En un pronunciamiento suscrito por el obispo de Saltillo Raúl Vera López y los expertos en derechos humanos Luis González Plascencia, Armando Guevara Ramos, Mara Hernández, Adriana Muro y Jorge Carlos Toledo Sauri, entre otros, destacan que el trabajo del GIEI no sólo requiere del apoyo de la sociedad y de las propias víctimas, sino también del respaldo –expresado públicamente– de las más altas autoridades mexicanas.
En este sentido, apuntan, es necesario recordar que el Estado mexicano aceptó la conformación del GIEI el 18 de noviembre de 2014 en el marco de medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De acuerdo con el texto, también firmado por organizaciones como Artículo 19, Centro Nacional de Comunicación Social AC (Cencos), Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos AC y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, entre muchas otras, el GIEI fue designado por la CIDH el 16 de enero de 2015, y sus integrantes fueron escogidos de entre las propuestas hechas tanto por el Estado mexicano como por los peticionarios.
“Los representantes del Estado mexicano estuvieron al tanto del alto perfil y el prestigio de cada uno de sus integrantes”, destaca el pronunciamiento.
Señala que desde el inicio de sus labores, el 1 de marzo de 2015, el GIEI señaló las fallas y omisiones de la investigación oficial sobre el paradero de los estudiantes, reivindicó la centralidad de las víctimas dentro del proceso, y mediante un contundente informe presentado en septiembre de 2015, ofreció nuevas líneas de investigación que deben agotarse.
El informe del GIEI, añade, ha sido considerado como uno de los más relevantes documentos sobre la situación de los derechos humanos en México en los últimos años.
Adicionalmente el GIEI se encuentra en una fase decisiva, pues su segundo mandato, para el que se le habilitó a seguir supervisando técnicamente la investigación, se extiende en principio hasta el próximo 30 de abril.
Sin embargo, conforme el GIEI ha avanzado hacia el esclarecimiento de los hechos, “se ha activado una campaña mediática y política que busca mermar la legitimidad y el reconocimiento que ha alcanzado su trabajo y de esta forma confundir a la opinión pública”.
La existencia de dicha campaña es evidente, si se considera la sincronía de los mensajes, el despliegue de recursos económicos y la reiteración de los señalamientos infundados, lamentan los defensores de derchos humanos y las organizaciones no gubernamentales.
“Aunque el objetivo de la campaña hasta ahora se ha centrado en descalificar a las fiscales Ángela María Buitrago y a Claudia Paz y Paz, señalándolas falsamente como afines a intereses ilegítimos y presentándolas como responsables de una supuesta manipulación de procesos jurídicos en Colombia y Guatemala –soslayando que su calidad moral y técnica es ampliamente reconocida en sus países de origen y en la región–, es claro que los esfuerzos se dirigen a deslegitimar el trabajo del GIEI en su conjunto y así entorpecer el esclarecimiento del caso”, puntualiza el texto.
Prosigue: “No puede soslayarse que las descalificaciones se han dirigido contra las dos fiscales mujeres, quienes de manera estrecha trabajan con la Procuraduría General de la República en el expediente del caso, incorporando elementos discriminatorios en razón de género.
“Esta campaña coincide con otros obstáculos que han entorpecido el trabajo del GIEI; señaladamente, la reticencia del gobierno federal a permitir que las expertas y expertos entrevisten a elementos del 27 Batallón de Infantería que podrían aportar datos relevantes para el esclarecimiento pleno de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre, siendo un hecho probado que al menos uno de ellos fungió como pasivo testigo presencial de la agresión contra los normalistas”.
En este contexto, los firmantes del pronunciamiento manifiestan su respaldo al trabajo que el GIEI realiza en México, y recuerdan que el Estado mexicano “está obligado a demostrar que se encuentra comprometido con la búsqueda de la justicia y la verdad para los normalistas de Ayotzinapa y sus familias, sobre todo en estos meses definitivos, considerando la extensión del mandato del GIEI”.
El respaldo público al GIEI y la eliminación de los obstáculos que impiden la realización de su mandato son un paso obligado para demostrar que el gobierno de Enrique Peña Nieto enfrenta con seriedad la grave crisis de violaciones a derechos humanos de México, concluye.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=426980
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