 Zona Militar, en San Luis Potosí. Comandante del Segundo Batallón de Policía Militar y después jefe de Estado Mayor de la Brigada de Infantería Ligera en Irapuato serían sus últimos cargos operativos. Del Bajío volvió a la Ciudad de México, a la Dirección de Personal de la Sedena, donde ascendió a general.
Ahí estaba a cargo de la Oficina de Reclutamiento cuando un texto anónimo llegó a la Sedena. Fechado el 3 de noviembre de 2011, el texto decía que el general se reunía con personas “que tenían la facha de gente del norte del país”, a quienes trataba con “mucha amabilidad, como si tuvieran toda la confianza”, pese a que mostraban “toda la pinta de narcotraficantes”.
General Guerrero Murguía con Felipe Calderón
Barragán declaró que con quien se reunió en su oficina fue con el abogado Jaime Lemus Barajas para consultas legales a fin de invertir en bonos de “deuda consolidada histórica”. Buscaba un tipo de bono llamado “águila negra”. Tiempo después unos conocidos le recomendaron para este fin a Humberto Guerrero Murguía, quien alguna vez lo visitó –acompañado por su hermano– para hablar del tema.
Al salir de esas visitas Guerrero Murguía empezó a ser vigilado por la Policía Judicial Militar.
Cierta ocasión, en avenida Legaria y Periférico, lo interceptaron, lo subieron a una camioneta y se lo llevaron. No supo a dónde. Sólo recordó tiempo después que lo tuvieron vendado en un cuarto, lo golpearon e interrogaron y le advirtieron que le harían daño a su familia si no colaboraba en las acusaciones contra Barragán. Con la presión cedió y lo llevaron a la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), donde aceptó ser “testigo colaborador” con el alias de Samuel.
Pero en julio y agosto de 2013, ante el juez militar y después en el Juzgado Decimoquinto de Distrito, Guerrero se retractó de sus dichos y renunció a seguir siendo “testigo colaborador”. Relató su secuestro por los policías militares, quienes lo mantuvieron privado de su libertad a fin de armar el tinglado de las reuniones con Barragán para orillarlo a “cometer una conducta delictiva” e iniciarle un proceso penal. Aseguró que quienes se hicieron pasar por “enviados” del Chapo eran en realidad agentes de la Policía Militar.
El 29 de septiembre de 2014, durante un careo con el teniente Aarón López Rubio, citado como testigo de los encuentros, Guerrero aseguró que este oficial de la Policía Militar actuaba “encubierto”. Trazó parte de la trama en la que un par de militares lo acompañaron en diferentes momentos y se hicieron pasar por “negociadores”.
“Se suponía que tu función era hacerte pasar como gente del Chapo, tú sabes que cuando yo tenía entrevista con el general Barragán siempre iba custodiado por policías militares”, le dijo a López Rubio.
En la acusación se mencionó que el general y el abogado Lemus presuntamente recibieron un par de bolsas con un costoso regalo y dinero en efectivo. Las bolsas las llevó uno de los policías militares “infiltrados”, dijo Guerrero.
En cuanto a la conversación grabada por uno de los policías militares, un peritaje determinó que se trata de un audio de 28 minutos donde se escucha que los participantes hablan de bonos de deuda exterior y sobre personas detenidas en Durango trasladadas a la SIEDO; en torno a éstas se nota el interés por que se atienda su situación jurídica, aunque no se escuchan propuestas de colaborar para algún grupo criminal. Según el análisis, nada de lo que se escucha es ilegal.
La retractación de Guerrero cerró la instrucción del caso. De abril de 2012 a la fecha, el juzgado militar le ha dictado siete veces formal prisión por delitos contra la salud; igual número de veces la resolución ha quedado sin efecto al ganar el mismo número de amparos. En diciembre de 2014 el juzgado militar volvió a dictarle prisión por el mismo cargo y quedó procesado. El rechazo del testigo para corroborar sus declaraciones dejó sin pruebas la acusación, pero el proceso sigue.
Barragán llegó a comentar entre sus allegados que a partir de febrero de 2012, cuando estuviera retirado del Ejército, pensaba incursionar en la política. Tal vez como candidato plurinominal al Senado con las siglas del PRI, en su natal Jalisco, durante las elecciones de aquel año.
En 2011 no ocultó su respaldo al general Salvador Cienfuegos Zepeda, viejo conocido y con quien tenía buena relación, para ocupar el cargo de secretario en la sucesión que se avecinaba en la Defensa. El detalle reavivó aquella vieja animadversión contra uno de los últimos “barraganistas”. Militares cercanos al brigadier señalaron que hubo generales que aspiraban al puesto, como Luis Arturo Oliver Cen, entonces jefe de Estado Mayor de la Defensa, y Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, subsecretario del ramo, quienes no lo toleraban.
En la sucesión en la Sedena los generales Gaytán y Oliver fueron señalados de estar confrontados con el grupo de Cervantes Aguirre, representado por su exsecretario particular Tomás Ángeles Dauahare –detenido por esos días, acusado de vínculos con el narco–, y por su excoordinador antinarcóticos, general Augusto Moisés García Ochoa, señalado de estar detrás de compras de equipo de espionaje a precio “inflado”. En esta coyuntura de escándalos y filtraciones, una antigua factura le fue cobrada a Barragán.

