Este lunes se desahoga su apelación contra el proceso penal 82/2015 por el delito de homicidio calificado –del que ya antes fue juzgado y dejado en libertad–, en la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán, adscrita al magistrado Marco Antonio Flores Negrete.
Desde el interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) David Franco Rodríguez, conocido como Mil Cubres, el líder indígena de 35 años visto como el comandante de guardias civiles de mayor peso en la región tras la detención de José Manuel Mireles se muestra tranquilo y con entusiasmo.
“Ya confío que ya me voy”, expresó sonriendo. “Soy inocente, me podrán acusar de mil cosas pero de ninguna van a comprobar nada, porque yo sé lo que hago”, dijo quien encabezó la toma de Ostula, municipio de Aquila, en febrero de 2014, después de cuatro años de estar bajo el yugo del cártel de los Caballeros Templarios que dejó en la comunidad seis comuneros desaparecidos y 34 ejecutados en un periodo de cinco años.
Al excoordinador de autodefensas y comunitarios de Michoacán se le acusa del homicidio calificado de Argel Mejía Valdovinos ocurrida el 25 de mayo del 2015 tras la emboscada que éste y cinco individuos más realizaron en su contra en la carretera costera de Aquila, con un saldo de uno de sus escoltas muerto.
Esto provocó que el nahua y otros guardias civiles persiguieran a los atacantes en la sierra, lo que terminó en un enfrentamiento con un saldo de cuatro atacantes muertos, entre ellos Mejía, y cuatro heridos.
“Afortunadamente desde que yo llegué no ha habido muertes, las únicas muertes han sido las del atentado que yo tuve”, comenta sobre la emboscada.
Y si bien, dice, se logró la expulsión de Los Templarios “son los más interesados en regresar a Michoacán porque saben de sus riquezas. Ellos ya han probado eso”.
El dirigente indígena es actualmente el defensor más combativo del territorio nahua integrado por una cabecera y 22 rancherías, y se ha enfrentado al cártel que explotó ilegalmente su territorio rico en minerales, también contra pequeños propietarios de La Placita que pretenden despojarlos de mil 200 hectáreas de terreno costero, así como contra saqueadores de madera preciosa que explotan su árbol de sangualica, en peligro de extinción.
Respecto de su lucha contra las mineras el dirigente que estudió hasta sexto de primaria expone: “Yo desperté a las comunidades y les dije que ellos eran los dueños, que para poderlas explotar tienen que negociar con ellos, no nomás llegar y decir que ‘es mío’”.
Sobre el saqueo de la madera acusa: “el gobierno está dentro, nos dimos cuenta, hay retenes de la Marina y de federales y vemos cómo embarcan. Los intereses del gobierno fue lo peor, haber tocado los intereses del gobierno”.
Su representante legal Ignacio Mendoza sostiene que la reclusión de Verdía es “de carácter político” porque –afirma—en el proceso penal 82/2015 “se fabricó un delito y se violaron las garantías de los derechos humanos”.
De igual modo, abunda, se le acusó de portación de arma exclusiva del Ejército, del robo de seis rollos de alambre al Ayuntamiento de Aquila y de delitos electorales en la modalidad de quema de urnas pero de todas esas acusaciones Verdía fue liberado.
La detención del líder nahua
Al pequeño productor de papaya se le detuvo “en flagrancia” pro portación de dos armas de uso exclusivo del Ejército, la mañana del 19 de julio de 2015 en La Placita, municipio de Aquila. Esas armas se las dio el gobierno al ser registrado como parte de la Fuerza Rural, por lo que estaban registradas ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Yo las tenía en mi resguardo, esas me las dieron de la Secretaría de Seguridad Pública (…) no eran nuestras que las registramos, eran armas que pertenecían a la Secretaría”, recuerda Verdía.
Recuerda el día de su detención:
“Yo estaba almorzando en una fondita en la que preparan muy sabroso, por cierto, cuando llegaron militares, policías ministeriales y marinos. Lo que alcancé a percibir es que eran como unos cien”.
Relata que vio en torno suyo una movilización inesperada y lo arrestaron haciéndole una llave en el cuello, luego lo subieron a un helicóptero militar que lo trasladó primero a un cuartel militar y después a instalaciones que piensa eran de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado.
Afirma que nunca le mostraron una orden de aprehensión ni le dijeron de qué lo acusaban, sólo le mostraban una hoja.
“Les decía que me dieran la hoja para leerla. No conozco pero tampoco soy tarugo, y llegando a Morelia les dije que cuál era mi bronca”. No le respondieron, dice, por lo que considera que su detención fue un montaje.
