La sanción fue aprobada por a Comisión de Fiscalización por unanimidad, y será votado en la sesión del Consejo General del próximo miércoles. Además, se dará vista a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), por si hubo vulneración a normas a las que corresponde vigilar su aplicación.
La transacción fue descubierta en una indagatoria en el 2011, cuando la Comisión descubrió que pagó 11 millones de pesos en efectivo por camisetas, pero el proveedor incumplió el contrato y a cambio, éste le dio al partido los inmuebles que se pusieron a nombre de Marco Antonio de la Mora Torreblanca, un militante del Verde que tiene la propiedad de un terreno dividido en tres partes, en la Delegación Iztapalapa
El presidente de la Comisión, Ciro Murayama, dijo que el entonces IFE fue notificado de que el Verde “estaba dando cuenta de un conjunto de gastos en escrituras de inmuebles con un notario”, pero cuando la autoridad electoral pidió que se demostrara qué bienes inmuebles estaba escriturando el partido, los dirigentes del mismo no proporcionaron la información requerida.
La autoridad, entonces acudió con un notario y, según Murayama, “se encontró que esos inmuebles no fueron escriturados a nombre del partido, lo que activó la investigación y permitió comprobar que el partido hizo pagos en efectivo por 11 millones de pesos, (de los que) no informó a la autoridad”.
“Lo que sí hubo fue que se entregaron unos bienes inmuebles por el incumplimiento del contrato y que esos bienes inmuebles no fueron escriturados a nombre del partido sino de un particular. De tal manera que lo que tenemos es ingresos de origen desconocido, gasto no informado a la autoridad y cuentas por cobrar no cobradas.
“En todo esto hemos encontrado dolo en la conducta del partido porque a lo largo de estos años no entregó información a la autoridad”, abundó.
De confirmarse, esta multa se sumará a los más de 500 millones de pesos impuestos este año a dicho partido por casi una veintena de violaciones cometidas por el PVEM durante la pasada campaña electoral. Según Murayama, es la sanción más alta en la historia de la fiscalización producto de la revisión de un informe ordinario de gastos y por una conducta individual.
El presidente de la Comisión confirmó que el exvocero del PVEM Arturo Escobar suscribió diversos contratos relacionados con este caso, como responsable de las decisiones del partido.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423381
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