Fuente: Proceso
Autor: Juan Veledíaz
http://www.proceso.com.mx/?p=424936

Alistan zapatistas celebración por el 22 aniversario del alzamiento armado

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SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS., Chis. (apro).- A 22 años del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), insurgentes, milicianos, bases de apoyo y simpatizantes del grupo rebelde se preparan para conmemorar la declaratoria de guerra que lanzaron al gobierno mexicano en los cinco caracoles de su territorio de influencia.
Como cada año, esta noche los zapatistas recordarán con actividades culturales, eventos deportivos y discursos políticos aquella hazaña en la que decenas de camiones con cientos de indígenas salieron la madrugada del 1 de enero de 1994 desde los más recóndito de la Selva Lacandona para tomar cuatro de las principales ciudades de Chiapas y atacar el cuartel militar de Rancho Nuevo, a unos kilómetros de esta ciudad.
Los primeros 10 años del alzamiento armado zapatista fueron de gran proyección nacional e internacional, y la simpatía por el grupo armado tuvo eco en diferentes latitudes del planeta por su singular forma de darse a conocer a través de su carismático vocero, el subcomandante Marcos.
Luego de presentarse públicamente, los miles de indígenas encapuchados tuvieron 12 días de combate con el Ejército Mexicano. Entre los rebeldes hubo 46 bajas.
En febrero de 1995 sufrieron otra embestida por parte del gobierno federal y sus fuerzas armadas y un año después se firmaron los primeros Acuerdos de San Andrés, que el gobierno priista de Ernesto Zedillo no cumplió y mucho menos el gobierno panista de Vicente Fox, en 2001.
En marzo de ese año, más de mil indígenas encapuchados salieron de la Selva Lacandona para enfilarse en una marcha rumbo al centro del país. Se le denominó “Marcha del color de la tierra”, para reclamar el cumplimiento de los acuerdos firmados.
Por su cuenta, entre 2003 y 2004 los indígenas zapatistas empezaron a hacer efectivos los acuerdos no cumplidos y se reorganizaron para parir la autonomía reclamada. Crearon sus cinco caracoles zapatistas para reagrupar a sus más de 30 municipios autónomos, y en cada uno de ellos depositaron la sede de las Juntas de Buen Gobierno (JBG).
Su objetivo: organizar a las bases de apoyo y solucionar los conflictos. A la par, el EZLN se consolidó como vigía de la seguridad y estabilidad en esos territorios.
Desde 2004 los zapatistas han creado su propio sistema educativo ad hoc con el contexto geográfico, político y social de sus territorios y población. No tienen validez oficial ni reconocimiento del gobierno mexicano, pero es lo que menos les importa.
También crearon su propio sistema de salud con clínicas y hospitales en diversas regiones, donde han formado y preparado médicos y enfermeras zapatistas con el apoyo de fundaciones internacionales y brigadas médicas solidarias que llegan a la Selva para atender a los enfermos que requieren consulta y a quienes necesitan cirugías.
En el ámbito de la producción agrícola, la han desarrollado con pleno respeto a sus bosques y selvas. Los zapatistas han creado y rescatado formas milenarias para hacer producir la tierra y proveerse de alimentos, con el fin de que las comunidades cercanas no tengan que depender de los programas asistencialistas del gobierno federal.
El territorio zapatista no está exento de conflictos, uno de ellos y el más importante es la disputa por los territorios. Las tierras que se recuperaron tras el alzamiento armado de 1994 y que estaban en manos de ganaderos, finqueros o terratenientes, quedaron en poder de grupos que posteriormente se dividieron o bien desertaron de las filas del EZLN.
La indefinición por la propiedad y posesión de la tierra ha creado enfrentamientos que en muchas ocasiones han costado la vida de muchos.
Los grupos (zapatistas y no zapatistas) que conviven en una misma comunidad han participado en choques violentos, como el ocurrido en mayo de 2014 en  La Realidad, municipio autónomo rebelde de San Pedro Michoacán, Chiapas (Las Margaritas).
Ahí, miembros de la CIOAC-Histórica asesinaron al maestro zapatista José Luis Solís López. En su honor, el subcomandante Marcos enterró la identidad de ese personaje que durante 20 años militó en el EZLN y lo nombró subcomandante Galeano. Y aunque se ha pretendido relegarlo mediáticamente enviando al subcomandante Moisés para encabezar actos civiles y militares, en realidad ‘Galeano’ sigue siendo la figura principal del grupo armado para quienes llegan a los eventos zapatistas.
Esta noche, último día del año, miles de hombres, mujeres y niños encapuchados se darán cita en Oventic, La Garrucha, Francisco Gómez, Morelia y Roberto Barrios para recordar el alzamiento armado del EZLN y también a ‘Galeano’ y a todos los caídos en la cotidiana lucha.

