Sus familiares han tenido que recurrir hasta la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Suiza, para exigir que las autoridades mexicanas investiguen el caso.
Los tres choferes son originarios de San José de las Flores, municipio de Zapotlanejo, Jalisco.
Hasta ahora, las autoridades no se han esforzado en encontrarlos, afirma el señor Miguel Ángel Macías Moreno, hermano de una de las víctimas.
Miguel Ángel y familiares de los otros dos choferes -José Luis Servín, Juan Ignacio Camarena y Víctor Javier Contreras- explicaron a Aristegui Noticias cada esfuerzo que han hecho por presionar a las autoridades para que busquen a los desaparecidos.
Con documentos, las familias muestran cómo han tratado con representantes de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, las comisiones de Derechos Humanos estatal y nacional, Presidencia de la República, sacerdotes, obispos y organizaciones independientes de derechos humanos.
Durante los dos últimos años han tocado cada puerta que permite el sistema de justicia, en busca de personas que faciliten el contacto con las autoridades, pero en realidad hoy saben lo mismo que hace dos años: sus familiares desaparecieron en algún camino de Michoacán sin dejar rastro alguno.
El viaje a Michoacán
Lunes 2 de diciembre 2013:
Daniel Contreras Jauregui recibió en su almacén de materiales en Zapotlanejo, Jalisco, al empresario minero Miguel Ángel del Toro, originario de Tepalcatepec, Michoacán.
Del Toro dijo que en la ciudad de Aguililla, Michoacán, se requería el transporte de minerales rumbo al puerto de Lázaro Cárdenas. Y agregó que en esa zona había varias compañías mineras que requerían los mismos servicios, por lo que podrían hacer varios contactos.
De esa reunión concluyeron que irían al día siguiente a Aguililla para reconocer la zona.
Antes de despedirse, el minero Miguel Ángel del Toro les entregó una tarjeta de presentación con su nombre y les dijo que la presentaran si llegaban a ser detenidos en algún retén, pues su compañía tenía protección de las guardias comunitarias.
Al terminar la reunión, Daniel Contreras planteó el negocio a su primo Sergio Camarena Castellanos y al señor Alejandro López, quien ya tenía un camión trabajando en la zona, por lo que acordaron visitarla.
6:00 de la mañana. Martes 3 de diciembre 2013:
A bordo de una camioneta Chevrolet Tahoe, modelo 2002, salieron rumbo a Aguililla los cuatro transportistas: Salvador Macías Moreno, Daniel Contreras Jauregui, Sergio Camarena Castellanos y Alejandro López.
Durante el viaje se comunicaron varias veces con sus familiares y dijeron que todo iba bien, aunque fueron detenidos en algunos retenes de las policías comunitarias sin tener mayores problemas.
Llegaron a las minas alrededor de las 16:30 horas. En la zona se encontraron con Ignacio Camarena Castellanos, hermano de Sergio, quien tenía un mes trabajando en las minas.
Después de comer decidieron regresar a sus casas a las 17:30 horas, aunque el señor Alejandro López se quedó, por lo que sólo viajaron de vuelta tres personas: Salvador Macías, Daniel Contreras y Sergio Camarena.
Macías le marcó a su esposa y le dijo que llegaría a la medianoche.
Contreras habló con su esposa; le dijo que todo iba bien y que ya iban de regreso.
A las 18:30, Macías también le marcó a Ángel Ramírez, un empleado que tenía en Ensenada, Baja California, para comentarle que estaba en el Aguaje, Michoacán.
Miércoles 4 de diciembre 2013. Primeras horas:
El hijo de Salvador Macías recibió un mensaje de texto que decía “vamos en”. Hasta hoy se desconoce porqué el mensaje no llegó completo. Son los últimos indicios de los transportistas jaliscienses.
Durante las horas, los teléfonos celulares de las víctimas siguieron prendidos, pero al llamar se mantenía el tono de espera hasta mandar al buzón de voz.
Ignacio Camarena, el hermano de Sergio, quien tenía un mes trabajando en las minas, confirmó que nunca llegaron a Jalisco, por lo que empezó a preguntar a otros transportistas y empresarios de la zona.
Sólo encontró un poco de información con los policías comunitarios, que informaron que la camioneta pasó por el último retén antes de entrar a Apatzingán.
Durante las primeras horas a Ignacio Camarena le llegó un rumor: que la policía municipal de Apatzingán tenía a tres hombres detenidos en la presidencia municipal, pero no podía acercarse porque los uniformados trabajaban para Los Caballeros Templarios y también lo estaban buscando a él. Le recomendaron dejar la zona porque podrían secuestrarlo y así lo hizo.
Dos años después los familiares de los desaparecidos no saben nada de sus familiares, pero aventuran la razón de su detención: quizá, la tarjeta de presentación que les dio el empresario Miguel Ángel del Toro significó su perdición, pues tenía protección de las autodefensas pero no con los Caballeros Templarios. O peor aún, el empresario no pagó alguna extorsión y los choferes fueron secuestrados como castigo.
