Pero detrás de la historia de éxito de ese Cereso estatal, que se le acredita a Guerrero cuando fue director de las prisiones de Chihuahua, hay también una secuela de muertes, extorsiones y compra de voluntades que hablan de un control corrupto impuesto en los penales de ese estado por el llamado Grupo Sonora, encabezado por el mismo funcionario.
Uno de los argumentos que el saliente gobernador de Chihuahua, César Duarte, vendió para que Jorge Mario Bergoglio visitara ese penal fue que ahí también se reflejaba la disminución de la violencia que había hecho de Ciudad Juárez la urbe más violenta del mundo.
Duarte explicó que donde había un altar a la Santa Muerte se construyó durante su gobierno una capilla, la misma donde ofició el pontífice ante 800 internos y a la cual le donó un Jesucristo de cristal.
Designado –después de la fuga del Chapo– comisionado nacional del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), Guerrero fue entre 2010 y 2015 titular de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, a la cual llegó desde el sector privado. En 2008 fue gerente de Selicsa S. A. de C. V., empresa de transporte sin depósito; y en 2009 se convirtió en socio director de Seinco S. A. de C. V., empresa de servicios, entre ellos de seguridad, limpieza y venta de equipos de vigilancia.
Licenciado en derecho por el Instituto del Occidente y en administración de empresas por el Instituto Tecnológico de Sonora, ambos en Hermosillo, su gestión estuvo marcada por numerosos asesinatos de custodios y jefes de penales, incluidos algunos de sus colaboradores cercanos.
Sin embargo logró construirse una imagen de eficiencia. Además de amigo de Duarte, tuvo el apoyo federal el sexenio pasado, en particular del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna; del subsecretario del Sistema Penitenciario, José Patricio Patiño Arias; y del anterior titular del OADPRS, general Eduardo Enrique Gómez García.
En 2014 Gómez García fue inhabilitado más de 20 años por la Secretaría de la Función Pública para ocupar un cargo público, además de que fue sancionado con más de 60 millones de pesos.
Uno de los méritos que Duarte y Guerrero se atribuyen es el de haber reducido la población penitenciaria. No por políticas de readaptación social, sino por la mera entrega de reos a cárceles federales y de la conversión del penal estatal en Ciudad Juárez en Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 9, Norte, pese a su inadecuada infraestructura.
Clasificado como un penal federal de baja seguridad, a mediados de 2013 se le derrumbó parcialmente una barda perimetral, se propuso desde entonces su cierre, despresurización y remodelación, de acuerdo con el diagnóstico de los ceferesos elaborado el 7 de marzo de 2014.
Además Guerrero se concentró en comprar las certificaciones que Duarte y él tanto presumen. Se trata de documentos hechos por una asociación privada de exfuncionarios carcelarios de Estados Unidos que también han avalado cárceles de ese país donde después han ocurrido tragedias.
Cadena de ejecuciones
La gestión de Guerrero estuvo marcada además por el asesinato de una docena de custodios o jefes policiales, incluidos algunos de sus más cercanos colaboradores.
La primera fue una ejecución sumaria: el 13 de octubre de 2010 fueron asesinados seis custodios del Cereso 1 de Aquiles Serdán, en las afueras de la capital, entre ellos el encargado en jefe, Jesús Miguel García de la Cruz, cuando iban a su centro de trabajo.
El siguiente mes, el 14 de noviembre, fue muerto quien acababa de ser nombrado coordinador de Penales de Chihuahua, Gerardo Ortiz Arellano, junto con su hijo de 28 años, en la capital estatal. Ortiz fue asesinado a su llegada de la Ciudad de México, donde había participado en una reunión para organizar el desalojo del penal de Ciudad Juárez.
Antes había sido director del Cereso municipal de Ciudad Juárez, el actual Cereso estatal número 3, visitado por Bergoglio.
En enero de 2011 fue ultimado, mientras manejaba su vehículo, Marco Muñoz, jefe de custodios de la Unidad de Bajo Riesgo (UBR) en Chihuahua.
Las UBR eran cárceles municipales que se volvieron estatales.
