Mientras tanto, el gobierno del estado debió iniciar el año invirtiendo fuertes cantidades de dinero para tratar de limpiar la imagen del estado, a consecuencia del asesinato de la alcaldesa que lo colocó a escala internacional como una entidad peligrosa para el ciudadano común e incluso para las propias autoridades.
En los primeros minutos del año, en el municipio de Coatlán del Río, al surponiente de la entidad, el cuerpo de una mujer fue encontrado con varios disparos de arma de fuego. La víctima fue reconocida con el nombre de Mireya Reina, de 32 años.
Los vecinos del lugar informaron que pasadas las 6:00 horas del 1 de enero se escucharon disparos y minutos después un hombre que salía a la cancha deportiva ubicada a unos pasos del domicilio. En el lugar fue encontrado el cadáver de una mujer que tenía un impacto de bala en el cuello y dos más en el tórax. Personal del Servicio Médico Forense encontró 14 casquillos de un arma calibre 9 milímetros.
Luego, el 2 de enero, pasadas las 7 de la mañana, en su domicilio en el poblado de Pueblo Viejo, en Temixco, la alcaldesa de esa localidad, la exdiputada federal Gisela Raquel Mota Ocampo, fue asesinada por un comando armado que allanó su domicilio, ingresó a la casa, reunió a toda su familia en la sala y luego de identificarla, la asesinó de cuatro disparos.
De acuerdo con la familia, los asesinos ingresaron al domicilio gritando y con las armas dispuestas. A gritos preguntaron en varias ocasiones: “¿Quién es Gisela?”, a lo que la alcaldesa respondió: “Yo soy Gisela”. Enseguida ahí, frente a la familia, la asesinaron de cuatro disparos. Luego huyeron.
Fueron perseguidos por el padre y un hermano de la alcaldesa, quienes de casualidad encontraron a una patrulla, cuyos elementos les prestaron apoyo. Fueron detenidos dos presuntos atacantes, uno menor de edad, y después una mujer. Los tres están bajo proceso por homicidio calificado y feminicidio.
Dos presuntos atacantes más cayeron muertos en los siguientes minutos y fueron asegurados tres vehículos y armas de varios calibres.
La noticia dio vuelta a escala internacional, pues Gisela Mota, además de ser mujer y joven, había tomado posesión apenas 15 horas antes de que la atacaran y asesinaran. Ha sido reconocida como una mujer entusiasta, conciliadora y con visión de gobierno.
El gobernador Graco Ramírez aseguró que detrás del asesinato está el grupo criminal denominado Los Rojos, que se disputa el territorio morelense con el denominado Guerreros Unidos, mismo que está acusado de llevar a cabo la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.
El jueves 7 de enero se realizó una manifestación en Temixco para exigir justicia por Gisela Mota. Al lugar acudieron miles de personas custodiadas por un helicóptero del Mando Único del gobierno del estado. Justo al terminar la manifestación, por la noche, fue encontrado el cuerpo sin vida de otra mujer.
En el mismo municipio, en Temixco, fue localizado el cadáver de la mujer que tenía lesiones en el cuello. Los hechos se registraron en la calle Guadalupe esquina con Oaxaca, en la colonia Benito Juárez. Hasta el momento no se tiene más información sobre la identificación de esta víctima.
En tanto, el domingo pasado en Cuernavaca, una niña de apenas 10 años falleció a consecuencia de disparos de arma de fuego. La menor circulaba con su familia en un vehículo Bora color rojo por la calle Jacarandas de la colonia Satélite de Cuernavaca, cuando un grupo de individuos que viajaban en un taxi se les emparejó y disparó ráfagas en su contra. En el lugar quedó muerto además su hermano de 13 años y uno de sus familiares adulto, también murió en el hospital minutos más tarde.
Finalmente, el cadáver de una mujer, semidesnuda y degollada fue encontrado en la mañana de este miércoles a las orillas de la carretera Cocoyoc-Exhacienda El Hospital, en el municipio de Yautepec, a escasos 300 metros de una tienda de autoservicio. El cuerpo presentaba huellas visibles de tortura, y se encontraba desnudo de la cintura a los pies.
La alerta de género
El 10 de agosto pasado, la Secretaría de Gobernación, luego de un proceso que duró más de dos años, declaró por fin la Alerta de Violencia de Género en ocho municipios de la entidad. Sin embargo, esto realmente no ha traído como consecuencia la disminución de los feminicidios.
Aunque el gobierno de Graco Ramírez señaló entonces que “había solicitado” la declaración, como “un acto de responsabilidad social”, la verdad es que la misma fue producto del trabajo de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), quienes realizaron la documentación de casi 530 casos en los últimos 13 años, entre 2000 y 2013, y más de 150 casos desde la llegada del gobierno perredista, en octubre de 2012.
Por si fuera suficiente, según Juliana G. Quintanilla, presidenta de la CIDHM, al número de denuncias y carpetas de investigación que se van acumulando en la Fiscalía General del Estado, subyace un registro negro de aquellas mujeres que mueren y cuyos casos son “naturalizados”, porque los hechos ocurrieron en entornos violentos per sé, tales como bares o prostíbulos.
En el 2015 el número de feminicidios se incrementó. De acuerdo con las organizaciones civiles, fueron 46 asesinatos violentos el año pasado, de los cuales 18 se registraron después del 10 de agosto, día en que se declaró la alerta de género.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CORRESPONSALÍA (PROCESO)
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=426144
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