Hasta hoy, la Procuraduría no ha interrogado al minero Miguel Ángel Del Toro, quien invitó a los transportistas a las minas.
Zona de Templarios
A finales de 2013, Los Caballeros Templarios tenían el control de los municipios de Tierra Caliente y era muy complicado entrar a ellos sin su permiso, afirma el doctor Salvador Maldonado, académico de El Colegio de Michoacán y experto en temas de seguridad de la región.
La zona de Tierra Caliente fue el bastión de la organización criminal en materia económica y control territorial. “Lograron controlar las rutas y vías de comunicación, que aunque puede parecer muy sencillo es crucial por la geografía local”, dijo en entrevista para Aristegui Noticias.
El territorio michoacano prácticamente fue capturado por esta organización y gran parte de su éxito se explica por el control sobre las actividades económicas, sobre todo la minería, el negocio de la carne; el cultivo de limón, sandia, melón, papaya, aguacate, etc.
Salvador Maldonado dice que los narcotraficantes controlaban la economía regional, pues podían manipular precios, zonas de venta y producción.
Para el académico la crisis de seguridad inició formalmente en 2006, con el arranque de la Operación Conjunta Michoacán que lanzó el entonces presidente Felipe Calderón para enfrentar a los grupos criminales y que hasta 2011 siguió degradando la calidad de vida de los michoacanos.
Según la base de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el año 2013 tiene el récord histórico de denuncias por secuestro en Michoacán, con 194 y, precisamente, se aprecia un aumento vertiginoso desde 2006, cuando se presentaron 16 denuncias.
En este contexto, Los Caballeros Templarios tenían como objetivo uno de sus pilares “brindar seguridad a la población” al bloquear la entrada de otros cárteles de la droga: “hasta 2011 la organización ganó la batalla a otros cárteles y al gobierno”, afirma Salvador Maldonado.
Los criminales controlaron a la mayor parte de las policías municipales, ya sea mediante el soborno o las amenazas. Comúnmente utilizaban a los uniformados locales para vigilar o monitorear territorios, aunque también intervenían directamente a favor de los templarios.
A nivel estatal la Procuraduría tenía capacidades limitadas de investigación, sobre todo en regiones dominadas por el crimen, y la población confiaba poco en las autoridades para presentar denuncias.
En febrero de 2013 nacieron los grupos de autodefensa como una respuesta al dominio que mantenían los grupos criminales sobre todos los aspectos de la vida cotidiana.
“A nivel local la seguridad estaba suprimida, en su momento fueron las fuerzas federales las que brindaban seguridad, hacían recorridos locales”, dijo Maldonado.
Ese era el estado donde en 2013 desaparecieron los tres choferes jaliscienses.
Confiar en las autoridades
En diciembre 2013, los familiares de los choferes desaparecidos se trasladaron a Michoacán para iniciar la búsqueda.
Miguel Ángel Macías dice que escucharon advertencias: si las víctimas siguen vivas es mejor no denunciar y buscar a los delincuentes para alcanzar un acuerdo, porque cualquier indicio de persecución podría significar su muerte.
Los familiares buscaron en hospitales y cárceles; siguieron atentamente las noticias de violencia en el estado de Michoacán y preguntaron a los contactos que han hecho en el negocio del transporte de carga.
Durante los primeros días no recibieron información de calidad, a pesar de los rumores de un posible secuestro o intento de extorsión, por lo que finalmente acudieron ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán el 19 de febrero de 2014.
Aristegui Noticias tuvo acceso a una copia de la averiguación previa 41/2014/III-DAE, donde consta que la Procuraduría ordenó mediante oficios el inicio de la investigación, estudios psicológicos de los familiares denunciantes, colaboración de procuradurías estatales y otras actuaciones ministeriales.
expediente.pdf by Aristegui Noticias:
Miguel Ángel Macías dice que las actividades de investigación sólo existen en los oficios pero no se han ordenado detenciones ni interrogatorios a personas que podrían saber el paradero de sus familiares, como por ejemplo, los policías de Apatzingán.
En el expediente consta que, el 7 de marzo de 2014, los policías ministeriales Luis Fernando Gutiérrez y René Vincent Gallegos entrevistaron a familiares de las víctimas, quienes reiteraron el relato sobre la desaparición.
Al final del oficio 1101 los funcionarios apuntaron: “realizamos recorridos de vigilancia y rastreos en las poblaciones de Aguililla, Tepalcatepec, Apatzingán y El Aguaje, sin encontrar rastros o evidencias que permitan conocer el paradero de los hoy ofendidos desaparecidos”.
Ese es el único trabajo de investigación en campo que consta en el expediente, el cual pudo consultar Aristegui Noticias.
