El mecanismo nació a mediados de 2012 como producto de una concertación entre periodistas y autoridades del gobierno estatal, pero hasta la fecha sigue a merced de la “buena voluntad” del gobierno, pues carece de un reglamento que obligue las autoridades a participar de manera activa en ello.
Desde su arranque, en septiembre de 2012, el mecanismo fue activado 23 veces, en las que se acordaron medidas de protección a una treintena de periodistas, más de la mitad de ellos mujeres. Tan sólo en 2015 se activó 10 veces, y a la fecha 16 casos siguen vigentes.
Sin embargo, durante dos años las autoridades arruinaron el esfuerzo: las dependencias a menudo no enviaron sus representantes a las reuniones o los sustituyen de manera regular, lo que desgasta mucho tiempo a los comunicadores, quienes tienen que informar a los funcionarios sobre los casos una y otra vez. “Vimos el desinterés del gobierno”, lamentó la periodista Estrella Pedroza.
Y cuando el mecanismo se activó, la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CESP) incumplió en proporcionar de manera correcta las medidas de protección, las cuales van desde la instalación de un “botón de pánico” hasta la vigilancia perimetral o la asignación de escoltas a los periodistas.
Asimismo, los periodistas denunciaron que la fiscalía estatal extravió los expedientes de al menos siete comunicadores que acudieron a denunciar las amenazas y agresiones en su contra.
Peor aún: si bien las sesiones del mecanismo están grabadas, con todo y detalles de los casos de los periodistas agredidos –incluso su información personal–, las autoridades “perdieron” los audios de las reuniones y las minutas de las mismas.
Por lo anterior, tras “agotar todos los caminos con las instituciones para resolver este tema” y concertarlo con el gremio, en diciembre pasado los periodistas abandonaron la mesa del mecanismo. “No queremos ser cómplices de una simulación”, insistió Pedroza, al precisar que ahora buscarán defenderse por otras redes de solidaridad.
Lo anterior es preocupante, pues Morelos se convirtió en una entidad “totalmente convulsionada por la inseguridad y la violencia”, marcada por el asesinato de la alcaldesa Gisela Mota, la batalla entre los grupos de Los Rojos y Guerreros Unidos o los cacicazgos de “narcogobiernos” en ciertos municipios, sobre todo en la parte sur de la entidad.
“Se incrementa la violencia en general contra los periodistas, en un contexto de feminicidios, asesinatos de jóvenes y de activistas”, lamentó José Martínez Cruz, integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos.
“El crimen organizado está en Morelos”, sentenció el periodista Jesús Castillo García, al recordar que Cuernavaca y sus alrededores se convirtieron en un punto donde se reúnen y dialogan los criminales.
Hasta la fecha, ninguna de las agresiones reportadas fue perpetrada por grupos criminales, subrayaron los periodistas. Precisaron que los agresores estaban relacionados con los gobiernos estatal, municipales e incluso con algunos diputados locales. Lo anterior generó desconfianza en las instituciones, y por lo mismo comunicadores agredidos se niegan a acudir al mecanismo.
“Afortunadamente no hay muertos (entre los comunicadores de Morelos)”, exclamó la periodista Claudia Marino García, al añadir: “¡No queremos ser Veracruz, no queremos un Rubén (Espinosa, fotorreportero colaborador de Proceso)!”.
Según los miembros del Foro de Periodistas, desde que Graco impuso el Mando Único en varias zonas de la entidad, se incrementaron las presiones a los medios que no defendieran la estrategia de seguridad. En paralelo, señalaron, crecieron las denuncias de violaciones a los derechos humanos.
El pasado 4 de agosto, el gobernador demostró su escasa estima del gremio, cuando publicó en su cuenta de Twitter: “Las plumas a modo sólo basta que estén en la nómina para que aplaudan como focas. Cuando no hay nómina, fabrican todos los días calumnias”.
Su publicación desató la furia en las redes y, 25 minutos después, se contradijo por el mismo canal: “Aquí en Morelos se respeta la libertad de expresión. No se persigue a ningún periodista. No se utiliza dinero público para comprar halagos”.
“Es importante saber que el gobierno tiene un ‘buen’ trato con tres medios. Los medios morelenses subsisten a través de los convenios oficiales y de 2014 a la fecha hubo medios a los que se les retiró el convenio”, planteó Marino García.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?author=268280
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