TOLUCA, Edomex: A nueve años de distancia, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) sigue sin identificar a los responsables de los homicidios de dos jóvenes durante los enfrentamientos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco.
A la fecha, la dependencia sólo ha consignado a tres comandantes y tiene pendiente por emitir la mayoría de las sentencias contra entonces servidores públicos acusados de tortura, tortura equiparada, encubrimiento y agresiones sexuales.
El procurador Alejandro Gómez reconoció que la resolución de los homicidios de Alexis Benhumea y Javier Cortés Santiago es “un asunto complejo”.
“No se trata de inventar culpables. Estos muchachos perdieron la vida aparentemente por gas lacrimógeno que les cayó al estar entre la multitud, no hemos podido identificar hasta este punto quién disparó el gas lacrimógeno y en qué circunstancias para determinar una probable responsabilidad y, en su caso, el ejercicio de la acción penal”, arguyó.
Gómez Sánchez precisó que en contraste existe un proceso penal abierto en contra de 22 exservidores públicos de la dependencia a su cargo, de Prevención y Readaptación Social, así como médicos legistas, quienes están siendo investigados por los delitos de tortura, encubrimiento, y/o tortura equiparada.
“De esos 22, 21 son médicos: 11 son de la Procuraduría, 10 de Prevención y Readaptación Social, y un agente del Ministerio Público que fue quien integró la averiguación previa correspondiente”, expuso.
También se indaga la responsabilidad de más de 20 policías, quienes se ocuparon del traslado de los detenidos, pero aún existen órdenes de aprehensión pendientes.
A la fecha, tres elementos de la extinta Agencia de Seguridad Estatal (ASE), comandantes de los vehículos en los que se transportó a las mujeres víctimas de abusos, ya han sido consignados.
Gómez Sánchez aseguró que la tardanza responde a que se procesan bajo el sistema de justicia anterior (el tradicional, de averiguación previa), y a que se han promovido recursos por parte de los inculpados, tanto apelaciones diversas como juicios de amparo, lo que ha retrasado que se concluyan los procedimientos y se emitan las sentencias definitivas.
“Hemos solicitado al Consejo de la Judicatura Federal la acumulación de los juicios de amparo, contra orden de aprehensión o contra formal prisión, para evitar que eventualmente pudiera haber sentencias contradictorias”, afirmó.
El proceso penal, consideró, avanza; “recientemente en una audiencia larga los testigos manifestaron su interés por presentar una denuncia, para lo que estamos abiertos”, ofreció.
Además, indicó, el gobierno mexiquense ha reconocido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su responsabilidad y voluntad de avanzar y resolver el caso.
Hace unos días, recordó, se publicaron en la Gaceta de Gobierno las reformas que harán posible indemnizar a las 11 mujeres víctimas del delito de tortura que han presentado su queja ante la CIDH, por lo que “hemos solicitado a la autoridad judicial, en un procedimiento no contencioso, notificar a estas mujeres para que se acerquen y se cuantifique su indemnización”.
El 3 de mayo de 2006, en Texcoco, y al día siguiente, en San Salvador Atenco, fueron detenidos líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) que se oponían a la construcción del aeropuerto alterno al de la Ciudad de México en sus terrenos, en virtud de que pretendían ser adquiridos a costos irrisorios.
En junio de 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación de 12 líderes detenidos y determinó que durante los operativos de mayo de 2006 se cometieron abusos, se agredió a ciudadanos ajenos al conflicto, se realizaron allanamientos ilegales, se cometieron violaciones sexuales, se violaron derechos consulares de extranjeros, se hacinó a los detenidos y se les negó atención médica.
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