En conferencia de prensa, el secretario de Gobierno Matías Quiroz Medina acusó a la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos de “pretender confundir a la opinión pública con mentiras” para desacreditar al gobernador Graco Ramírez, pero “no permitiremos que se hagan acusaciones sin fundamento”.
Luego de asegurar que el contrato de las obras de remodelación del coloso “es público” y puede ser consultado por cualquier ciudadano, admitió que se adjudicó “de manera directa” en apego a la ley.
Destacó que la obra tuvo un costo total de 486 millones 801 mil 804 pesos, “incluyendo el IVA”, y fue asignada por adjudicación directa en concordancia con el artículo 39, fracción I, de la Ley de Obra Pública.
Citó: “Las dependencias, secretarías o ayuntamientos (…) podrán contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través del procedimiento de licitación restringida o de adjudicación directa cuando el contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de (…) la titularidad de patentes, derechos de autor y otros derechos exclusivos”.
Y negó que la empresa AyPP Constructores SA de CV tenga alguna relación con el empresario Armando Prida, consuegro de Graco Ramírez, como lo dio a conocer la Coordinadora Morelense.
“En el acta constitutiva de estas (empresas) no figura ninguna persona con el apellido (Prida) que tendenciosamente fue señalado. Estas empresas, como todas las que trabajan con el gobierno, cuentan con todos los requisitos a los que la ley les obliga y se encuentran inscritas ante el Registro Público de la Propiedad. Sus actas constitutivas pueden ser consultadas por cualquier ciudadano que así lo desee”, subrayó.
Quiroz Medina insistió que la obra del estadio fue exhaustivamente auditada y revisada por la Secretaría de la Contraloría del gobierno estatal, la Auditoria Superior de Fiscalización de Morelos –hoy Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso local–, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, además de que se le realizó una auditoria especial a petición de los legisladores morelenses.
Remató: “No tenemos nada que esconder. En Morelos la ley se cumple y se hace cumplir. En Morelos no permitiremos que se hagan acusaciones sin fundamento. El gobierno del estado reitera su disposición para aclarar de frente a la ciudadanía y las veces que sea necesario, las dudas que surjan en materia de asignación de obra pública”.
El vocero de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, Gerardo Becerra Chávez de Ita, informó que este medio día entregó al Congreso local una prueba más en la demanda de juicio político que solicitaron contra el gobernador Graco Ramírez por la asignación directa de la obra en cuestión.
Se trata de una copia del contrato que, dijo, demostraría la violación a la Ley de Obra Pública en la aplicación de un crédito por 2 mil 806 millones de pesos.
De acuerdo con Becerra, dicho documento exhibe que el gobierno de Graco Ramírez favoreció a la empresa AyPP Constructores S.A. de C.V., al asignarle una obra de esa magnitud sin licitarla, lo que demuestra el manejo irregular del crédito, motivo por el cual se presentó la solicitud de juicio político.
“Aquí está el contrato y se lo vamos a exhibir al Congreso como una prueba indubitable para que se den cuenta de lo mal que obró el gobernador en el gasto y en la operación del crédito”, expuso.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JAIME LUIS BRITO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427193
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