Uno de los crímenes con más resonancia fue el del exdirector de la UBR de la ciudad de Chihuahua, Fernando Oropeza Oaxaca, el 1 de junio de 2011. Originario de la Ciudad de México y excapitán del Ejército, se confrontó abiertamente con los nuevos jefes de penales conocidos en el mundo penitenciario de Chihuahua como el Grupo Sonora.
En 21 de agosto de ese año, Raúl Ángel Acosta, custodio del Cereso 1 de Aquiles Serdán, fue asesinado en la ciudad de Chihuahua, luego de que en marzo de ese año otros tres guardias de ese mismo penal fueron detenidos como probables responsables de la construcción de dos túneles en esa cárcel. Ningún funcionario fue implicado.
Apenas en mayo del año pasado fue asesinado Luis Alfredo Franco García, quien también había sido coordinador de penales estatales y uno de los principales integrantes del Grupo Sonora. Excolaborador de Guerrero, había sido suspendido de su cargo desde marzo de 2013, aunque él argumentó que se retiraba por motivos de salud. Fue asesinado en Obregón, Sonora, por un grupo armado.
Unos días antes había declarado al programa Punto de Partida, de Televisa, que había estado al frente de las acciones para tomar el control de los penales, entre ellas quebrar el autogobierno de las pandillas. Y presumió que le decían El Diablo, porque “cuando los delincuentes se portan mal, se les aparece el diablo”.
Franco García había sido señalado en 2011 por el exsubdirector de la UBR de Chihuahua, Fernando Oropeza Oaxaca, como responsable del cateo en ese penal y que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), José Luis Armendáriz González, calificó como un robo. Oropeza lo consideró una represalia por no dejar que se quedaran cuatro jefes de custodios que habían llegado a extorsionar a los internos.
Durante el cateo no dejaron entrar ni a Armendáriz ni a Oropeza, quien también denunció el hecho ante la V Zona Militar. Pidió incluso que lo detuvieran si había pruebas en su contra y responsabilizó de lo que pasara al Grupo Sonora. Oropeza se plantó tres días después frente al palacio de Gobierno para retar a Duarte a que lo aprehendiera.
Internos y custodios denunciaron que fueron despojados de objetos personales, incluso los autorizados por reglamento, dinero y hasta ropa interior. Oropeza y la CEDH dijeron que los agentes estatales que llegaron al penal iban con el rostro cubierto y obligaron al custodio de la torre de vigilancia a voltear las cámaras de seguridad, por lo que no quedó registro de lo que hicieron. Guerrero respondió que no se permitiría el ingreso de la CEDH a los cateos.
En entrevista en 2011 con la corresponsal de Proceso en Chihuahua, Oropeza aseguró que la acción “fue porque no acepté a cuatro jefes de custodios que me impusieron, porque llegaron a extorsionar internos y custodios. Les pedían cuotas para salir de vacaciones a los custodios, para dar permisos. Los internos también les sacaban la vuelta. Le dije a Franco que yo no los quería. Me dijo que era su gente, que los apoyara”.
A los 20 días los retiraron, “pero desde entonces (Franco) me agarró idea, por eso digo que es venganza (el cateo)”. El 1 de junio de 2011 Oropeza fue asesinado muy cerca de su casa, en la capital del estado. El Grupo Sonora se hizo del control del penal. Las denuncias de los custodios siguieron.
Además de violaciones a sus derechos laborales, denunciaron que las autoridades de los penales cobraban entre 10 mil y 20 mil pesos por los traslados de reos de alta peligrosidad a las UBR, que cobraban cuotas a los internos por el ingreso de personal de higiene, material de trabajo y cambios de módulo, además que ingerían bebidas alcohólicas dentro del penal, así como de haberles incumplido con más medidas de seguridad después del asesinato de seis de sus compañeros.
Entrevistados por este medio después del asesinato de Oropeza, señalaron expresamente la designación de Guerrero Durán y Franco García en sus inconformidades. Aseguraron que hasta ese momento de gestión del Grupo Sonora, más de 60 internos habían sido cambiados a las UBR.
