El martes 1 fueron acribilladas siete personas y se localizaron dos cadáveres en un lapso de 14 horas. El episodio más sangriento ocurrió cerca de las nueve de la noche, cuando fueron asesinados a balazos cuatro hombres en la colonia Santa Elena de la Cruz.
El primero ocurrió en un velorio, en la colonia Miguel de la Madrid. En Tabachines, Zapopan, un comerciante fue ultimado en el tianguis y un joven fue baleado cuando salía de una tienda de abarrotes en el cruce de Adolfo Ruiz Cortines y Nicolás Bravo.
A las nueve de la mañana del miércoles 2, Raúl Robles Avilés, director de Hacking México, preparaba un curso sobre ciberseguridad cuando fue ejecutado en un restaurante de la colonia Americana, en Guadalajara.
Dos horas y media más tarde, Jorge Herrera fue acribillado al salir de un centro comercial en la colonia La Estancia, Zapopan. En el mismo municipio, alrededor de las 11 de la noche se reportó el asesinato a tiros de una pareja en una tienda de conveniencia en Periférico y Mariano Otero.
El recrudecimiento de la violencia se produce en la entidad después de que el pasado 13 de octubre, en Quintana Roo, la Policía Federal detuviera a Daniel Quintero, El Dany, jefe de plaza del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Guadalajara, y a Víctor Delgado Rentería, considerado el segundo del Mencho, el 18 de noviembre.
El sujeto, también conocido como Iván Cazarín Molina, El Comandante Tornado o El Tanque, fue capturado –después de ser dejado en libertad dos veces– en el fraccionamiento Hacienda la Candelaria, en Tlajomulco de Zúñiga.
Cazarín Molina fue capturado mientras bebía y jugaba futbol en un salón de fiestas con sus escoltas, identificados por autoridades federales como Marco Antonio Rocha García, Rafael Ortega Aquino y Yahir Martínez Mora (Proceso Jalisco 576).
A Delgado Rentería o Cazarín Molina se le investiga por su responsabilidad en el ataque a un helicóptero militar el 1 de mayo, en Villa Purificación, en el arranque de la Operación Jalisco. En el enfrentamiento fallecieron 18 personas: ocho sicarios y el resto militares y policías que intentaban capturar al Mencho.
En esa ocasión, además de la agresión a las fuerzas federales, se registraron 55 narcobloqueos en 32 municipios de Jalisco, así como en algunos de Colima, Michoacán y Guanajuato (Proceso 2010).
Según Francisco Jiménez Reynoso, investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), los vacíos que deja el combate, la captura y la muerte de algunos líderes del CJNG son los que ahora disputan las facciones internas y otros grupos delictivos.
Señala que en el estado operan cárteles como de los Beltrán Leyva, el del Pacífico y Los Zetas, entre otros, que al ver acosado al CJNG vislumbran una oportunidad de avanzar.
“Ante este tipo de situaciones surge una pelea entre ellos mismos o entre dos, o tres o más cárteles para aprovechar el momento que se vive y de donde sale ganador el grupo más fuerte y el de mayor poderío en sus arsenales. No importa el territorio donde se declaran la guerra o los colores partidistas de quienes gobiernan en el ámbito municipal o estatal”, explica el académico.
Los efectos de esa lucha son graves: “Lo primero que vemos es que se viene dando una oleada de levantones, ejecuciones, y los homicidios tienden a la alza, porque se reactiva la competencia geográfica y se produce una posibilidad para ocupar nichos que habían acaparado los grupos criminales” ahora debilitados.
Aclara Jiménez Reynoso que “el control de la plaza no sólo se trata de narcotráfico, sino de un holding de actividades delictivas que incluye el robo de vehículos, las extorsiones, los secuestros, el robo de hidrocarburos, la desaparición y trata de personas en la entidad y sus diversas regiones o hasta levantones de jóvenes para llevarlos a trabajar en campos de cultivo y laboratorios de producción de droga”.
