El secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade sostuvo que, de cara a la elaboración de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción se debe entender este fenómeno no sólo de manera individual sino entender que es un esquema de redes y no sólo de faltas individuales.
Se deben tener elementos de investigación para determinar los orígenes de este tipo de actos, fijar procedimientos y recursos para inhibirlos.
Al iniciar los foros en materia de corrupción, el auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal aseveró que este problema puede abordarse sobre la base de conductas inadecuadas de funcionarios en particular, pero también asumirla como un sistema de redes de intereses que se deben desarticular y emprender acciones estructurales para enfrentar una problemática organizacional.
En su oportunidad, Manuel Hallivis Pelayo, presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa advirtió que la lucha contra la corrupción debe asumirla toda la sociedad porque ésta “es una espiral interminable que se fortalece con indiferencia y complicidad. Si cada uno promueve acciones individuales, se podrá romper esta espiral y la sociedad saldrá beneficiada”.
Andrade desglosó un conjunto de propuestas de carácter preventivo y punitivo, destacando la necesidad de que exista una clasificación adecuada de faltas graves y no graves. Se debe tener claridad para la clasificación de conductas como el cohecho, fraude, el soborno, que deberán estar bien definidas en la legislación.
Subrayó la necesidad de avanzar en regular el conflicto de interés a efecto de determinar los alcances que puede tener una relación personal en términos de tiempo (antes y después de realizarse el acto presuntamente de conflicto de interés), la forma como se ha materializado esa relación en operaciones mercantiles, entre otras.
Se deberá contar con sistemas, registros e informes, declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés, plataformas diversas de registros de servidores públicos que participan en regímenes de licitaciones. Asimismo, trabajar en reglas de integridad y comités de ética, que más allá de cuestiones de legalidad, deberá haber sobriedad en el maneo de recursos públicos.
Andrade pidió que las reformas a la ley orgánica de la Administración Pública defina con claridad el papel de la SFP, aspirando a que se refuerce la facultad de control interno, auditorías de obra, de gestión y de mejores prácticas de gobierno.
Ante los cuestionamientos de los senadores sobre los altos niveles de impunidad que se registra en casos de corrupción, el secretario consideró que revertirla es un asunto de Estado, en la medida en que diseñar un esquema para ello involucra a los tres poderes, puesto que se requiere contar con una legislación mas clara en la definición de delitos y conductas que deben combatirse; contar con un mejor marco legal permitirá diseñar políticas disuasivas para inhibir conductas y, el poder judicial y en su momento la Fiscalía General de la República, con un carácter autónomo, estarán involucradas para abordar el problema desde la perspectiva penal.
Portal subrayó la necesidad de que el Sistema Nacional Anticorrupción enfrente el fenómeno no solamente en sus manifestaciones inmediatas, sino como fenómeno estructural para ubicar los alcances de este fenómeno. Dijo que es necesario tener conciencia del papel trascendental que tienen los sistemas de control interno para generar un entorno que acote e inhiba cualquier acto que se desapegue de la legalidad.
El auditor dijo que la fortaleza del SNA será concebirlo como un concurso institucional para lograr sinergias, acciones complementarias e intercambio de información para que no sean esfuerzos institucionales aislados, sino enfrentar un fenómeno mutifactorial a través de un sistema interdisciplinario
El presidente del Tribunal dijo que cuando hay impunidad hay un acicate para que se continúen con conductas de corrupción. Debe lograr mayor efectividad de y eficacia para que todo acto de corrupción detectado sea un acto sancionado. Señaló que del total de casos relacionados con presuntos actos de corrupción de funcionarios públicos que llegan al tribunal, en un 51.6 por ciento lo ganan los particulares y el 48.3 lo gana el estado.
Fuente: La Jornada
Autor: Alfonso Urrutia y Víctor Ballinas
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/22/corrupcion-esquema-de-redes-y-no-de-faltas-individuales-sfp-7568.html
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