La noche del 6 de julio de 2012, mientras se encontraba en un autobús entre Monterrey y Reynosa, el hondureño Carlos Rafael Medina Martínez fue detenido por policías en un retén. “De ese momento hasta ahorita no tengo alguna información”, aseveró su madre, Iris Martínez, en entrevista con Apro.
“Me lo detuvieron ahí. Llamé a la policía de Reynosa, me contestaron que no tenían a ningún detenido con ese nombre. Hemos buscado a través de los consulados, igual no hacen nada. Nos dicen que no existe una base de datos actualizada”, explicó para enseguida insistir: “Fueron policías los que lo desaparecieron, entonces es directamente el gobierno el que debe organizarse mejor para buscarlo”.
En Honduras, narró la madre, los familiares de migrantes desaparecidos conforman comités, pues “el gobierno no hace nada a favor de ellos”.
El guatemalteco Manuel Mendoza Arroz, de 28 años, también fue visto por última vez en Reynosa, Tamaulipas la noche del pasado 7 de abril. Junto con otros siete migrantes y dos guías se encontraba en una balsa cruzando el río Bravo cuando una lancha de la Patrulla Fronteriza estadunidense alcanzó a la pequeña embarcación y la volcó.
Los ocupantes de la balsa salieron nadando del afluente. Los uniformados detuvieron a cinco, pero Mendoza no estaba entre ellos.
La hermana de Manuel, de apenas 21 años, decidió unirse a la caravana para buscarlo por su cuenta ante la ineficiencia de las autoridades.
Dijo a Apro: “Nuestro gobierno de Guatemala no hace nada. Igual México no hace nada. Hablemos con los consulados y nos dicen que están haciendo su trabajo, pero en realidad no se preocupan de sus migrantes. Nos vamos a unir, yo sé que las autoridades no pueden hacer nada porque no quieren hacer nada, pero lo vamos a encontrar con la ayuda de Dios”.
Con lágrimas sostuvo que “hay personas buenas en México y otras realmente malas. No desearía vivir aquí, porque aquí es donde desaparecieron a mi hermano. No puedo decir que se perdió, porque no es cierto. No estoy contenta de estar aquí, de andar en las calles porque sé que por aquí pasó mi hermano y aquí lo desaparecieron. Espero que sea la última vez que venga y que lo vayamos a encontrar”.
José Jacques, integrante del Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM), lamentó que, a 13 años de haber firmado la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada, “México todavía no lo ha tipificado como delito penal”.
Luego recordó que la reforma constitucional del 10 de julio anterior obliga al Congreso a promulgar una ley general en materia de desaparición forzada antes del 17 de diciembre, y precisó que en el Senado circulan cinco iniciativas de ley, una de ellas elaborada por organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, resaltó que el proceso se encuentra detenido en espera que el Ejecutivo federal entregue su propio proyecto.
Jacques exhortó a los legisladores a incluir en esa ley en su plena dimensión la problemática del migrante indocumentado para detener el “delito perfecto”, pues “no hay cuerpo del delito” –el propio migrante– por su condición de indocumentado, estimó.
Hasta la fecha, abundó, no existe un dato confiable sobre el número de migrantes desaparecidos en el país, el cual se elevaría a “entre 70 mil y 120 mil no localizados en tránsito por México a partir del 2006”, según la organización.
Entre los reclamos de la caravana destaca la obligación que tienen las autoridades mexicanas a alimentar una base de datos completa –y con fotografías– de las personas detenidas, pues los migrantes suelen dar un nombre falso en el momento de su detención, pero también de registrar los datos genéticos de los cuerpos en los Semefos y de no cremar los restos humanos.
Acompañadas por integrantes del pequeño, pero activo MMM, las madres acudieron al Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) con gorras blancas en la cabeza y la fotografía de sus seres queridos como gafetes. En el pasto frente a ellas instalaron una “alfombra” de fotografías de desaparecidos.
Desde el inicio de la caravana, cuatro madres se han encontrado con sus hijos gracias al trabajo previo de búsqueda del MMM, y Marta Sánchez, fundadora de la organización, informó a Apro que una migrante se comunicó con la caravana tras reconocer a su madre en el periódico local. Sin dar más detalles sobre la identidad de la indocumentada –pues quería informar primero a su madre–, aseveró que la llamada fue un “momento precioso”.
El MMM no tiene más de cinco integrantes, y desde 2006 localizó a cerca de 250 migrantes desaparecidos. Organizaciones centroamericanas envían al MMM perfiles y datos de indocumentados de los que sus familiares no tienen noticia desde su tránsito por México, y los activistas inician las investigaciones.