Fuente: Proceso
Autor: Isaín Mandujano
http://www.proceso.com.mx/?p=424997

Empresa que aplica fotomultas se quedará con 46% de los pagos

By: Unknown on 10:48:00 / comment : 0 , , , , , , , , ,

De cada fotomulta que se aplica a los conductores en la ciudad de México, la empresa Autotraffic, concesionaria de realizar este servicio, obtendrá 46 por ciento del pago, reconoció el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), Hiram Almeida. Dijo que con este pago la empresa ganadora de la licitación recuperará su inversión en aproximadamente dos años, ya que las autoridades de la capital no invirtieron un peso en la compra del equipo ni en su operación.

Dicha empresa cuenta con 58 equipos en la ciudad de México para captar infracciones de tránsito, como la invasión del carril contrario o confinado, identificación del uso de distractores durante la conducción del vehículo, circular en sentido contrario, realizar vueltas prohibidas, no respetar las indicaciones de los semáforos y transportar a menores de 10 años de edad en cualquiera de los asientos delanteros del auto.


De acuerdo con el contrato con esa empresa, ésta aplicará un mínimo de 150 mil fotomultas mensuales, es decir, un promedio de 5 mil diarias. Sin embargo, el jefe de la policía capitalina dijo que se trata de estimados hechos por la empresa y que dependerá de los ciudadanos si infringen el nuevo Reglamento de Tránsito o no.

Una vez generada la multa, Autotraffic enviará la notificación vía correo postal al domicilio de los infractores.

Sin embargo, decenas de automovilistas consultados sobre el tema se han encontrado con la sorpresa de tener ya una o varias multas a su nombre.

Algunos conductores se han percatado de ello al tratar de verificar el auto o simplemente al escribir el número de placas en la página electrónica de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal.


Rocío encontró en el portal una multa por invadir un paso peatonal, pero ésta no especifica el lugar donde se cometió la infracción, la fecha y la hora.

Yo manejo como abuelita porque aún me causa mucho estrés conducir en el tráfico de la ciudad. Tengo mucha precaución, incluso antes de la entrada del Nuevo Reglamento de Tránsito, nunca he rebasado límites de velocidad de 50 o 60 kilómetros, por hora y respeto todas las señales. Así que me sorprendió mucho una multa de este tipo. Quiero verificar su validez pero no sé cómo, explicó.

Sobre cómo impugnar las multas, el titular de la SSPDF explicó, al término de la conferencia sobre el operativo navideño, que cualquiera tiene la opción legal de recurrir ante las instancias administrativas y jurídicas para hacerlo, aunque no especificó cuáles.