Miguel Ángel Macías afirma que hasta ahora “sólo se envían oficios, no hay una línea precisa de investigación y la policía sólo se ha paseado por los lugares, pero no informa qué ha investigado”.
En el expediente consta que se solicitó el seguimiento a las líneas telefónicas, pero no vienen los resultados de estas tareas.
El contacto con la ONU
La familia Macías Moreno logró comunicarse con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mediante correo electrónico.
“Es la mejor atención que hemos recibido hasta ahora”, dice Miguel Ángel Macías, porque un funcionario les marcó por teléfono y les explicó en perfecto español los detalles de la cita.
El 13 de mayo de 2015 los familiares visitaron el Palacio de las Naciones en Ginebra, Suiza, para encontrarse con un grupo de trabajo especializado en desapariciones forzadas o involuntarias.
Los funcionarios del sistema de Naciones Unidas se comprometieron a dar seguimiento al caso y presionar a las autoridades mexicanas.
Los hermanos José Vicente y Juan Pablo Macías Moreno aprovecharon el viaje para visitar Roma y buscar una audiencia con el Papa. No pudieron reunirse con Francisco, pero el viaje les hizo recobrar la fe en encontrar a su hermano.
Los familiares de los choferes desaparecidos se reunieron con personal de Presidencia de la República, buscando ayuda para agilizar el proceso o contactos que pudieron darles ayuda en los procesos legales.
Miguel Ángel Macías afirmó que los atendieron muy bien, pero los licenciados Rafael Pérez, Roberto Herrera y Mario Valdez no dieron seguimiento al caso. En correo electrónico, Rafael Pérez envió a Miguel Ángel Macías una lista con los contactos de las comisiones de derechos humanos que podrían ayudarle en el caso.
El 13 de julio de 2014, Miguel Ángel Macías presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero el 30 de septiembre de 2015 el primer visitador, Ismael Eslava Pérez, le comunicó mediante oficio que no había competencia federal, por lo que el asunto debía llevarse ante la comisión estatal.
El 31 de agosto, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Michoacán (CEDH) informó que admitió la queja en contra de personal de la Procuraduría de Justicia por hecho violatorios de derechos humanos, presuntamente cometidos en contra de los desaparecidos relacionados con “derecho a la legalidad y seguridad jurídica consistente en la dilación en la averiguación previa penal”.
Derivado de esta queja la Procuraduría de Justicia está obligada a presentar avances, respondiendo las inquietudes de los familiares que no aprecian un trabajo de investigación.
Pista no explorada: una esperanza
La desaparición de los choferes de Jalisco coincide con dos secuestros ocurridos en Apatzingán en las mismas fechas.
Aristegui Noticias tuvo acceso a la denuncia que presentó un electricista de 28 años que fue secuestrado por policías municipales de Apatzingán y entregado a miembros de Los Caballeros Templarios el domingo 1 de diciembre de 2013.
El denunciante, cuya identidad se reserva por cuestiones de seguridad, narró que después de varias golpizas y amenazas de muerte fue llevado a una finca. Ahí escuchó que policías municipales de Apatzingán detuvieron a una “regidora” y no sabían qué hacer con ella.
“Les hablaron por el radio y les dijeron que había una regidora de Buenavista por donde estaba la Pepsi o el Telcel y que la tenía agarrada una patrulla de la policía municipal de Apatzingán, pero que supuestamente no tenían una razón para detenerla más tiempo (los templarios) comenzaron a mandar gente (…) y la patrulla les iba dando señales del carro que llevaba y se escuchaba que les decía que era un Honda Acor de color azul y que ella vestía una playera con rayas azules”.
La regidora de Buenavista Tomatlán, María Mariscal Magaña, desapareció en Apatzingán el martes 3 de diciembre de 2013. El mismo día que los choferes de Jalisco.
El denunciante de 28 años declaró que los templarios tenían detenidas a varias personas en la finca, que estaban separadas en grupos de hombres y mujeres.
Por la noche del 3 de diciembre los delincuentes juntaron a los secuestrados para llevarlos a su jefe y decidir “quién se iba y quién se quedaba”.
Luego de un viaje de dos horas, los secuestrados fueron interrogados por un hombre, quien aparentemente estaba al mando de Los Caballeros Templarios en esa región.
Durante los interrogatorios el denunciante escuchó que “unos de los secuestrados decían que eran de Jalisco, choferes de unas minas”.
La declaración dice: “se quedaron los de Jalisco”. En el documento no queda claro el destino de la regidora.
La Procuraduría de Justicia de Michoacán no ha informado ningún avance sobre el secuestro de la regidora Mariscal Magaña y a los familiares de los choferes desaparecidos no les consta que se esté explorando esa línea de investigación.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: SEBASTIÁN BARRAGÁN (REPORTAJE ESPECIAL).
LINK: http://aristeguinoticias.com/0212/mexico/desaparecidos-en-michoacan-dos-anos-de-impunidad-reportaje-especial/
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