Tras la sentencia, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) exigió a las autoridades que investiguen también al general Felipe de Jesús Espitia Hernández, quien permitió que un grupo de élite desapareciera y asesinara personas.
La sentencia, histórica, fue emitida el miércoles pasado y es la primera emitida en Chihuahua contra un militar de alto rango después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobara en el 2011 la restricción del fuero militar cuando se violen derechos humanos de civiles.
El juez también sentenció a 33 años de prisión a los militares subalternos Everaldo Cludualdo Vega, Jorge Luis Calvario Abarca y Martín Jaime Juárez Reyes, por los delitos de tortura, homicidio e inhumación de cadáver.
En tanto que Marcelo Cruz Ramírez y Ramón Natividad Loya Romero, fueron sentenciados a tres años tres meses de prisión por el delito de tortura, pena que ya compurgaron por lo que el juzgador ordenó su liberación de la prisión militar en el campo militar 1-A del Distrito Federal.
Las víctimas del coronel, excomandante del 35 Batallón de Infantería en Nuevo Casas Grandes y los otros militares eran Jesús Alberto Campos Moreno y Jorge Alejandro Yáñez Moreno, quienes fueron “levantados” el 18 de octubre de 2009 y posteriormente los encontraron muertos.
Luján Ruiz estaba bajo el mando del general Felipe de Jesús Espitia en Chihuahua cuando los dos hombres fueron desaparecidos y asesinados.
Ambas víctimas iban en un vehículo Derby blanco que conducía Campos Moreno cuando fueron abordados por agentes municipales.
Debido a que supuestamente les encontraron un arma de fuego, los entregaron a militares que los llevaron al cuartel del 35 Batallón, donde fueron torturados con método de ahogamiento para que confesaran su relación con un grupo delictivo.
Una de las víctimas murió y el coronel Elfego José Luján ordenó matar a la otra para no dejar testigos. Luego los enterraron en una fosa clandestina en una brecha de la carretera de Janos a Agua Prieta, Sonora.
Más casos
También se le responsabiliza de otros asesinatos, incluidos militares.
La causa penal 181/2010 radicada en el Juzgado Quinto Militar de la Primera Región señala a Luján Ruiz como responsable de ordenar la tortura y homicidio de los soldados Mario Alberto Guerrero León El Janos y Mario Alberto Peralta Rodríguez El Capulina quienes, aseguraron, desertaron para trabajar con el grupo delictivo La Línea. Sus cuerpos fueron localizados en una brecha en el municipio de Ascensión.
El 29 de diciembre de 2009, los primos Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Alvarado Herrera, desaparecieron del domicilio de unos familiares en el ejido Benito Juárez del municipio de Buenaventura. Presuntamente quienes se los llevaron eran militares bajo las órdenes de Luján Ruiz.
Las familias de los tres primos viajaron hace seis años al ejido Benito Juárez para recibir el nuevo año cuando un grupo de 10 militares arribó a la casa de uno de los familiares y poco después capturaron a Nitza Paola y a su primo José, quien trató de defenderla.
En otra casa ingresó otro grupo de militares y se llevó a Rocío Irene Alvarado Reyes. Hasta ahora desconoce la causa de la desaparición porque ni siquiera les mostraron una orden de aprehensión.
La familia se presentó en el 35 Batallón para exigir la entrega de los tres primos, pero no les permitieron acercarse ni a la caseta. Iniciaron una serie de trámites infructíferos hasta que el 6 de enero de 2010 levantaron un reporte por desaparición forzada ante la Séptima Agencia Investigadora del Ministerio Público de la Federación en Ciudad Juárez. El 20 de febrero, esa autoridad declinó el caso al fuero militar.
El 3 de febrero, Nitza Paola habló a su casa para avisar que estaba detenida en la cárcel de mujeres de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, para que la buscaran. Aún no se sabe nada de ella ni de sus primos.
La hermana de Nitzia Paola, María de Jesús Alvarado Espinoza, ha gestionado sin éxito que la PGR entre al campo militar donde está detenido Élfego José Luján, para que le pregunten el paradero de las tres víctimas, ya que –afirma—él ordenó su detención.
El caso se encuentra ya en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), ya que el Estado mexicano no ha logrado resolver el caso. Además gran parte de la familia tuvo que exiliarse a Estados Unidos luego de que fueron amenazados y acosados.
El caso de los Alvarado, es el primero del Operativo Conjunto Chihuahua, que llega a instancias internacionales para su revisión.
Sentencia limitada: Cedehm
Luz Estela Castro Rodríguez, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), consideró que la sentencia contra el coronel del Ejército es “limitada” si se toma en cuenta “todas las atrocidades que hizo ese coronel en el estado de Chihuahua. Es una evidencia de que esos operativos han sido siempre un fracaso”.
La abogada considera que hay muchos más casos y evidencias “que escarbar” en una conducta del Ejército, que ha sido reiterativa en la entidad.
“Había un grupo que se llamaba Gafe y que tenía como objetivo específico desaparecer personas, ejecutarlas extrajudicialmente, torturarlas como una manera sistemática. Habría que ver cuántas desapariciones de aquel tiempo tienen que ver con las fosas clandestinas y los delitos que cometió el Ejército mexicano”, señaló Castro.
Castro Rodríguez afirmó que los militares sentenciados están también involucrados en el caso de los Alvarado porque tienen conexión con Luján Riuiz por lo que conminó a las autoridades a que se profundice más en ese personaje porque hay más víctimas y más mandos militares involucrados.
“Creo que también el general (Felipe de Jesús) Espitia tendría que ser juzgado, todos los mandos militares que estuvieron en esa época en Chihuahua, tendrían que ser investigados”, recalcó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=427171
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