“Y cuando me doy cuenta dicen: ‘nadie lo quiere recibir’, o sea, nadie se quería aventar el tiro”, subraya.
Impunidad legal
Debido a que fue detenido por portación de armas exclusivas del Ejército, delito de carácter federal, se le trasladó al Centro de Readaptación Social (Cefereso) número 4, en Nayarit.
No obstante, el abogado Mendoza refiere que desde el 11 de junio de 2015 ya había una orden de aprehensión contra Verdía por el homicidio calificado de Mejía, delito del fuero común con mayor peso penal que el de portación de arma exclusiva del Ejército, por lo que debieron trasladarlo a un penal estatal no federal.
“La estrategia era hacerle lo mismo que a Manuel Mireles”, dice del dirigente de las autodefenesas recluido en el Cefereso 11 de Sonora por el mismo delito de portación de arma exclusiva del Ejército, “querían dejarlo en un penal federal pudriéndose dos años”, afirma.
El abogado dice que pese a que lograron la liberación de Verdía por ese delito, el Cefereso de Nayarit “retardó por más de ocho horas su salida privándolo ilegalmente de su libertad en espera de que llegara la Policía de Michoacán para traerlo a Morelia”, tiempo en el que “cumplimentaron las órdenes de aprehensión por los delitos de robo y por el de homicidio”.
La juez del Juzgado Cuarto local con sede en Morelia, Amalia Herrera Arroyo le dictó auto de libertad el 4 de agosto al desechar pruebas que se integraron tras su consignación, entre otras, declaraciones de los imputados, como lo argumentó en el “Auto de libertad por falta de pruebas para procesar”, en posesión de la reportera.
Sin embargo el expediente regresó al MP y éste solicitó al Juzgado Segundo local girar una nueva orden de aprehensión contra Verdía. Una vez cumplimentada la orden el Juez Primero Penal en Morelia Arnulfo Torres Delgado, en apoyo del Juzgado Segundo, aceptó dichas pruebas y en el “Auto que resuelve la situación jurídica de Cemeí Verdía Zepeda” resolvió su “auto de formal prisión” el 9 de septiembre de 2015.
En el documento judicial citado, del que también se tiene copia, el juez Torres determinó con ambigüedad la culpabilidad de Verdía:
“El inculpado Cemeí Verdía Zepeda fue quien, de manera probable, intervino en la privación del ofendido Argel Mejía Valdovinos, pues se presume de la misma forma que tenía motivos suficientes para mediante el uso de un arma de fuego realizar un acto de represalia contra quien precisamente había tratado de privarlo de la vida”.
Su defensa apeló la resolución y este lunes presenta sus alegatos al magistrado Flores Negrete para que se revise la actuación del juez Torres y resuelva su liberación.
La espera
Verdía considera que su liberación es “inminente” y una vez que lo logre dice que planea continuar cosechando papayas y seguir al frente de sus responsabilidades como comandante de la guardia rural de Aquila.
Reconoce que sería “preocupante” si no sale libre:
“No queremos pleito con el gobierno pero no sabemos si el gobierno quiere pleito con nosotros. Ahora hay una bomba a punto de estallar. No sólo es el caso de Cemeí, está el caso del magisterio, el de los normalistas, hay un estado a punto de volver a estallar”, advierte.
Apoyo a Cemeí
Héctor Zepeda Navarrete, comandante de la Fuerza Rural de Coahuayana, conocido como “Comandante Tetos”, quien participó en el enfrentamiento en el que murió Mejía, comentó en entrevista telefónica que este lunes cerrarán la Carretera Federal 200, en el punto de Xayakalan, para exigir la liberación de Verdía.
“Él no ha cometido ningún delito, fue un enfrentamiento en el que nos mataron a un compañero y nos hirieron a cuatro”, dice.
Esa misma carretera fue bloqueada en tres puntos distintos a lo largo de 15 kilómetros por comuneros de Ostula y de rancherías costeras de Aquila el 19 de julio, tras la detención del líder nahua,para exigir su liberación.
Militares arrollaron los retenes y en el poblado de Ixtapilla provocaron la muerte del niño Edilberto Reyes García, de 12 años, y lesionaron a seis personas más, hechos que hasta el momento permanecen impunes.
Mendoza por su parte dice que el magistrado Flores Negrete tendrá 10 días hábiles para resolver la apelación, aunque después del 18 de diciembre “sale de vacaciones y nadie puede firmar”. La espera por la resolución, en tal caso, se alargará.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LAURA CASTELLANOS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423470
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