Los hechos ocurrieron durante la gestión de Carolina Monroy, prima del presidente Enrique Peña y ahora secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La recomendación 29/2015, dirigida al alcalde sustituto, Juan Pedrozo, fue emitida tras considerar que en este caso se confirmó el uso inapropiado de armas de fuego por parte de los elementos policiacos.
El organismo defensor de las garantías individuales recomendó a la administración municipal otorgar al joven un apoyo mensual vitalicio equivalente al menos a un salario mínimo diario vigente.
También dispone que la administración municipal gestione la compra de un inmueble para vivienda, escriturado a nombre de la víctima, y cumplir con medidas de rehabilitación que incluyan atención médica, psicológica y psiquiátrica especializada, servicios y asesoría jurídicos, y un programa de educación que consista en el pago de inscripción y colegiaturas hasta la conclusión de los estudios del muchacho.
Estos puntos, destaca el documento, deben determinarse por acuerdo de cabildo, “pues las responsabilidades subsisten a pesar de un cambio de gobierno municipal”.
También recomienda al municipio mejorar los procesos de selección del personal adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito, Protección Civil y Bomberos, a través del fortalecimiento y establecimiento de procedimientos idóneo, cursos de capacitación sobre los procedimientos que guían el uso de la fuerza, el arresto y la detención por principios de necesidad, razonabilidad, proporcionalidad y legalidad, que permitan la protección de los gobernados.
Al realizar su investigación, la Codhem encontró uso indiscriminado de la fuerza pública con armas letales que provocaron a un ciudadano una discapacidad física permanente y secuelas psicológicas, y daño emocional a otra persona –la madre de Ángel–.
El organismo encontró que policías municipales activaron sus armas para detener a un sospechoso de robo, pero no tomaron las precauciones necesarias y dispararon, hiriendo a una persona que circulaba a bordo de una motocicleta, acompañado de un familiar, con lo que se violó el derecho humano a la integridad personal de la víctima y sus familiares.
Los policías involucrados (José Luis López González y Amaury Bernal Estrada), indicó la Comisión, “no observaron las normas internacionales ni los estándares respecto del uso apropiado –de las armas- con fines policiales legítimos”.
Las armas, advierte la recomendación, “no se usaron en defensa propia o de otros, y aunque los elementos municipales dieron parte a Protección Civil para que prestara asistencia médica a la persona herida, se encontró que no presentaron un informe completo y detallado del incidente, para deslindar responsabilidades”.
Pese a existir una orden de aprehensión en contra de los responsables, ambos elementos policiacos se encuentran prófugos. Sobre esta circunstancia, la Codhem no emitió ninguna disposición.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422481
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