Tanto la Constitución Mexicana, el Banco Mundial (BM) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tienen decretos sobre el salario mínimo y las características que debe tener. Al mismo tiempo, funcionarios y políticos hacen lo suyo, es decir, incluyen el tema en sus discursos, abogando siempre por un aumento. Independientemente de lo que se escriba o se proclame, diferentes estudios y la realidad, sostienen que en México los salarios no alcanzan para brindar una vida digna a las familias del país.
En los últimos 10 años, los aumentos salariales de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) no han sobrepasado los 3 pesos, y ese aumento fue en 2007, después de esa fecha a los trabajadores se les dan 2.21, 2.53 o –el más reciente– 2.94 pesos. En conjunto, el salario mínimo ha sumado 25.47 pesos más para, después de una década, ubicarse en 73.04 pesos.
Hablar de calidad salarial en México es hablar de la causa principal de la pobreza. Actualmente, 63.8 millones de mexicanos viven en pobreza por ingreso; es la población con ingreso inferior a la línea de bienestar y conforma 53.3 por ciento o más mitad de la población. De éstos, el 46.2 por ciento pertenece a los 55.3 millones que dice el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) incluye en pobreza multidimensional, más el 7.1 por ciento (8.5 millones de personas) denominadas “vulnerables por ingreso”.
El Banco Mundial establece un nivel de bienestar que se basa en el consumo. Por un lado, mide el gasto necesario para acceder a un estándar mínimo de nutrición y otras necesidades básicas y por otro, una cantidad que refleje de la participación en la vida diaria de las sociedades.
Eso es lo que está establecido en aquel organismo internacional, pero la Constitución Mexicana es clara en el Artículo 123: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley […] los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.
¿Se cumple el Artículo 123? De acuerdo con un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicado en noviembre pasado, resulta “humanamente imposible” que un trabajador pueda acceder a la Canasta Obrera Indispensable (COI) o canasta real, que es aquella que contempla los gastos de alimentos y servicios, es decir, la más completa. Para poder cubrir esos gastos, un trabajador tendría que laborar jornadas de 51 horas con 44 minutos.
La investigación realizada por el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) plantea que con el salario actual sólo se puede adquirir el 15.45 por ciento de la COI; sin embargo, no es un problema novedoso pero ha ido empeorando, ya que en el año 2000 se podía comprar el 21.87 por ciento y para el 2012, el 18.21 por ciento.
Uno de los realizadores del estudio, el doctor David Lozano Tovar, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, comentó en entrevista con SinEmbargo que los aumentos salariales que la Conasami y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), han elegido una estrategia que no traerá buenos resultados, porque de continuar con aumentos salariales de no más de 3 pesos, la clase trabajadora tendrá que esperar 111 años, para que el poder adquisitivo de su salario logre pagar la COI, suponiendo incrementos salariales de 4 por ciento.
Sí, 111 años y con la condición de que los precios de los alimentos y los servicios se mantengan como están ahora.
En los últimos tres años, el salario ha perdido el 9.65 por ciento de su poder adquisitivo, mientras que sólo para 2016 la Secretaría de Economía (SE) anunció una inflación del 3 por ciento.
En lo que respecta a la Canasta Alimenticia Recomendable (CAR) o ideal, tendrán que pasar 10 generaciones de trabajadores para poder acceder a ella, también en el entendido de que los precios de los componentes de esta no aumentarán.
En 10 años, el costo de la CAR se ubicará en los 602 pesos y con el salario mínimo se podrá acceder apenas a una sexta parte de ella. En el caso de la Obrera Indispensable, se aspirará a una dieciseisava parte, este índice representa el uso y consumo diario para una familia obrera de cuatro personas; está integrada por 35 bienes y servicios (27 alimentos, tres productos de aseo personal y del hogar, transporte como Metro, Metrobús o Microbús, energía eléctrica, gas y agua) para dos adultos, un joven y un infante; sin embargo, no incluye gastos como renta de vivienda, vestido y calzado, educación, salud y diversiones.
En la última década, los incrementos salariales no han rebasado el 4.20 por ciento y una de las consecuencias más graves de ello, es que 102 millones 425 mil mexicanos no pueden comprar la canasta básica constitucional, que tiene un costo equivalente a 16 salarios mínimos, así según el CAM sólo 2 millones 56 mil personas pueden acceder a ella: el 1.7 por ciento de la población.
