La joven náhuatl de 18 años originaria de Chilapa, Guerrero emigró a Baja California junto con su esposo mazateca, originario de Acatlán, Oaxaca, para laborar como jornalera agrícola.
Cuando tenía 40 semanas de gestación acudió con dolores de parto a la Unidad de Medicina Familiar 13 del Valle de San Quintín, Baja California. Ahí fue atendida por un médico, quien reportó un embarazo de “evolución normal” con un producto único vivo en posición cefálica y le extendió un pase para el Hospital Rural 69, antes Oportunidades, para que se le practicara una cesárea.
Ese mismo día por la tarde, la mujer fue atendida en el citado hospital por otro médico quien después de realizarle el ultrasonido y tacto vaginal estableció que el producto se encontraba “en posición podálica” y no cefálica.
Sin embargo, omitió reportar el ángulo de extensión del cuello por la posición del bebé, que obligaba a la realización de una cesárea urgente.
A las 19:55 horas la joven indígena ingresó a la sala de labor donde nació su bebé por vía parto vaginal luego de estar 25 minutos en el canal vaginal. Eso le ocasionó un cuadro de insuficiencia de oxígeno y sangre en el cerebro por lo que fue trasladado al Hospital General de Ensenada, donde falleció por sufrimiento fetal agudo.
Un sitio digital de la entidad difundió la información y al considerarlo un asunto de especial trascendencia la CNDH atrajo el caso.
El organismo acreditó la inadecuada atención médica y violencia obstétrica e institucional en perjuicio de la joven náhuatl.
Por lo anterior recomendó al IMSS que reparar los daños ocasionados a la mujer y a su esposo, que incluye una indemnización justa y el otorgamiento de la atención médica y psicológica, así como la inscripción de ambos en el Registro Nacional de Víctimas para que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
También pidió dotar a la Unidad de Medicina Familiar 13 y al Hospital Rural 69 de personal médico “suficiente y capacitado”, además de adoptar medidas necesarias para que exista supervisión permanente a los médicos residentes y pasantes del servicio social.
Asimismo, impartir cursos de capacitación en derechos humanos con perspectiva de género, “enfocados al trato humanizado hacia las mujeres y del conocimiento, manejo y observancia de las normas oficiales mexicanas”.
Finalmente solicitó al IMSS colaborar con la CNDH en la presentación y seguimiento de la queja que se presente ante el Órgano Interno de Control del instituto contra el personal médico responsable y en la denuncia de hechos que se presente ante la Procuraduría General de la República (PGR).
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=425279
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