Al presidir este día la sesión semanal del órgano político del Congreso, la legisladora comentó que la otra petición, presentada por la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, se encuentra en análisis y será en los próximos días cuando la JPyG defina su procedencia o improcedencia con estricto apego a la ley.
La Junta analizó este día la primera solicitud, mientras que para la segunda se realiza un minucioso análisis por parte de todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso para tomar la decisión correcta.
La también coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD indicó que a pesar de que algunos diputados perredistas tienen diferencias de opinión sobre el trabajo oficial realizado en materia de seguridad, no hay división en su bancada sino una coordinación a favor de la ciudadanía y su compromiso de actuar conforme a derecho.
Tras indicar que en su momento darán a conocer la resolución sobre la segunda de las solicitudes de juicio político, lamentó que a raíz del asesinato de la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota Ocampo, el pasado 2 de enero, “han surgido actores políticos tratan de generar un clima de inestabilidad, por lo que llamó a la mesura de todas las fuerzas políticas”.
En ese contexto cuestionó los señalamientos de la dirigencia estatal del PRI, que se pronunció en contra del Mando Único y por la remoción del titular de la Comisión Estatal de Seguridad, aunque se dijo respetuosa de todas las expresiones.
“Lamento que éste sea el pronunciamiento del PRI porque la seguridad no se resuelve solamente pidiendo la destitución de un servidor público, pues el esfuerzo que requiere el estado de Morelos va más allá”, sostuvo.
También en el marco de la sesión de la JPyG, la coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, diputada Norma Alicia Popoca Sotelo, se refirió al asesinato de dos menores de edad ocurrido el pasado fin de semana en la colonia Satélite de Cuernavaca.
Dijo que esta violencia “se tiene que trabajar de raíz, no sólo en los que delinquen sino desde el hogar, participando la sociedad en conjunto, para entrar en un esquema de autocuidado, de organización, de disminuir la indiferencia de no saber ni a quiénes tenemos de vecinos y extremar los cuidados de los hijos e hijas”.
Dijo que las estrategias del gobierno del estado en materia de seguridad pública están fracasando, no dan resultados, por ello se pronunció porque exista una mayor presencia de las fuerzas federales en la entidad, “lo que ha pedido desde hace mucho el Partido Acción Nacional”.
Finalmente, indicó que si los ciudadanos no se responsabilizan de cuidarse mutuamente, de adoptar una patrulla para mejorar la vigilancia, si no denuncian, si no transparentan su actuar y se organizan, no se podrá acabar con los actos que laceran a la sociedad.
Las denuncias de juicio político
Valentín Pobedano Arce es un ciudadano habitante de Temixco, quien ha presentado demandas de juicio político contra los últimos cuatro gobernadores. En esta ocasión, su demanda contra Graco es por actos de omisión al no garantizar a los ciudadanos el derecho a la seguridad pública.
Su demanda se basa en pruebas documentales consistentes en recortes de periódicos y revistas respecto de hechos de violencia que han dejado víctimas mortales en diversas partes de la entidad. Su demanda fue presentada hace unos meses.
Queda pendiente una demanda más, misma que fue presentada el pasado 18 de noviembre por las organizaciones que integran la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, que lo acusa de presuntos desvíos de recursos procedentes del crédito que le fue aprobado por el Congreso del estado en 2013.
El expediente que acompañó la denuncia, contiene pruebas del desvío de los recursos del crédito de dos mil 806 millones de pesos ejercido por Graco Ramírez.
Los denunciantes argumentan que “el crédito se aprobó para invertirse en obra pública con fines productivos, pero de ahí se pagaron sueldos y salarios del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) y se pagó deuda de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, lo que hace un total de mil 800 millones de pesos desviados, además de que las obras que se hicieron con ese dinero no fueron licitadas, sino asignadas directamente, lo que constituye violaciones a la ley de deuda pública”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CORRESPONSALÍA.
FECHA: 12 ENERO 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=425985
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