El anuncio generó una movilización política operada desde el Palacio de Gobierno para evitar que Salcido regresara a la presidencia y continúe al frente del TSJ Gabriel Sepúlveda Reyes, uno de los magistrados impuestos por el gobernador César Duarte quien además es priista, fue diputado local en la legislatura pasada y aspirante a la alcaldía de Parral en el 2013.
Salcido Romero acusó a Sepúlveda de echar abajo los adelantos que tuvo el Poder Judicial, ya que el cambio se dio en la entrega del nuevo edificio de este poder y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016.
José Miguel Salcido dijo que todo indicio y fortaleza que habían tenido se vino abajo, ya que su sucesor quitó el programa preventivo Soy Legal.
Unas horas después, el pleno del TSJ decidió no admitir su regreso, modificó el acuerdo por el que se le otorgó la licencia el 8 de diciembre pasado para indicar que ésta era permanente (de seis meses) y no provisional.
No sólo eso, además advirtieron que se la otorgaron como magistrado y no como presidente, por lo que declararon ausencia del titular del TSJ; enseguida, rindió protesta nuevamente Gabriel Sepúlveda Reyes.
“Más que proyectos personales, hay que asumir la responsabilidad de las instituciones”, señaló Salcido al referirse a Sepúlveda.
Durante la mañana, José Miguel Salcido presentó por escrito ante el Congreso y pleno del TSJ su decisión de dar por terminada la licencia y regresar a la presidencia del Poder Judicial, tras presentar la renuncia a su cargo con secretario de Educación ante el gobernador priista César Duarte.
En la primera rueda de prensa que dio, Salcido justificó que la decisión la tomó “por la urgente necesidad de retomar el tribunal, de atender los diversos aspectos que han sido descuidados y que apenas en un mes han provocado que la mayor parte de los programas que se habían implementado estén suspendidos o cancelados, y que el servicio de justicia esté demeritando la calidad en perjuicio de la sociedad”, acusó.
También dijo que durante su ausencia al frente del Tribunal, magistrados, jueces y organizaciones locales, nacionales e internacionales le habrían pedido, en privado, considerar la licencia y se reintegrara al Poder Judicial, porque era “verdaderamente preocupante quién ocupaba la presidencia”.
Salcido consideró que era su obligación retomar el Tribunal para seguirlo fortaleciéndolo, “en plena coordinación con el Ejecutivo y con el Legislativo”.
Aseveró que la puesta en marcha del sistema civil y familiar está en ceros, tanto en Chihuahua como en Juárez, por lo que resulta difícil que el sistema oral en esas materias inicie el 28 de febrero, como se tiene previsto.
En el sistema penal acusatorio, denunció, se ha relajado el trabajo de manera sensible, tanto en la gestión judicial como en el Instituto de Justicia Alternativa, que ha bajado las estadísticas en sus logros.
“La administración de recursos es discrecional, pues se había dado instrucción para que quienes ocupan juzgados tradicionales civiles y familiares y de justicia penal ya se integraran a este edificio, cuando éste debe ser revisado, pues ha habido percances que, si hubiera estado ocupado, hubiera habido daños a personas”, reiteró.
Salcido anunció que asumiría de nuevo la presidencia con la exigencia del respeto a la autonomía y a la independencia del Poder Judicial, privilegiando la impartición de justicia y para retomar el buen paso y liderazgo nacional que habían logrado los magistrados de la entidad.
De inmediato, Sepúlveda Reyes dijo que él aún era presidente, y debido a ello ambos magistrados despacharon durante horas en el edificio del Poder Judicial: uno en la oficina de la presidencia y el otro en el salón de plenos.
“Ignoro en qué se basa, definitivamente no existe un fundamento legal en el que pudiera hacer esa afirmación porque la presidencia es una posición que cubre un periodo de cuatro años. Fui designado para culminar el periodo que inició el magistrado (expresidente) Alberto Vázquez Quintero, pedí licencia y ahora la he dejado sin efectos. Sepúlveda podría incurrir en una figura sancionable penalmente. El pleno no tiene facultades legales para destituir al presidente, sería ilegal, y me queda promover un juicio de amparo porque la acción denotaría poco respeto por el estado de derecho”, argumentó Salcido.
Más tarde, el pleno del TSJ sesionó y determinó que Salcido no regresara, rindió protesta Sepúlveda y el pleno acordó también responder el oficio a José Miguel Salcido para indicarle que es el Congreso el que debe analizar su situación, con el fin de que les indique si se reincorpora como magistrado, no como presidente.
Previo a la sesión del pleno, llegaron agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) e hicieron correr el rumor de que Salcido podría ser detenido; no se dijo qué cargo le imputarían, pero la tensión incrementó entre los equipos de ambos magistrados.
De manera simultánea a la sesión del pleno, en el que no estuvo presente Salcido, el empresario Jaime Galván Guerrero (quien financió la campaña de Duarte y organizó un concierto privado en su casa con el cantante Luis Miguel en el 2013) llegó a la oficina de Salcido para hablar con éste en privado.
De manera extraoficial se informó que fue el enviado del gobierno estatal para negociar con Salcido, pero éste no cedió y, al salir del recinto, anunció que interpondrá el amparo.
Jaime Galván aseguró que acudió a la oficina de la presidencia del TSJ porque la esposa de Salcido es de Delicias y quiso enviarle saludos al exsecretario de Educación, a pesar de que no era oficial aún el regreso de José Miguel Salcido.
Salcido Romero dijo que Galván acudió a visitar a Sepúlveda pero cuando vio tanta gente, prefirió irse. Ambos se contradijeron y al finalizar la entrevista con medios locales, durante esta tarde, advirtió:
“Para que a una cobija se le quite el polvo, hay que darle una sacudida”.
Con esta ruptura, el equipo de César Duarte fue puesto en entredicho por diferentes actores sociales, que han criticado la intromisión del Ejecutivo en los otros dos poderes.
José Alberto Luévano Rodríguez, secretario general del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional, recordó que ellos advirtieron con oportunidad que la licencia de Salcido sólo fue una burda estrategia política del gobernador César Duarte Jáquez “para minar la fuerza e independencia del Poder Judicial y someter a su capricho y voluntad la impartición de justicia en Chihuahua”.
Con esa situación, dijo el líder panista, se exhibe el grave deterioro que han ocasionado las intromisiones del gobernador en la vida de las instituciones y su irrespeto a la división de poderes en la entidad.
“Es además denigrante el trato que el Ejecutivo estatal otorga a los magistrados de carrera del Poder Judicial, pues más allá de trastocar la vida institucional de ese poder de gobierno, los coloca en una posición de descrédito y desconfianza frente a la sociedad, y con ello pone en grave riesgo la impartición de justicia en Chihuahua”, acusó.
El secretario general de Gobierno Mario Trevizo Salazar anunció que en las próximas horas darán a conocer al nuevo titular de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=425310
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