En conferencia de prensa posterior, Portal señaló que entre 2000 y 2013 hay un acumulado de 664 denuncias penales presentadas y el monto involucrado como daño patrimonial asciende a 26 mil millones de pesos; se estima que este año, cuando se tengan todos los elementos, podrían presentarse más de 100 querellas.
Precisó que hay 541 denuncias anteriores en proceso de integración por el Ministerio Público, ocho pasaron a reserva (de cuentas muy pasadas), 21 ya están consignadas y 12 derivaron en un no ejercicio de la acción penal.
Durante la entrega, Portal subrayó que existen 11 áreas claves de riesgo derivadas de la fiscalización de la cuenta pública 2014, segunda correspondiente al gobierno actual. Entre ellas destacó las adquisiciones, contrataciones o inversiones, pues aun cuando cumplen con la norma ‘‘los contratos que se celebran no implican un beneficio neto al Estado’’.
Se trata de adjudicaciones directas de dependencias de los tres órdenes de gobierno a universidades públicas, institutos y otras instancias, sin que posean capacidad para cumplir con la responsabilidad, lo que deriva en subcontrataciones que superan el límite permitido y generan sobreprecios.
El auditor refirió que en la obra pública hay otro factor de riesgo: se detectaron inoportuna o deficiente planeación, contratación y ejecución de trabajos; incumplimientos e incrementos importantes en el monto de inversión; cambios a los proyectos originales; prórrogas en los plazos de las etapas, y serias deficiencias de control y supervisión de los proyectos.
Hubo programas públicos duplicados y sin coordinación, lo que redunda en desfases, traslapes y uso ineficiente de los recursos, especialmente en el rubro salud. Asimismo, la información sobre los beneficiarios de los programas sociales es deficiente y no se cuenta con un padrón único. ‘‘La diversidad de registros existentes muestra una falta de control y calidad de la información de los receptores de los apoyos’’.
La ASF alertó que ante el aumento en el suministro de servicios proporcionados por particulares, ‘‘la participación de las tareas de orden público no ha estado exenta de deficiencias en materia de cumplimiento de objetivos, discrecionalidad en la toma de decisiones, calidad de bienes ofertados y falta de transparencia’’.
Advirtió sobre deficiencias en el diseño e implementación de la política para atender problemas públicos, donde las auditorías de desempeño evidenciaron la carencia de organismos especializados con atribuciones para el logro de propósitos establecidos, amén de imprecisiones en la definición de la población objetivo y de los procesos de seguimiento, control y evaluación de los subsidios, así como falta de pertinencia o inexistencia de mecanismos para la evaluación de resultados.
Portal convocó a avanzar en la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción, pues ‘‘muchas de las inquietudes que surjan a raíz del informe del resultado que presentamos hoy tienen respuesta con el sistema’’.
Fuente: La Jornada
Autores: Alfonso Urrutia y Roberto Garduño
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