En rueda de prensa, el dirigente de la organización Francisco Jiménez Pablo y el abogado Leonel Rivero destacaron que por primera vez el Poder Judicial de la Federación intervino para corregir un procedimiento de acceso al mecanismo de protección, toda vez que su junta de gobierno desconoció a Romeo Montejo Díaz, integrante de la CNPA-MN, su condición de indígena y de defensor, dejándolo en el desamparo a él y su familia.
Tras el resolutivo, Jiménez Pablo hizo un llamado a Roberto Campa Cifrián, presidente de la junta de gobierno del Mecanismo y subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, a acatar la resolución judicial y brindar protección a Romeo Montejo y su familia.
Montejo Díaz, indígena tzotzil presente en la conferencia, es familiar de Armando Montejo López y Celestino Montejo Díaz, líderes indígenas asesinados en diciembre del año pasado en Aurora Ermita, municipio chiapaneco de Solistahuacán por miembros de un grupo delincuencial conocido como “Los Diablos”.
Los Montejo eran reconocidos como defensores de los derechos a la vivienda, al medio ambiente y los recursos naturales, sobre todo en la reforestación, rehabilitación de cafetales y de afluentes naturales de agua, recordaron los denunciantes.
Tras el crimen, el expresidente municipal Enoc Díaz Pérez acudió al domicilio de Armando y Celestino, el 25 de diciembre pasado, “amenazando de muerte a los familiares de éstos diciéndoles que les daba una hora para que le entregaran todas sus propiedades (casa, cafetales y vehículos), y que en caso de negarse los matarían a todos”, razón por la que los deudos huyeron de sus tierras.
Expulsados, al igual que otras 150 familias de esa región, el 22 de enero pasado Romeo Montejo Díaz solicitó a Segob protección para él y al menos cinco de sus familiares, y pese a que se presentó como indígena no se le proporcionó intérprete, y una semana después se le anunció la negativa de integrarlo al mecanismo de protección.
De acuerdo con la organización, “el argumento esgrimido por los funcionarios del mecanismo” es que el solicitante “no había acreditado su condición de indígena y de defensor de derechos humanos, pasando por alto que en su solicitud de ingreso éste había establecido no sólo su condición de indígena, sino también había descrito de manera clara y precisa cuáles eran las labores de defensa de los derechos humanos que realizaban tanto él como sus familiares asesinados”.
La decisión de la junta de gobierno del mecanismo de no tramitar la solicitud fue ratificada el 26 de febrero anterior.
Ante ello, la familia Montejo y la CNPA-MN promovieron un juicio de amparo, en cuya sentencia el juez Martín Adolfo Santos Pérez resolvió que a Montejo Díaz se le violó “el derecho de acceso a la justica, al no proporcionarle al momento de la entrevista un traductor que conociera su lengua y su cosmovisión”, lo que impidió al solicitante “expresarse claramente y dar respuesta a las preguntas que le fueron efectuadas al momento de la entrevista de la evaluación de riesgo, lo cual impidió que el Mecanismo tuviera un conocimiento exacto de la situación de peligro que enfrentaba” la familia Montejo.
Por ello, el juez ordenó a la junta de gobierno “reponer el procedimiento “y proporcionar un traductor “que conozca su lengua y su cosmovisión, además del derecho a que en la entrevista también sea asistido por un representante legal”.
Francisco Jiménez exigió al subsecretario Roberto Campa que en la nueva valoración “se tomen en cuenta los elementos de riesgo inminente por las amenazas de muerte y desplazamiento forzado a que se vio orillado Romeo Montejo y su familia”.
Además, “que se le ofrezcan garantías no sólo para recuperar sus propiedades y regresar a su comunidad, sino para que continúe realizando su trabajo como defensor”.
Jiménez Pablo reconoció que los funcionarios que en su momento negaron la incorporación de Romeo al mecanismo no son los mismos que ahora están en el órgano, por lo que insistió en que Campa Cifrián debe acatar el amparo para corregir los errores de sus antecesores.
Leonel Rivero, quien encabeza la organización Litigio Estratégico en Derechos Humanos, lamentó que activistas “en situaciones tan claras de vulnerabilidad y situaciones de riesgo sean atendidos por burócratas que no tienen sensibilidad” y aplican cuestionarios que contienen “preguntas capciosas” que no son comprensibles ni para quienes hablan español.
Rivero, reconocido litigante que defendió al maestro Alberto Patishtán, consideró que el Mecanismo de Protección “no se fortalece si se tiene que recurrir a la judicialización de una petición de protección, y que tenga que ser un órgano del Poder Judicial el que determine que se han violado derechos humanos y que se ha puesto en situación de riesgo a defensores”.
También explicó que después de la resolución del juez tercero, el mecanismo puede interponer un recurso de revisión en un plazo máximo de diez días, o bien, “de manera sensata, el presidente de la junta, en este caso el subsecretario Campa, podría implementar de manera inmediata el amparo y tomar las medidas necesarias para que no vuelvan a ocurrir las violaciones”.
Traducido por un intérprete, Romeo Montejo explicó que desde que salieron de su comunidad la situación de violencia continúa, pese a que en enero de este año fue detenido el exedil Enoc Díaz Pérez, a quien responsabilizan de las muertes de los indígenas tzotziles.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422139
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