Esta red de complicidades no se limita a los políticos: en muchos casos involucra a empresarios y, desde luego, también a miembros de la delincuencia organizada.
El caso de Humberto Moreira y sus más cercanos colaboradores (Héctor Javier Villarreal, quien fue el tesorero de su gobierno; Jorge Torres López, su secretario de Desarrollo Social y gobernador interino cuando él dejó el puesto para ocupar la presidencia del CEN priista, y el empresario de la comunicación Rolando González Treviño) revela plásticamente esta realidad.
En el acuerdo con el gobierno estadunidense firmado el 3 de abril del año pasado, en el que se declara culpable de asociación delictuosa para desviar dinero del erario de Coahuila a sus cuentas en Estados Unidos, González Treviño expone con lujo de detalles una de las tramas del caso.
En ese documento él admite que le transfirieron 1.8 millones de dólares del gobierno del estado a una cuenta en el First National Bank en Edimburg, Texas, como pago por una estación de radio con cobertura en varios municipios del norte del Estado; pero también revela que en dicha trama estaban involucrados hombres de negocios de varios ramos que le prestaban servicios al gobierno coahuilense.
Pero ni él era el único beneficiario de dicha trama ni ésta fue la única que operó durante el gobierno que encabezó Moreira, lo que se hace evidente cuando el tesorero Villarreal aceptó entregar 8.8 millones de dólares al erario estadunidense (en propiedades y en depósitos en una cuenta en las Bahamas) para poder enfrentar su juicio en libertad, y cuando el mismo gobierno norteamericano le incauta a Torres (gobernador sustituto), todavía prófugo, 2.8 millones depositados en una cuenta en las Bahamas.
El círculo se cierra cuando se hace público que la justicia española también investiga a Moreira por sus presuntos vínculos con grupos del narcotráfico y se revisan los antecedentes de la familia González Treviño, y cuando se evidencia que en 1994 el Ejército detuvo en La Paz, Baja California Sur, al narcotraficante Juan Chapa Garza en momentos en que se aprestaba a abordar un avión propiedad de Roberto Casimiro González Treviño, hermano de Rolando e involucrado asimismo en la trama que éste reveló, y que además le había comprado un salón de fiestas, denominado en aquel momento Candilejas.
Tanto en Estados Unidos como en España, la clave para incriminar a los presuntos delincuentes ha sido seguirle la huella al dinero. Aunque los montos son muy diferentes en cada uno de los casos, lo cierto es que son muy pequeños si se comparan con los más de 36 mil millones de pesos de nueva deuda que le heredó Humberto a su hermano Rubén, y aun en el caso de que los últimos 12 mil millones fuesen responsabilidad de su sucesor, no hay disputa en torno a los 24 mil millones de pesos que Humberto Moreira contrajo como deuda.
Estas transacciones financieras han sido suficientes para que en estos países se puedan integrar averiguaciones previas que permiten girar órdenes de aprehensión, detener a los involucrados (al menos en dos de los casos en Texas y uno en España) y en dos casos obligarlos a firmar convenios de aceptación de culpabilidad como vía para llevar su juicio en libertad y establecer máximos a las posibles sanciones.
Mientras tanto, en México, donde el monto total del incremento de la deuda pública durante la gestión de Humberto Moreira es al menos 100 veces superior a la suma del dinero involucrado en los casos que son investigados en el extranjero, no se logra integrar un expediente que pueda ser consignado ante el Poder Judicial.
Las razones hay que buscarlas en las complicidades y los compromisos políticos. Durante los dos sexenios en los que el PRI no ocupó Los Pinos fueron sus gobernadores los que derivaron recursos del erario de sus respectivas entidades para complementar el financiamiento de las campañas políticas de los candidatos priistas.
El crecimiento de las deudas no es privativo de Coahuila. Todo lo contrario: casi se convirtió en una constante de los mandatarios del tricolor. El diario Reforma publicó recientemente cifras que revelan los altos niveles de endeudamiento de los gobiernos de Nuevo León, Chihuahua y Veracruz, entre los más significativos.
Esta exigencia de financiar las campañas políticas permitía extraer recursos del erario, aunque no todo se canalizaba a tal fin; aparentemente una parte se dedicaba a ese propósito, y otra iba a parar a los bolsillos de los funcionarios públicos involucrados.
Las denuncias de los partidos de oposición en cuanto a los recursos usados para la compra del voto a través de las tarjetas Monex y Soriana durante la campaña de Peña Nieto nunca fueron aclaradas de manera satisfactoria por las autoridades electorales. Hasta hoy prevalecen las dudas sobre los montos, así como el origen y el destino de dichos recursos.
Quizás algunas de estas dudas se resolverían si se revisaran en forma acuciosa y profesional las finanzas de los estados gobernados por priistas, entre las cuales difícilmente podría excluirse a Coahuila. Por ello no es de extrañar la cautela con la que reaccionó el gobierno federal al conocerse la detención de Moreira y el ofrecimiento de la dirigencia nacional priista de apoyar su defensa jurídica.
Moreira llegó a la dirigencia nacional del PRI el 4 de marzo de 2011 gracias al apoyo de Peña Nieto y con la encomienda de desbrozarle el camino para la precandidatura única. Esto se concretó el 27 de noviembre de dicho año, cuando el mexiquense se registró como precandidato, unos días antes de que Moreira tuviera que renunciar a la presidencia del CEN ante el escándalo de la deuda coahuilense.
Así, incluso antes de que Peña Nieto fuera candidato oficial del tricolor a la Presidencia de la República, se desató lo que podría considerarse como el precursor de los escándalos de corrupción y conflictos de interés que han marcado a su gobierno. Y eventualmente, si las autoridades españolas logran seguirle la pista al dinero y desenredar la madeja, el juicio contra Humberto Moreira pudiera convertirse en la puntilla.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427559
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