El organismo presentó ante los medios un amplio análisis jurídico sobre el decreto emitido por el gobierno de Graco Ramírez Garrido y que obliga a los municipios a acatar este esquema, cediendo el control de las policías a la Comisión Estatal de Seguridad.
Luego de colocar una ofrenda en memoria de las víctimas de la violencia y los desaparecidos, la coordinadora del organismo que aglutina a las más importantes asociaciones, barras y colegios de abogados en la entidad, Sara Olivia Parra Téllez, expuso que el decreto es “un exceso”, dado que violenta la autonomía municipal plasmada en el artículo 115 constitucional.
“Consideramos que hay una violación al artículo 115 constitucional, que habla de la autonomía de los municipios. La medida que se tomó, con sus considerandos que establecen como principal argumento el asesinato de la alcaldesa Gisela Mota y la causal de un caso fuerza mayor, implica un exceso por parte del Ejecutivo”, señaló.
También dijo que esta causal –el que Morelos viva una situación de fuerza mayor– “no está debidamente acreditada. La incapacidad de los municipios para garantizar seguridad no está tipificada, porque ni siquiera se les ha permitido a los gobiernos recién electos demostrar su capacidad para garantizar la seguridad a los ciudadanos”.
“Hay una invasión en las competencias que afecta el equilibrio de poderes y la supremacía constitucional, más que evidente”, asevero Parra Téllez.
En este contexto, ofreció a nombre de las organizaciones que conforman el Consejo Estatal de Abogados asesoría jurídica a los municipios que así lo requieran para ir a la controversia constitucional.
Los decretos
El domingo 3, el gobernador Graco Ramírez utilizó el argumento de la ejecución de Gisela Mota Ocampo en Temixco para asumir el “control operativo” de los cuerpos policiacos de 15 municipios.
Un día después de la ejecución de la alcaldesa de Temixco, el mandatario ofreció una rueda de prensa en la que se hizo acompañar de representantes del gobierno federal y de su gabinete de seguridad, para advertir que los hechos ocurridos ese sábado “son un desafío que no vamos a tolerar”, por ello, con base en supuestas facultades que le otorga la ley, así como “con la confianza del gobierno federal”, anunció que los cuerpos policiacos municipales quedarán bajo el mando del gobierno estatal.
Luego anunció la publicación de 15 decretos en el periódico oficial Tierra y Libertad, uno por cada municipio, en los que se expondrán las razones y los argumentos legales para imponer esta medida. Los municipios incluidos son Cuernavaca, Temixco, Jojutla, Zacatepec, Emiliano Zapata, Ayala, Ocuituco, Xochitepec, Huitzilac, Jiutepec, Tlayacapan, Temoac, Jantetelco, Tepalcingo y Tlaquiltenango.
En esa conferencia no se permitieron preguntas, pero Graco Ramírez enmarcó el anuncio en los hechos ocurridos ese sábado en los que fue ejecutada la presidenta municipal de Temixco, Gisela Mota Ocampo. Dijo que “no cederemos” ante el embate de la delincuencia organizada, por lo que con la supuesta anuencia del gobierno federal decidió decretar la subordinación de los cuerpos policiacos municipales al mando único estatal, encargado al titular de la Comisión Estatal de Seguridad, Jesús Alberto Capella.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CORRESPONSALÍA (PROCESO)
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=425902
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