Registros judiciales indican que la inmovilización fue solicitada por la Administración Local de la Auditoría Fiscal del Centro del DF, en el oficio F5426.SAT.1200014.1B, publica hoy el diario Reforma.
Sin embargo, Romo promovió el 26 de noviembre pasado una demanda de amparo contra el aseguramiento, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores rindió un informe a la jueza federal Paula García Villegas, en el que detalla que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) solicitó el embargo para garantizar una deuda de 468 mil 850 pesos por concepto de Impuesto sobre la Renta no pagado.
El martes, la jueza concedió a Romo una suspensión provisional para que el SAT no extraiga los fondos de sus cuentas y para que él pueda disponer del dinero, pero quedó sujeto a una condición: “La medida cautelar que se concede surtirá sus efectos desde luego, pero su eficacia queda condicionada a que la parte quejosa garantice el interés fiscal mediante depósito en efectivo ante la Tesorería de la Federación por la cantidad que constituye el monto total de los adeudos fiscales, esto es, por 468 mil 850 pesos, tal y como lo informó la autoridad responsable”.
Romo fue Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo de octubre de 2012 a enero de 2015, cuando pidió licencia para contender por la diputación local.
Anteriormente, la Función Pública detectó anomalías por 46.2 millones de pesos en obras ejecutadas en la Miguel Hidalgo durante la gestión de Romo, financiadas con recursos federales, pero él las negó.
Una de las principales irregularidades detectadas es la construcción del nuevo edificio delegacional, cuyo costo fue registrado en 24.3 millones de pesos, inflado en más del mil por ciento en el concepto de superficie de excavación.
La obra, financiada con recursos del Ramo 23 Programas Regionales, fue adjudicada a la empresa Phomsa Construcciones, perteneciente al perredista Carlos Herrera Tello, quien apoyó la campaña de Romo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423382
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