En un comunicado, el organismo sostuvo que en el análisis jurídico ejecutado se acreditaron violaciones a los derechos humanos, a la seguridad jurídica, a la libertad personal y de tránsito, y a la no discriminación.
Precisó que dichas violaciones fueron cometidas por 22 servidores públicos adscritos al INM en agravio de 15 connacionales, transgrediendo lo establecido en el artículo 8, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
De acuerdo con la CNDH, los principales señalamientos expuestos en las quejas son: privación de la libertad, disparidad de criterios en la resolución de los procedimientos administrativos, imprecisiones en los informes sobre el aseguramiento de los agraviados, desestimación de documentos oficiales que acreditaban la nacionalidad, abuso de su condición de vulnerabilidad en la que se encontraban –ya que algunos de los quejosos salieron de sus comunidades de origen sin saber leer ni escribir y con poco o nulo dominio del idioma español– y dilación en el proceso de salida de las estaciones migratorias.
En el caso de dos agraviadas menores de edad, los servidores públicos no realizaron las acciones tendentes a garantizar que se encontraran acompañadas por personal capacitado y especializado en derechos de protección infantil, violando lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
El organismo precisó que la nacionalidad es un derecho humano que establece vínculo jurídico de protección del Estado hacia los ciudadanos, al otorgarles identidad y pertenencia, por lo que su no reconocimiento conlleva a un estado de indefensión de las personas ante la autoridad, caso que vivieron los 15 agraviados.
Por lo anterior, la CNDH solicitó al INM reparar los daños a las víctimas; garantizar los procedimientos que deberán seguir los servidores públicos que durante las revisiones migratorias se encuentren con personas que refieran ser mexicanos; establecer acuerdos interinstitucionales con el Instituto Nacional Electoral y con las Direcciones del Registro Civil de las entidades federativas, a efecto de comprobar en sus sistemas de registro los nombre de los mexicanos que se encuentren a su disposición.
También solicitó implementar un protocolo de atención para personas que sean presentadas en un recinto, estancia o estación migratoria, que el INM tenga duda razonable sobre su nacionalidad a fin de que se pueda verificar la documentación que aporte para acreditar la misma, señalando la manera específica en que se deberá resolver respecto de su situación jurídica en el término no mayor a tres días, sin que necesariamente se tenga que agotar este plazo a partir de que son puestos a disposición, publicándolo en el Diario Oficial de la Federación.
Asimismo, se deberá impartir a los servidores públicos encargados de realizar revisiones migratorias y de resolver la situación jurídica de los mexicanos, un curso sobre la relevancia del principio pro persona, con objeto de evitar violaciones a los derechos humanos de los connacionales, además de coadyuvar en el procedimiento administrativo de investigación que se inicie ante el Órgano Interno de Control en el INM contra los servidores públicos responsables.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=426071
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