El Consejo es la instancia superior del sistema estatal para definir “la planeación, supervisión y evaluación” de la estrategia que pretende revertir los efectos de la inseguridad y violencia que persiste en la entidad.
Los recursos públicos del Consejo son administrados por Daniel Pano Cruz, colaborador del senador priista René Juárez Cisneros quien gobernó la entidad de 1999 a 2005, periodo considerado como la “época de esplendor” del cartel de los Beltrán Leyva que se afincó en Acapulco.
Durante un acto público realizado en la residencia oficial Casa Guerrero, Astudillo tomó protesta a los integrantes del Consejo conformado por el gabinete de Seguridad en la entidad, representantes de la sociedad civil y una decena de acaldes de diferentes regiones, entre ellos Soberanis, quien ha sido acusado públicamente por mandos del Ejército como “lavador” de activos del grupo delictivo Los Granados.
Reportes federales refieren que esta banda delincuencial dirigida por los hermanos Rubén El Nene y Salvador Chava Granados, tiene su bastión en el legendario poblado de San Luis la Loma y fueron considerados como el brazo armado de los Beltrán Leyva en la región de la Costa Grande pero ahora se les liga con el Cartel Jalisco Nueva Generación.
En su mensaje, Astudillo hizo un llamado para cumplir con la obligación de profesionalizar las corporaciones policíacas y exhortó a la sociedad a cerrar filas y denunciar los delitos que se cometen en la entidad para que la situación que se vive en la entidad, “regrese a la normalidad”.
Al cumplirse 50 días de su gobierno, afirmó que las instituciones “trabajan con normalidad” y que bastó ese tiempo para que el gobierno volviera a existir. Luego dijo que en este periodo los 81 ayuntamientos funcionan y los alcaldes trabajan “en la normalidad”.
Ello a pesar de que varios alcaldes han denunciado públicamente que están acotados por el narco y la violencia en diferentes regiones de la entidad a pesar de los operativos de seguridad anunciados por el gobierno federal.
Estado en ruina
Previo a la instalación del Consejo, Astudillo informó que el déficit que heredó asciende a más de 18 mil 600 millones de pesos y no a cinco mil millones como reportó a finales de julio el exgobernador interino Rogelio Ortega Martínez.
El mandatario presentó un breve documento denominado “Conclusiones preliminares” que se desprende del proceso de entrega-recepción estatal donde advirtió que su administración se encuentra ante un margen de maniobra estrecho, financiero y administrativo.
Por ello, dijo que estos datos serán la base para conocer la realidad y de esta manera, “deslindar y exigir las responsabilidades que de ello deriven”.
En el desglose del informe destacan la grave situación financiera en el sector salud y educativo.
En la Secretaría de Salud, se detectó un déficit de cuatro mil 315 millones de pesos y afirmó que esta dependencia erogó un monto de más de dos mil millones de pesos para obras que fueron asignadas por “adjudicación directa”.
Mientras que en la Secretaría de Educación encontraron 19 mil plazas sin techo presupuestal que representa un déficit de dos mil 400 millones de pesos y el adeudo acumulado asciende a nueve mil 241 millones.
En el tema de Seguridad Pública, Astudillo señaló que la Policía estatal es insuficiente en más del 60% y solo la mitad de sus efectivos se encuentran asignados en áreas operativas, sin especificar las funciones del resto.
También, dijo que solo el 16% de la plantilla policial son aptos para desempeñar sus labores debido a que la mayoría de agentes no aprobaron el examen de control de confianza y consideró que la estrategia de Seguridad implementada por el gobierno federal ha sido “eminentemente de contención”.
Luego, señaló que estuvieron a punto de perder 207 millones de pesos del Programa de Prevención del Delito por falta de gestión pertinente y solo rescataron 144 millones, los 63 millones restantes los regresaron a la federación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423788
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