Sobre este último punto comenta que “a algunos de los levantados se los llevan para trabajar en la construcción de túneles para el tráfico de estupefacientes” en otras entidades, lo que implica un nuevo tipo de esclavismo “en pleno siglo XXI, cuando las autoridades aparecen rebasadas”. Sin embargo, señala, casi no se habla de este delito y queda impune.
A su vez, Rogelio Barba Álvarez, catedrático de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Ciénega (CUCI), de la UdeG, afirma que pese al incremento de delitos de alto impacto, prevalece la impunidad ante la ausencia de denuncias, pues la población desconfía de sus autoridades y se encuentra a merced de la delincuencia.
“Las encuestas dicen que en 2015 la cifra negra (los casos no denunciados) ascendió a 98%. ¿Y por qué no se hace la denuncia? Porque no hay confianza en las instituciones. Las autoridades deben fortalecer el nivel de confianza, no lo están haciendo”, comenta Barba Álvarez.
Además, puntualiza, estudios de organismos internacionales sugieren que una tasa anual de 10 asesinatos por cada 100 mil habitantes se considera más o menos aceptable. Sin embargo, en México la proporción es ronda los 23 o 26 crímenes por cada 100 mil habitantes en promedio y por año.
Las tasas más altas de homicidios en la entidad las registran los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y Guadalajara, según publicó Milenio Jalisco en su edición del martes 1.
En octubre pasado, la agencia estadunidense antidrogas, la DEA, dio a conocer su reporte National Drug Threat Assessment Summary, en el cual le atribuye al Cártel de los Beltrán Leyva el control de Guadalajara, a Los Caballeros Templarios el del sur del estado, y el resto de la entidad al CJNG.
Al preguntarle al fiscal general, Eduardo Almaguer, si el aumento de ejecuciones se debe a la irrupción de los Beltrán Leyva, comentó: “No lo observo de esa manera; hay un combate muy directo de las autoridades federales, de la fiscalía y una gran coordinación”.
Sin embargo, aceptó que este año los homicidios se han incrementado en la entidad por lo menos en 5%, en comparación con 2014. “No evadimos ninguna de nuestras responsabilidades y obligaciones. Reconocer el aumento de 5% comparado con el año anterior es uno de nuestros problemas y estamos generando una atención”, dijo.
Los crímenes
El último fin de semana de noviembre Hugo Guzmán Lino, funcionario de la Fiscalía General del Estado (FGE), y José Guadalupe Madera Godoy, exdiputado y exdirigente de la sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), fueron levantados.
El 28 de noviembre, cuando Hugo Guzmán Lino, actuario de la FGE, llegaba a su domicilio en la colonia Chapalita, varios sujetos armados lo siguieron hasta su hogar y se lo llevaron por la fuerza.
El fiscal general, Eduardo Almaguer Ramírez, no descartó la posibilidad de que el caso tenga relación con el crimen organizado. Señaló que se investigará el entorno del funcionario desde que se desempeñaba como socorrista y se revisarán sus exámenes de control de confianza. Aclaró que Guzmán Lino no llevaba a cabo ninguna investigación relevante ni trabajaba en un área especializada de la dependencia.
A su vez, la familia del maestro Madera Godoy, oriundo de la Costa Sur e integrante del Partido Nuevo Alianza, levantó una denuncia por su desaparición.
El sindicalista tenía una cita el 27 de noviembre con el maestro Carlos Huitrón Ramirez, en el municipio de Atemajac de Brizuela, pero nunca llegó.
El día 28, a las 6:00 horas, las autoridades estatales encontraron su camioneta Toyota Tundra blanca abandonada a un lado de la carretera de Zacoalco a Atemajac de Brizuela, cerca del poblado de Santa Catarina. Hasta el cierre de esta edición Madera Godoy no había sido localizado.