La tecnología es ahora un mecanismo muy importante en la determinación de estos actos infractores. Quien infringe el reglamento no es un delincuente, sólo alguien que infringe la norma y lo que se pretende es que se le notifique rápidamente la infracción para que la conozca y omita volver a realizar esta conducta, explicó

De acuerdo con el contrato firmado con la empresa Autotraffic, el sistema de fotomultas empezó a operar el primero de septiembre de este año y su aplicación, también por conducto de esta empresa, concluirá el 31 de diciembre de 2017.


Fuente: La Jornada

Autora: Mirna Servín

http://www.jornada.unam.mx/2015/12/31/capital/026n1cap

Reclaman aguinaldo trabajadores del ayuntamiento de Chiconcuac

By: Unknown on 8:45:00 / comment : 0 , , , , , , ,

CHICONCUAC, Edomex (apro).- En demanda del pago de sus aguinaldos, empleados del ayuntamiento de Chiconcuac bloquearon la carretera Texcoco-Lechería este medio día.
Los trabajadores se han manifestado diversas ocasiones en el último mes frente a Palacio Municipal en exigencia de la prestación.
La semana pasada, Fabián Olvera Chávez, secretario del ayuntamiento, se comprometió a concretar el pago a más tardar al inicio de la actual, sin que haya ocurrido.
La prestación debió ser cubierta el 20 de diciembre pasado, pero no la han recibido 130 policías municipales, personal de protección civil, bomberos y servicios públicos.
Los trabajadores temen que el pago se incumpla, pues el actual ayuntamiento concluye su gestión el día de mañana, y el primero de enero asume funciones la nueva administración.
Las irregularidades financieras del municipio de Chiconcuac se suman a las ocurridas en los últimos días en demarcaciones como Tlalnepantla y Atizapán de Zaragoza, aunque también se han presentado inconformidades en Ecatepec, Metepec, Valle de Chalco, Los Reyes La Paz, Coacalco, Almoloya de Juárez, Jaltenco, Ixtlahuaca y Ocoyoacac.
Además, demarcaciones como Tlalnepantla, Atizapán y Naucalpan dejaron de prestar el servicio de recolección de basura por falta de recursos para gasolina, diesel y/o servicio de relleno sanitario.

Fuente: Proceso
Autora: Veneranda Mendoza
http://www.proceso.com.mx/?p=424926

Municipio de Ecatepec da de baja más de 10 mil bienes por “obsoletos” o “ilocalizables”

