Por su lado, la presidenta del Movimiento Migrante Mesoamericano, Martha Sánchez Soler, denunció que volvieron los secuestros masivos en la entidad.
En un comunicado, el Codehutab dijo observar con gran preocupación lo dicho por la legisladora Aracely Quevedo durante la comparecencia del secretario de Gobierno en la Cámara de Diputados, César Raúl Ojeda Zubieta, el martes anterior, durante la glosa del tercer informe de gobierno.
El organismo civil deploró que la diputada se haya referido a los migrantes centroamericanos como un riesgo para los tabasqueños durante su tránsito por el estado, y por cometer “el grave delito de pedir un peso” a los ciudadanos en calles de Villahermosa y otros municipios.
“Haciendo referencia a lo establecido en el artículo primero de nuestra Constitución, el cual señala la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional (…) que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, podemos comprobar que estas declaraciones constituyen un claro acto de discriminación ante un sector tan vulnerable como lo son las y los migrantes”, expresa el Codehutab en su protesta.
Añade que, según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CNPD), esta práctica consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo.
Por lo tanto, hace un llamado al gobernador Arturo Núñez Jiménez, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y al presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CNPD), Alexandra Haas Paciuc, para que tomen cartas en el asunto y apliquen a la legisladora del Panal lo establecido en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, “con la finalidad de evitar que se generalicen estos actos de discriminación tan lamentables para la sociedad tabasqueña”.
Luego refiere que esos comentarios recuerdan “con gran indignación” la campaña xenofóbica contra los migrantes que encabeza en Estados Unidos el magnate Donald Trump, aspirante republicano a la presidencia de ese país.
La diputada Quevedo Custodio es esposa de Arquímedes Oramas Vargas, senador suplente del priista Humberto Mayans Canabal, quien durante un año fungió como coordinador del Programa Frontera Sur y durante cuatro años y medio fue secretario de Gobierno del exgobernador Andrés Granier Melo, preso por el megasaqueo a Tabasco.
Organizaciones de migrantes han denunciado que el Programa Frontera Sur sólo sirvió para aumentar la represión contra los centroamericanos indocumentados, a quienes se les prohibió subirse al tren denominado “La Bestia” en su ruta hacia Estados Unidos.
En tanto, Martha Sánchez Soler dijo que en su paso por Tabasco hicieron reclamo al gobierno de hayan regresado los secuestros masivos en la entidad.
La presidenta de Movimiento Migrante Mesoamericano e integrante de la Caravana de Madres de Centroamericanos Desaparecidos deploró que se esté incrementando la violencia en Tabasco y rechazó los anuncios del gobierno federal de que ésta está disminuyendo en el país, principalmente contra migrantes.
También dijo que se entregó al secretario de Gobierno, Raúl Ojeda, una reseña de prensa sobre atracos, accidentes y violaciones de migrantes, así como un documento de fray Tomás González, en el que pide seguridad para la casa hogar “La 72” de Tenosique, en el que se relata el caso de 12 chicas violadas, no una sino varias veces en el tramo El Ceibo, Guatemala, a Tenosique, Tabasco.
Sánchez Soler reconoció que los secuestros masivos habían terminado en Tabasco, pero volvieron con 12 nuevos casos, sobre todo, denunció, desde que el gobierno federal puso en marcha el Plan Frontera Sur para impedir que los migrantes subieran a “La Bestia”.
“Ahora la gente se tiene que desparramar por el monte, la selva, se caen en ríos, los persiguen en operativos del Instituto Nacional de Migración y se mueren. El tránsito que presumen hicieron más seguro para los migrantes es una de las mil mentiras que nos están contando, porque el tránsito es bastante más peligroso”, lamentó.
“Todas las bandas que ya habían desaparecido de maleantes, incluso locales que los asaltaban, los extorsionaban, ahora ya han vuelto a surgir”, reprochó.
Además, apuntó que el panorama es triste porque ahora no hay forma de saber dónde están los migrantes, perdidos o asesinados, nadie sabe qué paso y todo esto no se puede dar sin la complicidad de la autoridad que está coludida.
A su vez, el coordinador sur-sureste del Movimiento Migrante Mesoamericano, Rubén Figueroa, reprobó que la Agencia Especializada de Atención al Migrante de la Fiscalía General del Estado (FGE) no haya dado resultados a casi un año de haberse creado.
Informó que “La 72”, hogar refugio de Tenosique para personas Migrantes, ha presentado varias denuncias por agresiones a los sin papeles, pero no hay reportes de detenciones de los presuntos delincuentes.
También dijo que en los últimos meses se ha incrementado la violencia contra los migrantes y pidió que esa agencia cuente con personal competente para implementar acciones, a fin de que los abusos no queden impunes.
La agencia fue inaugurada el 29 de diciembre del 2014 en Tenosique y, de acuerdo con el titular de la FGE, Fernando Valenzuela Pernas, el personal que atendería a los migrantes estaba certificado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y capacitado por la propia Secretaría de Gobernación (Segob).
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARMANDO GUZMÁN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422492
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