En un comunicado, el organismo precisó que radicó el expediente CNDH/4/2014/6148/Q, por tratarse de un asunto que trascendió el interés del Estado e incidió en la opinión pública nacional, al ser difundido por diversos medios de comunicación.
Destacó que después de examinar las evidencias se encontraron elementos suficientes para acreditar que servidores públicos de Sonora vulneraron el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas y al debido proceso de “V1” y “V2”.
Por ello, recomendó a Pavlovich que se otorgue una indemnización a los agraviados –acusados de robo de vehículo–, cuyo monto se establecerá en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como su inscripción en el Registro Nacional de Víctimas para que en lo conducente accedan al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la Ley General de Víctimas.
La CNDH también solicitó girar instrucciones al procurador general de Justicia de la entidad, a fin de impartir cursos a los servidores públicos de la dependencia, sobre usos y costumbres de las comunidades indígenas en general, precisando la relevancia del derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas y el derecho para aplicar sus propios sistemas normativos en la solución de sus conflictos internos.
Recordó que el 11 de septiembre de 2014, elementos de la Policía Federal Ministerial, quienes se presentaron vestidos de civil en vehículos no oficiales y sin mostrar orden de aprehensión, detuvieron a “V1”, dirigente y vocero de la Tribu Yaqui, cuando circulaba por calles de Ciudad Obregón, Sonora.
En su denuncia, “Q1” refiere que desde el momento de la detención acudió a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la entidad y a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Sonora para solicitar información sobre su compañero aprehendido, pero le indicaron que ahí no se encontraba.
Ocho días después, “Q2” presentó por escrito la queja donde señalaba que el procurador general de Justicia de la entidad, Rodolfo Montes de Oca, declaró a los medios de comunicación que “V1” se encontraba detenido, acusado de robo de vehículo y privación ilegal de la libertad en agravio de “OAP1”, indígena Yaqui quien presentó la denuncia el 8 de junio de 2013.
Dicha denuncia fue presentada por la esposa de “OAP1” y se originó luego de que este último fuera detenido por integrantes de la Tribu Yaqui, quienes lo llevaron a su Guardia Tradicional, conforme a sus usos y costumbres. “AR1” ejerció acción penal y solicitó al Juzgado en turno se liberara una orden de aprehensión contra “V1” y “V2”.
El quejoso asentó que meses atrás diversas organizaciones de la sociedad civil denunciaron que las acusaciones contra “V1” eran parte de una estrategia de criminalización del entonces gobernador, Guillermo Padrés, contra la lucha de la Tribu Yaqui por la defensa del agua, ante la construcción del Acueducto Independencia que pretendía implementar.
El 23 de septiembre de 2015, “V1” abandonó el Centro de Readaptación Social 2 de Hermosillo por desvanecimiento de datos.
El 26 de septiembre de 2014, “Q2” envió otro escrito de queja donde refiere que tres días antes, a las 6:50, elementos de la Policía Estatal Investigadora detuvieron a “V2”, integrante de la Tribu Yaqui en Vícam, Guaymas, Sonora, utilizando el mismo modus operandi que en la detención de “V1” y acusado por los mismos cargos. Éste obtuvo su libertad el 27 de agosto de 2015.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423690
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