En un comunicado, el Consejo de la CDHDF manifestó su preocupación por aspectos relacionados con el Reglamento que no están suficientemente claros y en los que la ciudadanía que vive y transita en la Ciudad de México no ha recibido la información suficiente.
Según el organismo de derechos humanos, entre esa información destacan los criterios técnicos considerados para establecer los límites de velocidad fijados en el Reglamento, así como la forma en la que se da certeza de que no existen fallas al reportar que se superaron esos límites de velocidad.
De igual manera, las bases sobre las cuales se fijó el porcentaje de recaudación de las multas, que será otorgado a la empresa que proporciona los servicios tecnológicos, y la discrecionalidad con la que las y los servidores públicos definen el monto de la multa dentro de los rangos establecidos en el Reglamento.
También, qué elementos se tomaron en cuenta para decidir la ubicación de los radares y el equipo de foto multas, así como la forma en la que se da plena certeza a las personas de que no existen fallas al reportar que se superaron los límites de velocidad.
Asimismo, la falta de un procedimiento claro que permita dar certeza del tiempo en que se recibirá una multa, una vez que se identifica que se ha cometido una infracción al Reglamento de Tránsito, además de las medidas para garantizar que no se afecte el derecho a la imagen de las personas que sean captadas en las mismas.
De acuerdo con la CDHDF, es necesario revisar la privatización del régimen de sanciones, y explica que “privatizar implica generar incentivos para obtener ingresos. Esto es perfectamente compatible con actividades de mercado, pero no lo es con la función sancionadora del Estado”.
E informó que desde diciembre pasado documenta lo relacionado con una queja que recibió sobre el tema, en la que se argumenta vulneración al derecho a un medio ambiente sano en la Ciudad de México en relación con los límites de velocidad establecidos en dicho Reglamento.
“Esta Comisión se mantiene atenta para recibir y seguir la documentación de quejas, al tiempo de que ya solicitó a las autoridades correspondientes información sobre estas inquietudes, más las que recabe de instancias académicas especialistas en la materia”, para determinar posibles violaciones a derechos humanos que deberán ser atendidas en beneficio de las personas que habitan y transitan la Ciudad de México, apuntó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427696
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