La detención tuvo lugar el 29 de mayo pasado, cuando Jonathan caminaba por la localidad con una cerveza de lata cerrada en la mano.
Al ser abordado por los uniformados, Cabañas se negó a ser revisado y declaró no haber ingerido bebidas alcohólicas en la vía pública. Los vigilantes solicitaron refuerzos. Elementos de la policía estatal arribaron a la zona y a golpes, sometieron al joven; sus familiares afirman haber sido testigos de la agresión física y también haber sido golpeados.
Además de los porrazos al momento de la aprehensión, la familia de Jonathan denunció que los uniformados continuaron torturándolo mientras lo trasladaban al Ministerio Público, aun y cuando él lloraba y les suplicaba que se detuvieran. Los uniformados lo confrontaron: “aguántese, cabrón. ¿No que muy machito?”, le dijeron.
No conformes, antes de llegar a la oficina donde sería remitido Cabañas, los policías hicieron un alto. En una zona solitaria lo bajaron del vehículo y continuaron golpeándolo hasta casi dejarlo inconsciente. Ahí recibió descargas eléctricas en la cabeza y testículos. Las lesiones quedaron registradas en el examen médico que se le realizó en el Ministerio Público.
Ya frente a las autoridades, Jonathan fue acusado de portar un arma de fuego y del robo de un teléfono celular y 800 pesos de la tienda Bodega Aurrera, ubicada en San Rafael Chamapa y Luis Donaldo Colosio –en la vía que conecta a Naucalpan con Toluca- por lo que, contrario a lo que pasa con nuestro sistema de justicia en la mayoría de los casos, rápidamente fue sentenciado por robo con violencia.
Semanas más tarde fue trasladado al Centro Preventivo y de Readaptación Social “Juan Fernández Albarrán”, ubicado en el municipio de Tlalnepantla. Días después Jonathan denunció que al ingresar, le advirtieron: “de allí se sale loco o muerto”.
A partir de la detención y de las agresiones y torturas a las que fue sometido, Cabañas Ortega tiene secuelas físicas y psicológicas.
Sus familiares denunciaron que padece constantes dolores de cabeza y lo que ellos llaman “delirio de persecución” y aunque las autoridades penitenciarias afirman dar tratamiento médico al joven, no es claro en qué consiste este o qué tipo de medicamentos recibe, aunque creen que puede tratarse de algunos que son prescritos a pacientes con esquizofrenia.
La familia de Jonathan teme por su integridad personal, pues es evidente que su estado de salud físico y psicológico va en detrimento. Aunado a esto, denunciaron que la segunda semana de diciembre, el joven recibió un fuerte golpe en la cabeza; sin embargo, contó a sus familiares que el golpe le fue propinado con una banca, prefirió no señalar a los responsables por miedo a alguna represalia.
Su condición psicológica empeora y sus familiares han podido constatar en su expediente médico que no hay un diagnóstico sobre sus síntomas y mucho menos un seguimiento puntual del tratamiento médico al que ha sido sometido.
Preocupados, los familiares afirman que Jonathan ha recibido malos tratos y tortura al interior del mismo reclusorio.
Justicia, la exigencia
Las organizaciones que integran la Red de Alerta Temprana, exigieron a las autoridades penitenciarias trasladar inmediatamente a Jonathan Alejandro Cabañas Ortega a un centro hospitalario especializado –externo al centro penitenciario- para que se le realice una valoración neurológica, psicológica y psiquiátrica integral, y así obtener un diagnóstico de su estado de salud y de los padecimientos que pudiera presentar.
Además, solicitan que se autorice la visita del médico Adrián Ramírez López y de la psicóloga María Isabel Mazo, para que valoren al joven, a petición de los familiares del interno quienes ya entregaron los documentos de autorización a las autoridades del centro preventivo; también solicitan que, una vez valorado y en caso de que así lo requiera, se facilite el internamiento de Jonathan a un centro hospitalario, como se establece en los principios de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos.
Al Estado mexicano le exigen cumplir con su responsabilidad internacional de prevenir y sancionar todo acto de tortura, como lo establece la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y no someter a nadie a penas o tratos crueles, inhumanos o degradante, disposición que fue signada en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
Los defensores de derechos humanos exigen que las “autoridades competentes” investiguen los actos de tortura denunciados y los señalamientos sobre falsedad de declaraciones de los uniformados; de comprobarse estas, solicitan que los responsables sean enjuiciados y castigados por un tribunal “imparcial e independiente”, para que se les apliquen penas adecuadas a la gravedad de sus acciones.
Para Jonathan Alejandro, como víctima de tortura, exigen se garantice su derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para que pueda acceder a una rehabilitación lo más completa posible, además, que se eviten retardos en la administración de justicia.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0.
AUTOR: CECILIA BALDERAS.
LINK: http://revoluciontrespuntocero.com/toques-electricos-en-los-testiculos-tortura-a-la-que-fue-sometido-jonathan-municipales-le-fabricaron-delitos/
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