Destaco dos ejemplos recientes. Además del bochornoso espectáculo que vivimos en los últimos días sobre la necesidad de aplazar el apagón analógico de televisoras públicas por la negligencia de algunos gobiernos estatales que las operan al no destinar las inversiones necesarias para esta transición tecnológica, nos enteramos la semana pasada que el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (C7) dio cabida en sus frecuencias a varios noticiarios de Grupo Fórmula, propiedad del empresario Rogerio Azcárraga.
Con base en el convenio firmado entre el órgano del estado y la empresa radiofónica, tres estaciones de radio ubicadas en Guadalajara (96.3 MHz), en Ciudad Guzmán (107.1 MHz) y Puerto Vallarta (91.9 MHz) retransmiten desde el 7 de diciembre los noticiarios de Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola y José Cárdenas. Por si fuera poco, también le dan cabida al programa “Contraataque deportivo”, que conducen Antonio Rosique, Luis García, Christian Martinolli y Rodolfo Vargas. El acuerdo no incluye la retransmisión de la pauta comercial (¡sólo eso faltaba!).
No hay justificación alguna para que un sistema que opera con recursos públicos se convierta en una extensión gratuita de la radio comercial y menos aún de conductores que ya de por sí tienen una presencia nacional a través de la televisión, de la misma radio y medios digitales e impresos. Ni siquiera la falta de presupuesto para generar producción propia es razón de peso para que los medios públicos sean utilizados como simples bocinas de espacios informativos con líneas editoriales e intereses comerciales y empresariales, frecuentemente alejados del interés general.
En entrevista con López Dóriga, el director general del C7, Alberto Mora Martín del Campo, dijo que este convenio “abonará a la construcción de opinión pública en el ejercicio de las libertades de expresión en materias opinables”. No queda claro que quiso decir el funcionario con “materias opinables”, pero si lo que se busca es construir opinión pública con base en el periodismo y la agenda informativa de López Dóriga o de Loret de Mola y sus empleadores, no hay entonces ninguna necesidad que los jaliscienses mantengan estaciones de radio que no se diferencian de lo que ya es posible encontrar en muchos otros espacios mediáticos.
Los medios públicos, como bien se señala en el histórico documento de la UNESCO “La radio y la televisión pública ¿por qué? ¿cómo?”, elaborado en 2001, fomentan el acceso a la vida pública y la participación en ella, desarrolla los conocimientos, amplía los horizontes y permite que cada uno se comprenda mejor al comprender el mundo y a los demás”. También son “herramienta de información y educación”. ¿Todas estas características se cumplen con la retransmisión de dichos noticiarios? Evidentemente no.
Por eso, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), capítulo Jalisco, que preside el Dr. José Bernardo Masini Aguilera, emitió un pronunciamiento en el que afirma que los jaliscienses quieren encontrar en su medio público “contenidos plurales, regionales y críticos”. En ese sentido, agregó, “es lamentable que las autoridades estatales renuncien a resolver creativamente el reto de dotar de mejores contenidos a la sociedad jalisciense. El talento de los comunicadores jaliscienses, por no mencionar a quienes ya colaboran en el Sistema, fue ignorado a través una decisión apresurada y comunicada de manera tardía”.
El Defensor de la Audiencia del C7, Alberto Fernando Velasco Vera, emitió a su vez una recomendación en la afirma que el noticiario local quedó relegado a la frecuencia de AM (790 KHz) por privilegiar a los noticiarios de Grupo Fórmula. Con este cambio de programación se concreta un daño más a la audiencia jalisciense: el derecho a informarse de los asuntos locales o regionales, a través de sus propios medios. Vaya contradicción. El centralismo mediático e informativo es ahora fomentado por el propio sistema estatal de radio y televisión.
Zaira Yael Ramírez, articulista de El Diario NTR, de Jalisco, se pregunta: “¿Queremos que la televisora de Jalisco se convierta en una repetidora de contenidos de otras cadenas que se producen en el D.F.? Sin menospreciar en lo más mínimo los contenidos elaborados por los periodistas de la capital del país, sería más rico ofrecer a los jaliscienses productos hechos en Jalisco por personas capaces y profesionales que conozcan la situación de este estado, que además existen”.
El C7 está en crisis y ésta sólo será atribuible al gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, mientras el Sistema, como beneficiario de concesiones de uso público, siga sin operar, como lo establece la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con independencia editorial, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, entre otras obligaciones. El caso que nos ocupa se suma a otras polémicas decisiones en el C7 como el negarse a llevar a cabo una cobertura informativa durante el pasado proceso electoral, el cambio de directivos para favorecer las campañas políticas del PRI y la expulsión del anterior defensor de la audiencia, Gabriel Orozco, ante la cerrazón de la dirección general para atender recomendaciones y las ambigüedades en torno a la función de la defensoría.
La desatención al C7 contrasta con los cuantiosos recursos que el gobierno de Jalisco destina a la publicidad gubernamental en medios de comunicación comerciales. Tan sólo en el 2014 se gastaron más de 230 millones de pesos para fortalecer la imagen del gobernador y su gobierno en periódicos, grupos radiofónicos (como Fórmula) y televisoras. Este gasto, como documenta César Octavio Huerta, supera lo que se invirtió en muchos programas de salud, cultura o prevención. En siete años, según Artículo 19 y Fundar, el gobierno de Jalisco ha gastado más de mil 143 millones en publicidad oficial. Este gasto se ha incrementado un 158 por ciento desde 2007.
Con la retransmisión de los noticiarios de Grupo Fórmula, ahora se da cobertura gratuita a un medio comercial (una especie de subsidio indirecto). Esto suena más a una decisión política y de relaciones públicas del gobernador y sus funcionarios de primer nivel, y no a la falta de presupuesto, al fortalecimiento del derecho a la información o a las “materias opinables”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: GABRIEL SOSA PLATAS.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/15-12-2015/42664
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