By: Unknown on 8:41:00 / comment : 0 , , , , , , , ,

ECATEPEC, Edomex., (apro).- El ayuntamiento de Ecatepec aprobó la baja de 10 mil 426 bienes del municipio, entre ellos vehículos y hasta caballos, con el argumento de que son “obsoletos” o “ilocalizables”, a pesar de que muchos fueron adquiridos en julio de 2014.
El inventario fue dado de baja por mayoría de votos del cabildo en octubre pasado, a tan sólo dos meses y medio de concluir la actual administración.
La síndico Diana Méndez y la regidora Susana García, ambas del PRD, votaron en contra y solicitaron mayor información, pero el secretario del ayuntamiento Jorge Rodríguez Flores refirió que la baja tenía como propósito autorizar la “destrucción” de los bienes.
La lista incluye 35 vehículos cuyo costo, en la mayoría de los casos, no se encuentra reportado. Ninguno especifica el nombre o razón social del proveedor.
En el documento se reporta una camioneta tipo pick up modelo 1998 con un costo de 110 mil 995 pesos y un camión Ford 2008 de 268 mil 525 pesos.
También figuran autos Nissan, Chevrolet y Volkswagen; camionetas, camiones de volteo y pipas, cuyos modelos van desde el año 1976 hasta el 2007.
Entre las bajas por “obsoletas”, la lista incluye alrededor de 430 equipos de cómputo que van desde no breaks -con costo unitario de dos mil 380 pesos-, reguladores, monitores, reproductores de CD, CPU´s, fuentes de poder, computadoras completas, CD´s dobles, laptops, computadoras notebooks y equipos –valuados hasta en 59 mil 501 pesos-, e incluso un CPU de 149 mil 500.
El mobiliario de oficina dado de baja consiste en escritorios estimados en 2 mil 445 pesos, engargoladoras, máquinas de escribir mecánicas y eléctricas, faxes, archiveros, enfriadores y calentadores de agua, sillas, módulos para computadora, sillones de visitantes y ejecutivos, libreros, estantes, mesas, ecualizadores, impresoras, cajas registradoras, copiadoras, teléfonos y hasta aire acondicionado, para completar más de 800 bienes.
Según la lista, el costo unitario de una impresora Zebra fue establecido en 54 mil 344 pesos; el de una copiadora Xerox en 69 mil 999; de una “Silla Cenador” en 117 mil 369, y de una “Silla Fiesta” en 207 mil pesos.
En el inventario también hay podadoras, pulidores, gatos, esmeriladoras, motosierras, sierras, desbrozadoras, compresoras, pértigas, desmalezadoras, soldadoras, poda cetos, multímetros, tarrajas de piña, taladros, cortadoras, cegadoras, corta cetos, marcadores de llantas, desorilladoras y esmeriles, cuyos costos unitarios van de los dos mil 394 pesos a los 120 mil 720 en el caso de un minitractor podador.
A propósito de los artículos que ya no se encuentran en el inventario, hay un sistema de energía ininterrumpida valuado en 27 mil 448 pesos, un gato de patín en 57 mil 730, un plotter en 161 mil 805, una estación en 134 mil 400, un cargador frontal de 303 mil 945, un scanner de 400 mil, y un astillador de troncos de 456 mil 205 pesos.
Además, se declararon obsoletos contenedores estacionarios, equipos de radio comunicación, racks y amplificadores con costos por pieza de hasta 9 mil 421 pesos.
De igual manera, se dieron de baja espuelas, literas, relojes, micrófonos, cámaras fotográficas digitales, estufas, calentadores, switchs, trituradoras, escaleras, concentradores, destructoras de documentos, scanners, refrigeradores, tanques de oxígeno, mezcladoras, saxofones, conmutadores, planchas industriales, cargadores de batería, mesas de exploración, trampas eléctricas para moscas, televisores y frigobares.
En la lista existen también planeros, brújulas, caseteras, espejos, bafles, cafeteras, maletines médicos, palms, proyectores, motoguadañas, tripies, carpas, torretas, cámaras de video, multifuncionales, equipos de sonido, estetoscopios, estaciones metereológicas, camillas y grabadoras, entre otros.
En cuanto a los bienes no localizados se mencionan yeguas, caballos, pistolas, torretas, sirenas, escopetas, equipo de cómputo, muebles de oficina, maquinaria, cafeteras, cámaras, grabadoras, aparatos de gimnasio, carros de mano, pizarrones, gatos, casilleros, portafolios, hornos, juegos de llaves, bombas, banquetas de altura, mesas, sofás y hasta bicicletas de montaña, básculas y tablones.
Se trata de dos mil 792 artículos en total, cuyos costos y proveedores no se precisan, aunque todos tienen la misma fecha de alta: 23 de julio de 2014.

Fuente: Proceso
Autora: Veneranda Mendoza

Más asesinatos en Michoacán: hallan dos cadáveres en Uruapan

By: Unknown on 8:37:00 / comment : 0 , , , , ,

URUAPAN, Mich. (apro).- Los cadáveres de dos personas fueron localizados en la tarde del miércoles en el predio conocido como “Paso del Chivo”, en la colonia Arroyo colorado, perteneciente a este municipio.

 Alrededor de las 15:00 horas se recibió un reporte sobre el hallazgo de los dos cuerpos, por lo que de inmediato elementos de las policías Federal, Estatal y Fuerza Ciudadana se desplazaron al lugar señalado para corroborar la información.

 Posteriormente, la Procuraduría General de Justicia del estado precisó que las víctimas estaban amarradas y con varios disparos en el cuerpo.

 Personal de la dependencia se dirigió al sitio donde fueron hallados los cadáveres para realizar las actuaciones correspondientes y trasladar los restos al Servicio Médico Forense.

 Hasta el momento las víctimas no han sido identificadas.

 El pasado domingo se reportó el hallazgo de cuatro cuerpos en distintos municipios del estado: Arteaga, Apatzingán y Ecuandureo.

 Según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 11 meses del 2015 se registraron en Michoacán un total de 693 homicidios dolosos.

 En promedio, según los datos de la dependencia federal, hay dos crímenes al día en la entidad, y aunque aún no se ha contabilizado el mes de diciembre.

Fuente: Proceso
http://www.proceso.com.mx/?p=424933
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