Así lo advirtió en conferencia de prensa y en diferentes espacios radiofónicos el titular de la dependencia, Aurelio Nuño Mayer, y aseguró que se tienen plenamente identificados a los inconformes, a quienes amenazó con retirar del servicio.
“A los que intentaron sabotear la evaluación, los tenemos identificados y vamos a proceder jurídicamente en contra de ellos, tanto administrativa como penalmente, por los temas de sabotaje”, dijo el funcionario en sus primeras declaraciones.
“Cuando me refiero a sanciones administrativas, de acuerdo al estado de derecho, la demanda que vamos a hacer es retirarlos del servicio, ya que incumplieron un conjunto de normas, que desde nuestro punto de vista lo ameritan que se les pueda separar del servicio. Y a quienes les podamos demostrar que participaron en el sabotaje, en la desconexión de computadoras, será penal y será por sabotaje”.
Ante los medios de comunicación, el funcionario hizo un recuento de lo sucedido en el Centro de Convenciones Forum Mundo Imperial, sede de la evaluación, a la que acudieron 2 mil 573 profesores, de 3 mil 14 convocados.
“Arrancó la evaluación a las ocho de la mañana (…) dentro de los maestros que se inscribieron a la evaluación tuvimos un número que tuvo, o tenía la intención de intentar sabotear la evaluación desde adentro. Estas personas llegaron a sabotear, a desconectar computadoras, a gritar que suspendieran la evaluación e intentaron generar una situación que desbordara la evaluación”, relató.
La situación provocó un receso y luego mil 960 docentes regresaron a concluir la prueba, mientras que el resto de los convocados serán reprogramados los viernes 4 y 11 de diciembre.
Ante los acontecimientos, el funcionario federal reconoció que las autoridades fueron sorprendidas por los inconformes, que se registraron con la finalidad de “reventar” la prueba desde adentro, burlando el operativo de seguridad.
“No había sucedido. En Michoacán y Oaxaca no tuvimos estos problemas. Fue una nueva forma de sabotear la evaluación”, dijo el ex jefe de la Oficina de la Presidencia.
Por su parte, Ramos Reyes Guerrero, líder de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), hermanada con la CNTE, deslindó a su organización del boicot a la evaluación docente.
“No son de la CETEG. Son compañeros institucionales”, declaró el sindicalista que sí ofreció públicamente apoyo legal a los maestros amenazados con ser cesados.
FUENTE: PROCESO.
FECHA: 3 DICIEMBRE 2015.
AUTOR: SANTIAGO IGARTÚA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422500
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