EL GOLPE A LA CALIDAD DE VIDA
De acuerdo con el doctor Marcelo Delajara, Director del área de Crecimeinto Económico y Mercado Laboral del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), la problemática salarial que tiene México, tendrá efectos importantes en el aspecto de la movilidad social, cuestión que desde la perspectiva del Centro, tiene igual importancia que el acceso a la alimentación.
El hecho de que las familias destinen una mayor cantidad a los alimentos es una señal que indica un empobrecimiento de la población en general, explica Delajara.
“Cuando se analizan las cifras de pobreza, se cree que los problemas están concentrados ahí, en los pobres, pero los datos muestran que dado los cambios en el patrón del consumo, se encuentra que en general las familias dedican más de su gasto a la alimentación y eso es empobrecimiento porque dedican menos dinero para otras cosas como educación o salud, elementos que pueden verse resentidos”, comentó.
Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el salario debe cubrir las necesidades mínimas del trabajador y de su familia, teniendo en consideración las condiciones económicas y sociales de los países, es el costo para los empleadores y la principal fuente de ingresos de los trabajadores.
Pero según sus estimaciones, de 2012 a 2013, el salario real en México no tuvo crecimiento e incluso los números fueron negativos: menos 0.5 y menos 0.6 por ciento, reducciones incluyo mayores que las de Sudáfrica y Egipto.
Al respecto, Delajara sostuvo que además del debate de los salarios mínimos también debe abordarse el tema de los salarios medios, los que son realmente complicados de modificar porque dependen directamente de cuan productiva es la economía.
“En la medida que se tiene un crecimiento económico vigoroso, cosa que no tenemos, ya que la economía crece a un ritmo relativamente modesto, los salarios no van a crecer. Para eso se necesita un PIB que crezca al 5 por ciento para que eso jale un poco al salario medio […] y en los últimos 20 años, el crecimiento promedio de México ronda entre 2 y 2.5 por ciento”, dijo.
Un crecimiento constante y alto, es un factor que promueve la demanda de trabajo, que el salario aumente y la obtención de ganancia por productividad.
“El salario medio va de la mano del crecimiento económico. El salario mínimo está más de la mano de las políticas públicas, de los acuerdos entre empresarios, gobierno, sindicatos”, agregó Delajara.
Para Lozano Tovar, una cosa es lo que se habla de manera pública y otra lo que se hace en términos prácticos de política económica y sostiene que la prueba contundente de que el salario de los trabajadores puede aumentar de manera real es la desigualdad económica de sus habitantes.
“El salario lo que expresa es el precio del trabajo y 2.73 pesos por día es lo que vale para ellos la jornada […] El valor del trabajo se ha ido perdiendo, ya no hay forma de vivir con el salario que se gana, cada día que pasa se puede comprar menos, porque el salario vale menos. La población trabajadora asalariada ya no puede tener acceso a un nivel de vida digno”, comentó el investigador.
LA DESINDEXACIÓN Y LA HOMOLOGACIÓN
A finales de 2015, tanto la Conasami como la STPS, de la mano de legisladores y representantes de las principales cámaras empresariales, abogaron y festejaron la homologación y la desindexación del salario mínimo en el país –dejándolo en 70.10 pesos–.
Ese aumento de 1.83 pesos lo catalogaron como un “hecho histórico” que correspondía con las exigencias de toda una década de la clase trabajadora, esos 54.6 pesos extras al mes.
Según el académico de la UNAM, esas dos acciones se realizaron no por cuestiones económicas, sino con miras en el cobro de los impuestos y de nuevas sanciones. Explicó que el problema es que si los salarios no aumentan, no pueden hacerlo las multas, como hoy lo están y algunas, de manera desproporcionada.
“Mientras no suceda un cambio en la política económica, mientras sea puro discurso y digan y se lamenten que no pueden subir los salarios, todo es una burla para los trabajadores […] La situación económica se está poniendo cada vez más difícil, y esa situación, para los trabajadores, significa perder más cosas”, enfatizó Lozano Tovar, y agregó un dato más: “habrá que preguntarse, en 10 años cuánto ganará un diputado con base en el promedio de sus incrementos de los últimos 10 años. En una comparación, mientras el salario mínimo en el 2025, será de 96 pesos, el salario mínimo promedio que tendrá un funcionario o un diputado federal, será de 6 mil pesos diarios, por 30 días 180 mil pesos aproximadamente, libres de todo”.FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DANIELA BARRAGÁN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/19-01-2016/1598965
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