Por esa operación irregular el INE puede imponer multa de 88.5 millones al PVEM.
Adrián Escobar y Vega, hermano de Arturo Escobar, era accionista de Grupo Textil Joad, que vendió al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) camisetas que finalmente no fueron entregadas, operación ilegal por la que se pretende multar a dicha fuerza política con el pago de 88.5 millones de pesos.
Adrián Escobar fue accionista hasta el 29 de agosto de 2008, argumentó el PVEM para justificar que el familiar del ex vocero del Verde no participó en esa operación irregular, según el acuerdo que discutirá el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
Sin embargo, el mismo partido explicó que suscribió un contrato con Grupo Textil Joad SA de CV 15 días antes de que Adrián Escobar saliera de esa empresa.
Adrián Escobar era también socio de Rabokse, otra compañía que trianguló con el Verde la contratación de cineminutos.
La compleja historia sobre esta investigación se inició en 2010. Al entonces Instituto Federal Electoral (IFE) le despertaron dudas una serie de pagos que hizo el PVEM por unas escrituras de las que no había evidencia y halló que eran de un inmueble recibido a cambio de 763 mil 599 camisetas no entregadas, por las que se pagaron los 11.2 millones de pesos.
Como el PVEM fue emplazado en varias ocasiones a aclarar los 11.2 millones de pesos pagados por las camisetas, éste respondió: Efectivamente, participó como accionista desde la constitución del Grupo Textil Joad SA de CV el 6 de diciembre de 2005, hasta por lo menos el 29 de agosto de 2008, fecha en que se celebró la asamblea ordinaria y Adrián Escobar ya no figura como accionista. En virtud de ello no está relacionado ni es parte del asunto que se está investigando.
Para corroborar esa información citan dos instrumentos notariales: el número 18 mil 325, con fecha 16 de diciembre de 2005, que contiene la constitución de la sociedad denominada Grupo Textil Joad, Sociedad Anónima de Capital Variable, ante el licenciado Francisco l. Hugues Vélez, titular de la notaría número 212 del Distrito Federal (que ya obra en el expediente).
El segundo es el instrumento número 1551, con fecha 8 de septiembre de 2008, que contiene la protocolización del acta de la asamblea general ordinaria de accionistas de Grupo Textil Joad, Sociedad Anónima de Capital Variable, con fecha 29 de agosto de 2008, ante el licenciado Antonio López Aguirre, titular de la notaría número 250 del Distrito Federal.
El primer contrato que el PVEM firmó con la empresa cuestionada data del 15 de agosto de 2008 por la cantidad de 793 mil 600 playeras, por un monto de 13.4 millones de pesos, el cual fue reportado en el informe anual de ingresos y egresos de 2008.
El siguiente contrato, por el que el partido podría ser multado hoy, fue firmado el 10 de marzo de 2009 con la empresa mencionada.
En medio de esta historia se encuentra involucrado el ciudadano de origen chileno Jorge Alberto Peralta Casal, quien aparece como accionista mayoritario de Grupo Textil Joad, con un largo historial de detenciones por defraudación en contra de varias personas, entre ellas la cantante Sherlyn y dos personas a quienes les propuso vender playeras para partidos políticos que no fueron entregadas (según la causa penal 118/2009).
El PVEM añade que Marco Antonio de la Mora Torreblanca, ex dirigente del PVEM en Guerrero y suplente de Arturo Escobar en la pasada legislatura de la Cámara de Diputados, asumió la deuda y, por tanto, se quedó con un terreno en Iztapalapa, derivado del contrato del 15 de agosto de 2008, por el que aún se adeudaba la cantidad de 11.2 millones de pesos.
Respecto de la participación del hermano de Escobar, el representante de Morena, Horacio Duarte, pidió investigar a dicho partido por evasión fiscal, financiamiento ilícito, lavado de dinero y apropiación de recursos públicos por dirigentes y familiares.
El representante del PRD ante el INE, Pablo Gómez, dijo que en ese partido todo queda en familia y es parte del trinquete.
Puso en duda que dicha empresa textil haya entregado las camisetas del primero y del segundo contratos, y señaló que en todo caso tendría que investigarse en otro ámbito si hubo lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: CLAUDIA HERRERA BÉLTRAN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2015/12/16/politica/013n1pol
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