La desaparición de miles de personas en el país en el contexto de la inseguridad y violencia que llevan ya una década desbordadas fue revisada esta semana por los 15 países que integran el máximo órgano de la ONU, empezando por los cinco permanentes: China, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Rusia.
Al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto se reconoció la existencia de al menos 26 mil personas desaparecidas, aunque después el propio gobierno quiso darle otra dimensión y habló de 13 mil desaparecidos.
Pese a que la verdadera cifra se desconoce debido a la falta de registros confiables, el problema es de tal dimensión que mereció ser tratado en el Consejo de Seguridad, donde se toman las decisiones de sanción a los países miembros que violan el derecho internacional, entre ellos el del respeto a los derechos humanos.
El Consejo también puede proponer acciones de intervención internacional ante crisis humanitarias. Ante los pactos de impunidad entre la clase política para investigar y establecer responsabilidades, es cada vez más necesaria una intervención internacional humanitaria en México.
La hermana Consuelo Morales Elizondo, Premio Nacional de Derechos Humanos 2015 y fundadora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), estuvo en esa reunión del Consejo de Seguridad y le pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto aceptar ayuda internacional en estas tareas.
A partir de su experiencia en Monterrey, la religiosa habló de la impunidad generalizada que prevalece en el caso de las desapariciones.
El Estado mexicano lleva años demostrando al mundo que es incapaz de cumplir con su razón de ser: darle seguridad a las personas, tanto en su integridad, como en la posesión de sus bienes, y garantizar el respeto a los derechos humanos.
Y aunque no se puede afirmar que el Estado mexicano es el responsable directo de todas las desapariciones en el contexto de la confrontación armada entre los grupos que se disputan el mercado de las drogas, es evidente su fracaso en dar seguridad a sus habitantes.
Es tal el descrédito internacional de México que en esa misma reunión, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU Samantha Power le dio a México el mismo tratamiento que a Sri Lanka, tanto por el número de desaparecidos, como la respuesta de los gobernantes.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para el caso de los 43 normalistas desaparecidos, ha demostrado que mientras no haya un compromiso serio del Estado mexicano, la intervención internacional puede acabar en una frustración más.
Con el actual funcionamiento de las procuradurías de justicia, los pactos políticos de impunidad y las respuestas del Estado a la crisis de inseguridad, que no pocas veces son criminales –como la desaparición de personas a manos de policías o militares–, es claro que la solución a la crisis humanitaria en México está más allá de nuestras propias fronteras.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=428064
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