“Hacemos mucho trabajo de campo, de búsqueda, seguimos pistas. Entrevistamos a muchos migrantes en tránsito, Somos una organización que no quiere burocratizarse, ni tener oficinas ni secretarias porque todo el dinero que tenemos lo gastamos en el trabajo de campo”, explicó Sánchez.
La caravana reiteró la solicitud de implementar un mecanismo internacional para que los familiares de los migrantes en tránsito por México puedan denunciar la desaparición de sus cercanos desde su propio país.
Según el activista Rubén Figueroa, “un mecanismo internacional de denuncia permitiría dar con los paraderos de los desaparecidos, pero también identificar los puntos donde están desapareciendo”.
El 20 de marzo, durante el 154 periodo de audiencias que llevó a cabo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el museo de la Ciudad de México, el gobierno mexicano se comprometió –una vez más– a nombrar un representante de la PGR en cada oficina consular en Centroamérica para recoger denuncias de desaparición por parte de los familiares de migrantes en tránsito.
En esa ocasión, los familiares de migrantes desaparecidos tomaron a los integrantes de la CIDH como testigos, pues resaltaron que el exprocurador Jesús Murillo Karam ya les había hecho una promesa similar en octubre de 2014.
Durante la caravana, las madres visitaron cuatro cárceles y pudieron hablar con algunos de los migrantes detenidos.
“Visitar las cárceles les gusta mucho a las madres, primero porque hemos encontrado a varios desaparecidos. Pero también pueden entrevistar a muchachos y muchachas, y a veces encuentran a unos que si bien no son sus hijos, tienen conocidos en común. Lo que hacemos es que tomamos video y se les enseña a sus familiares en sus países”, relató Sánchez.
Blanca Gómez, originaria de El Salvador, lamentó que los migrantes detenidos “no digan nada porque tienen miedo, están los custodios atrás de ellos”, y añadió: “Los amenazan y los torturan hasta que firmen su declaración, hay abogados pero no los defienden, es una farsa”.
Las madres conocieron a una joven migrante que llevaba cinco años presa. Durante todo este lapso, les contó, sólo pudo hacer tres llamadas. Y como su madre perdió el celular, la hija creía que su familia se había olvidado de ella. “Pero nunca los olvidamos”, exclamó la salvadoreña Blanca Gómez.
Vilma Leticia Sales, originaria de Huehuetenango, en Guatemala, llegó a México en búsqueda de su tío. Se indignó ante el testimonio de un prisionero guatemalteco quien cumplía el 28 año de detención, de los 40 a los que fue condenado después de que los policías le obligaron a “echarse la culpa de un asesinato”.
“Es injusto lo que hace la autoridad mexicana con los migrantes. Son trabajadores, tenían el sueño de llegar al norte. El prisionero nos dijo que intentó suicidarse porque no quería estar en la cárcel. No sabe nada de sus gemelas, deben ser mujeres ahorita. Ningún abogado lo ha venido a ver”, deploró.
La guatemalteca también quedó impactada por el relato de una mujer migrante a la que policías estatales violaron en repetidas ocasiones. “Venimos aquí a exigir justicia, a que no nos traten como animales, como basura, sino como seres humanos”, exhortó. Y subrayó que sin el apoyo de las organizaciones, las autoridades mexicanas no dejarían a las madres ingresar a las cárceles.
“Una madre abre fronteras, hace coraje para buscar a su hijo”, planteó la hondureña Eva Ramírez. Y, al dirigirse a las autoridades mexicanas, añadió: “Ya no queremos pedazos de nuestros hijos”.
Con 78 años cumplidos, la salvadoreña Juliana Figueroa se incorporó una vez más a la caravana; ya que se unió a ella por primera vez en 2009. Lleva 15 años buscando a su hijo Orlando, quien desapareció en Zaragoza, Coahuila, el 7 de junio del 2000.
Se ha enfrentado al silencio de las autoridades, a los escasos esfuerzos en la búsqueda o a gente mal intencionada que le quería cobrar por información falsa sobre el paradero de su hijo.
“No se conforma uno, pero de todas maneras está perdido. Pero no me conformo del todo. Por eso venimos aquí. Con la esperanza de Dios que lo encuentre uno. La fe es lo último que se pierde. Lo último”, comentó la señora Figueroa.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE (REPORTAJE ESPECIAL)
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422854
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