La activista expresó la solidaridad de su organización con los familiares de víctimas durante la presentación del más reciente informe de Amnistía Internacional, “Un trato de indolencia. La respuesta del Estado a la desaparición de personas en México”, evento en el que madres de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014 llamaron a la unificación de esfuerzos para exigir investigaciones efectivas para la localización de sus familiares.
El reporte de Amnistía confirma que “las desapariciones han continuado, peor aún, el 40% de los 27 mil casos oficiales corresponde a la administración de Enrique Peña Nieto y más de 3 mil ocurrieron el año pasado”, apuntó el director ejecutivo en México, Perseo Quiroz.
El activista apuntó que pese al debate “de nomenclatura o lingüístico” de si son desapariciones o ausencias, “lo cierto es que ningún estado del país se libra de tener registros de desapariciones, algunos con mayor intensidad que otros”.
Con la mirada de más de 30 años de búsqueda de dos generaciones de desaparecidos, hijos y nietos, Estela Barnes de Carlotto, presidenta de la Abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina, donde la dictadura militar ejecutó las desapariciones y asesinatos en apego a un plan de exterminio, “en México es el Estado democrático el responsable de cualquier privación ilegítima de la libertad, de las torturas y de los asesinatos, ya sea por autorizarlos, apoyarlos o por aquiescencia”.
Integrante de la organización que ha logrado a través de la exigencia continua la localización de 119 niños de 500 buscados y de la identificación de 720 restos, con el apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), y de llevar a más de 660 responsables de crímenes de lesa humanidad a tribunales, Estela Barnes reconoció la mano del narcotráfico en el escenario de violencia continua. “El narcotráfico es la dictadura en México, es el genocidio, es la violación a derechos humanos, es el responsable de los crímenes de lesa humanidad en este país, y es el Estado el que debe responder por su tolerancia a estos delitos que afectan, la mayoría de las veces, a los sectores más vulnerables”, acusó Barnes de Carlotto.
Cristina Bautista Salvador y Margarita Zacarías Rodríguez, madres de Benjamín Ascencio Bautista y de Miguel Ángel Mendoza Zacarías, lanzaron un llamado a padres de familia que, como ellas tienen familiares desaparecidos, a formar un frente común para exigir al Estado mexicano acciones efectivas para localizar a las víctimas.
Bautista Salvador instó a movilizaciones para exigir la permanencia “por tiempo indefinido” de expertos internacionales para que colaboren en la búsqueda de los miles de desaparecidos en el país, y recordó que gracias al trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se comprobó que los jóvenes no fueron quemados en el basurero de Cocula, como lo afirmó el exprocurador Jesús Murillo Karam.
“Invitamos a las familias de desaparecidos a unirnos en un movimiento para levantar la voz y pedir ayuda internacional para que se vea lo que pasa en México, necesitamos la unión de los familiares de los desaparecidos porque esos casos no pueden quedar en la impunidad”, convocó Bautista Salvador.
Margarita Zacarías puntualizó que ante la gravedad de las desapariciones “ya no hay lugar para luchas aisladas”, y por ello pidió a organizaciones sociales, como Amnistía, a no dejarlos solos, y acompañar a las familias en su búsqueda “por la verdad y el castigo a los responsables”.
Antes de ellas, Leticia Sánchez Villalobos, madre de Luis Carlos Hernández Sánchez, desaparecido en mayo de 2010 en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, denunció la complicidad de funcionarios de la Fiscalía General con perpetradores de las desapariciones.
Al señalar que en Chihuahua hay al menos mil 700 desapariciones, de las cuales en Cuauhtémoc hay oficialmente 351 denuncias formales, Leticia contó que la mayoría de las víctimas son jóvenes de entre 17 y 20 años, y que los familiares son intimidados por las autoridades para que no denuncien o abandonen los casos; en caso contrario, sufren amenazas.
También recordó el caso de Marta Loya, quien en la búsqueda de un hijo “recibió amenazas de que se llevarían a su otro hijo y, como no hizo caso, lo desaparecieron; ella continuó su lucha ahora por dos hijos; un día llegaron a la puerta de su casa dos trocas con hombres armados, llamó a la Fiscalía, pero llegaron después de que se la habían llevado. Luego supimos que en la Fiscalía hubo orden de no responder al llamado de la señora”.
El caso del hijo de Leticia es uno de los 22 documentados por Amnistía en su nuevo reporte, que analiza el tratamiento que las autoridades dan a las investigaciones sobre desaparición, incluido el asunto de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
De acuerdo con Carlos Zazueta, investigador que estuvo a cargo del informe, ya sean casos que han traspasado las fronteras, como el de los normalistas de Ayotzinapa, o de otros que se han quedado en el ámbito de sus localidades, todos tienen coincidencias.
“En ambos tipos de casos –explicó– las investigaciones no arrojan resultados, las autoridades administran el problema, sobre todo en aquellos en que hay un tratamiento mediático; estamos hablando de que se le está dando el tratamiento de gestión política a una crisis de derechos humanos”, sentenció.
Otros puntos en común es el dolor que sufren los familiares por la negación de justicia y de verdad, algo “que puede clasificarse como tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes”.
Ericka Guevara Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para las Américas, lamentó que en México “las desapariciones han pasado a ser algo tan habitual que prácticamente ya forman parte de la vida cotidiana, y en las contadas ocasiones en que realmente se llevan a cabo investigaciones, casi no pasan de ser una mera formalidad para aparentar que se está haciendo algo”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=426247
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