En marzo, muy cerca de donde se encontró la camioneta de Madera Godoy, sobre la carretera libre Zacoalco de Torres-Ciudad Guzmán, agentes de la Fuerza Única abatieron a Heriberto Acevedo Cárdenas, El Güero o El Gringo, jefe de plaza del CJNG en la región Valles. Se le relaciona con el ataque de 2014 a militares en el municipio de Guachinango. También se le investigaba por haber ordenado la muerte de dos agentes de la FGE en Tlajomulco.
Ese fue el antecedente de otro ataque armado, el 7 de abril pasado, contra un destacamento de la Fuerza Única en el municipio de San Sebastián del Oeste, en el cual murieron 15 policías. Algunos de ellos fueron calcinados y decapitados.
Con el reacomodo de la plaza, igualmente se incrementaron secuestros, extorsiones, robo de vehículos, ordeña de hidrocarburos de los ductos de Pemex, e incluso amenazas a jueces.
El pasado 28 de noviembre, Héctor Pérez Pérez, responsable del Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en el estado, encontró una corona fúnebre fuera de su domicilio, en Eça de Queiroz, colonia Jardines Universidad, Zapopan.
En esa misma calle, el pasado 15 de septiembre fue baleado el juez Primero de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo, Joel Fernando Tinajero, cuando llegaba a su casa en su camioneta Toyota Tacoma. En las primeras indagaciones las autoridades señalaron que el juez federal había sido víctima de robo, pero la investigación quedó a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR).
Los crímenes también se han dirigido contra la población. El 29 de noviembre, por ejemplo, ardió una de las bodegas del mercado de Abastos y hasta la fecha se desconoce la causa. El siniestro dañó las endebles viviendas de 35 familias de indígenas migrantes que vivían cerca de la bodega, en el cruce de las calles Reyes Católicos y Nuez.
Jiménez Reynoso recuerda un hecho similar en Los Altos: “Eso lo acabamos de ver en el municipio de Arandas. El 25 de noviembre hubo una explosión en una finca. Esa podría ser la razón de ese tipo de tragedias que afectan a personas inocentes. Cuando menos resultaron afectadas otras 13 viviendas, y ahí se descubrió que en el inmueble incendiado escondían hidrocarburo robado a los ductos de Pemex”.
En las últimas semanas también se detectó un aumento de feminicidios. La noche del 24 de noviembre Priscila Denisse Martínez Aranda, de 22 años, vecina de la colonia San Miguel de Huentitán y empleada de una óptica, fue acribillada. Tenía un embarazo de cinco meses. Dos sujetos en una motocicleta de bajo cilindraje la tirotearon en el cruce de Juan Pablo II y Rivas Guillén, en la zona de Oblatos, cuando ella iba con dos compañeros de trabajo en un auto blanco.
El 26 de noviembre Marlene Hernández López, de 25 años, fue ejecutada en el municipio de Tequila, en las calles 20 de Noviembre y Manuel Castañeda. Según los policías, tenía heridas de bala en ambas ingles.
El 25 de noviembre, autoridades policiacas descubrieron dos cadáveres: uno de ellos era un bebé que apareció calcinado en una brecha de San Pedro Tlaquepaque.
De acuerdo con estadísticas del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, entre el 1 y el 27 de noviembre pasados se registraron 113 asesinatos, entre ellos el de Bonifacio Mendoza, de 29 años, acribillado en su propiedad ubicada en la calle Cuarta Poniente 7178, Jardines de Nuevo México.
Dos días antes, Daniel Ruan Segoviano, Manuel Alejandro Hernández y Amaro Matus Ramírez fueron ejecutados por un comando armado mientras cenaban en el restaurante El Marqués, en Calderón de la Barca y López Cotilla, Guadalajara.
Otro cuerpo fue localizado envuelto en una cobija en el parque de la avenida de La Mancha y Trafalgar, en Lomas de Zapopan.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALBERTO OSORIO (REPORTAJE ESPECIAL).
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=423002
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