Primero, expertos internacionales tumbaron la versión oficial del entonces Procurador General de Justicia, Jesús Murillo Karam, que aseguraba que los jóvenes fueron asesinados por sicarios del narcotráfico y quemados en un basurero de Cocula, Guerrero. También denunciaron casos de obstrucción a la justicia por parte de diversas autoridades.
Ahora es la propia justicia mexicana la que advierte de errores e inconsistencias cometidas por los primeros investigadores que se acercaron al lugar de los hechos y cuyo trabajo es la base de la mayoría de los procesos penales que se encuentran en marcha.
La sentencia del Juez, fechada a finales de 2015 pero que no había salido a la luz pública hasta ahora, ordena corregir los errores de la investigación que se sigue contra 22 de los policías acusados de cuatro de las seis muertes que tuvieron lugar a finales de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron víctimas de un ataque armado.
El fallo, al que tuvo acceso The Associated Press, dice que la Fiscalía de Guerrero “no efectuó un análisis amplio y acucioso” de los hechos y considera que los vínculos de los policías con los homicidios no están ni probados, ni fundamentados, ni motivados, por lo que exige al juez que corrija los “vicios” del caso y dé los “razonamientos lógico-jurídicos” y las pruebas que puedan sostener los cargos.
En caso contrario, los agentes podrían ser exonerados.
El documento se refiere sólo a cuatro homicidios pero abogados y analistas sostienen que su repercusión podría ir más allá porque los 22 policías amparados también están procesados, en otro expediente, por la desaparición de los 43 estudiantes y los autos de detención de la mayoría del resto de los detenidos, que son más de un centenar, los realizaron las mismas autoridades cuyo trabajo es cuestionado ahora.
La Procuraduría de Guerrero fue la encargada de consignar los hechos y evidencias de los sucesos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 y llevó toda la investigación durante 21 días.
Después, ante la conmoción internacional que tuvo el ataque y la aparición de fosas clandestinas en la zona, la PGR asumió la indagatoria de las desapariciones pero no de los homicidios, aunque desde un primer momento se apuntó a que los responsables de todos los crímenes eran los mismos policías y autoridades locales vinculadas con el crimen organizado.
Los seis asesinatos quedaron en manos de tribunales locales y fueron considerados homicidios ordinarios, incluido el de Julio César Mondragón, el estudiante de 22 años cuyo cadáver fue encontrado torturado y con el rostro desollado.
Para Sayuri Herrera, abogada de la familia de Mondragón, la sentencia es “muy preocupante” porque demuestra que todo el caso se construyó sobre “cimientos de barro” con “graves errores en la investigación” porque la consignación de hechos y evidencias “se hizo mal”.
“Casi todos los procesos en marcha podrían caerse porque casi todos fueron tramitados, al menos al principio, por las mismas personas”, dijo Herrera.
El documento critica, por ejemplo, que lo único que se aporte para procesar a los agentes por los homicidios sean los testimonios de supervivientes y cuestiona su validez como prueba de cargo porque los testigos hablan de ataques distintos en lugares diferentes, de los que se culpa a las mismas personas sin explicar qué hizo cada una de ellas y sin indicios que los vinculen directamente.
La Fiscalía estatal no respondió a múltiples llamadas de AP para recabar su opinión sobre la sentencia, que ahora está bajo revisión de un Juez federal.
Un investigador del caso, que pidió el anonimato por no estar autorizado a dar declaraciones, coincidió con Herrera al asegurar que todo está en riesgo porque la investigación federal tiene “los mismos problemas” que los señalados en esta sentencia.
El experto dudó de si los tribunales de Iguala podrán aportar las pruebas solicitadas teniendo en cuenta que los hechos ocurrieron hace casi 16 meses y se cometieron errores que podrían ser irreparables.
Además, recordó que, al margen de esos problemas, en la investigación por los 43 desaparecidos hay detenidos que dicen haber sido torturados lo que, si se confirma, podría invalidar esos otros procesos.
La PGR , al ser consultada por AP, se limitó a señalar que la sentencia “no impactará” en el resto del caso porque afecta a delitos del fuero común, homicidios, y no a los delitos federales por los que están acusados los policías como el crimen organizado y el secuestro. La investigación no los sindica de desaparición forzada.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lleva meses insistiendo en que tanto las desapariciones como los homicidios se agrupen bajo mando federal porque eso facilitaría hacer justicia ante un ataque que ellos calificaron de “indiscriminado” y “coordinado” contra los estudiantes de Ayotzinapa.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) no quiso hacer comentarios a AP sobre la sentencia, pero en septiembre, cuando publicó su informe, ya adelantaba lo que el amparo parece confirmar, que todo el caso tiene errores de base que podrían invalidarlo y mencionaba, en concreto, la confusión sobre lugares y horas de los hechos o la mezcla de pruebas balísticas.
Después de la publicación del documento, que cuestionó muy duramente al Gobierno de Enrique Peña Nieto, el Ejecutivo se comprometió a atender las recomendaciones de los expertos y puso en marcha un nuevo equipo de investigación, pero casi 16 meses después del crimen todavía no se sabe totalmente qué pasó aquella noche en Iguala, por qué ocurrió, ni el destino de 43 jóvenes.
Para José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Right Watch (HRW), la sentencia de amparo es un “excelente ejemplo de la incompetencia crónica de operadores de justicia que no respetan estándares mínimos de una investigación judicial profesional”.
“Lo ocurrido demuestra una vez más que México debe cambiar radicalmente su forma de investigar delitos, haciendo énfasis en la evidencia científica u objetiva”, afirmó al ser consultado por AP.
Vivanco enfatizó que este tipo de prácticas no serán erradicadas a menos que haya consecuencias para los responsables. “Si la conducta negligente de estos funcionarios queda impune y no hay sanciones, difícilmente México podrá mostrar mejorías en derechos humanos.”
Antes de que pueda comprobarse si este amparo supone un punto de inflexión en todo el caso, se abren tres opciones, según la abogada de los Mondragón: que se ofrezcan nuevas pruebas y el juez de Iguala pueda argumentar adecuadamente cada acusación; que el magistrado exonere a los inculpados —aunque no saldrían de momento de la cárcel porque están también acusados por los 43— o que decline su competencia a favor de jueces federales.
Sayuri Herrera confió en que el juez federal que está revisando la sentencia la “acote” para minimizar las posibilidades de que los policías puedan ser exonerados y para garantizar que los abogados de las víctimas tengan tiempo suficiente para aportar nuevas pruebas.
Pero en el mejor de los casos, agregó Herrera, la situación actual “es casi como empezar de cero”. Y eso implica “más tiempo, más dinero y más desgaste para nosotros”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: MARIA VERZA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/12-01-2016/1596526
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