Una Corte peñanietista

Con la reciente designación de Javier Laynez como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente Enrique Peña Nieto logró colocar a su segunda pieza en esa instancia del Poder Judicial. La primera fue Eduardo Medina Mora, quien llegó al cargo el pasado 10 de marzo. Al igual que entonces, y pese a las voces que advertían sobre esa maniobra del titular del Ejecutivo, el Senado votó por Laynez, que releva a Juan Silva Meza desde el jueves 10.

En un juego de simulaciones, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró por lo menos un voto más en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que le ayudará a evitar descalabros en el tribunal constitucional en la segunda mitad de su gobierno.

El jueves 10, el Senado designó al exprocurador fiscal Javier Laynez Potisek y a la magistrada Norma Lucía Piña Hernández como ministros para los próximos 15 años, en un proceso en el que la idoneidad para el cargo fue lo de menos.

Como en el caso de Eduardo Medina Mora cuando el Senado lo designó ministro a propuesta de Peña Nieto en marzo pasado, la elección de Laynez Potisek fue impugnada por organizaciones no gubernamentales por el conflicto de interés en que se colocará como juez constitucional en juicios que tengan que ver con el gobierno de Peña Nieto y aún en el de su antecesor, Felipe Calderón.

Especializado en derecho fiscal y administrativo, Laynez Potisek ha sido un hombre cercano a la Presidencia de la República, tanto con el PRI como con el PAN. Desde diciembre de 1994, al inicio del gobierno de Ernesto Zedillo, hasta abril de 2005, al final del gobierno de Vicente Fox, fue consejero jurídico adjunto del Ejecutivo Federal. Calderón lo tuvo también como consejero jurídico adjunto entre enero de 2007 y febrero de 2008. Muchas de las reformas constitucionales impulsadas por esos gobiernos pasaron por sus manos.

Laynez llega a la Corte de la mano de Peña Nieto, quien apenas en abril pasado lo hizo magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, luego de ratificarlo al inicio de su gobierno como procurador fiscal de la Federación. El cargo lo ocupaba desde 2008, cuando fue nombrado por Calderón. Ya en este sexenio, después de la ratificación, la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) contribuyó a que el gobierno de Peña Nieto armara los cargos que tienen en prisión a la exdirigente sindical del magisterio, Elba Esther Gordillo.


(Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2041, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423420