Bajo el mando de Guerrero en las cárceles de Chihuahua ocurrió, además, el 31 de enero de 2014, el homicidio de José Enrique Jiménez Zavala, El Wicked, acusado de asesinar a la activista Marisela Escobedo Ortiz en 2010, afuera del Palacio de Gobierno en Chihuahua, cuando confrontaba al gobernador Duarte por el asesinato de su hija, Rubí Marisol Frayre Escobedo.
El preso apareció muerto en su celda del área de alta seguridad del penal de Aquiles Serdán. El asesinato evidenció la pugna entre Guerrero Durán y su jefe, el fiscal general del estado, Jorge Enrique González Nicolás. La oficina de Guerrero dijo que Jiménez Zavala murió de un infarto y que un custodio lo vio convulsionarse. Pero más tarde la fiscalía Zona Centro informó que fue asesinado por estrangulamiento a manos del interno Jaime Noé Baeza, El Jimmy, por haberlo delatado como partícipe en una masacre en 2012 en la ciudad de Chihuahua.
Cuando fue detenido, El Wicked declaró a la prensa que mató a Escobedo por órdenes de sus jefes, sin precisar quiénes, aunque las autoridades los identifican como miembros de La Línea, grupo armado del cártel de Juárez. Posteriormente se convirtió en “la estrella” del programa Libre de Prisiones, formado por un grupo de reos que iban a otros penales e incluso a un gimnasio de la ciudad de Chihuahua, a dar su testimonio a estudiantes de educación media superior y superior sobre las consecuencias de delinquir.
Entre los integrantes del Grupo Sonora que fueron jefes de la UBR de Aquiles Serdán están Samuel Luzanilla, quien tuvo una demanda por acoso de una empleada, y el comandante Usiel Zazueta, quien salió en medio de acusaciones de cobrar cuotas.
También estuvo el comandante Jesús Francisco Soto Silva, quien entre 2010 y 2015 fue director de Seguridad Penitenciaria con Guerrero Durán. Cuando éste asumió el OADPRS, lo nombró director general a cargo de la seguridad penitenciaria en la Coordinación General de Centros Federales. Entre sus funciones está el traslado de los internos. Licenciado en derecho burocrático por la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado en Cajeme, Sonora, Soto Silva fue infante de Marina durante un año y entre 2000 y 2008 fue el comandante del Sistema Estatal de Seguridad Penitenciaria en Sonora.
Desde el sector privado
En la trayectoria de Guerrero Durán en los penales de Chihuahua hay otras tragedias.
El 5 de octubre de 2013 una llamada “troca monstruo” atropelló a más de 100 personas –de las cuales nueve murieron– durante el festival Aeroshow que coorganizó el ayuntamiento de Chihuahua. En las investigaciones policiales se supo que Guerrero participaba en una empresa de seguridad privada, Safe It, contratada para la exhibición.
La razón social de la empresa es Seguridad Privada y Vigilancia del Bravo, S. A. de C. V., tiene oficinas en Chihuahua y Ciudad Juárez, en ésta con más de 10 años de funcionamiento. Según la carpeta de investigación 15822-2013 de la Fiscalía General del Estado, la asociación civil Espectáculos Extremos de Chihuahua contrató a Safe It por 1 millón 5 mil 727 pesos para asignar 80 guardias privados que brindarían seguridad.
Asignaron 29 personas en las diferentes áreas de los espectáculos que se desarrollarían en tres días y, según el expediente, la empresa no entregó los protocolos de seguridad que debió haber seguido. El apoderado de la empresa es Juan Pedro Santa Rosa.
De acuerdo con custodios y excustodios entrevistados, Santa Rosa tiene la concesión de las “tienditas” de los penales y están a cargo de personas que laboran para él.
Junto con Duarte, Guerrero fue el promotor de las certificaciones carcelarias que han vendido como muestra de éxito y que se pagaron con recursos de la Iniciativa Mérida, según ha explicado el fiscal general del estado.
Pero la certificación, además de pagada, es sólo administrativa y en el papel abarca condiciones de seguridad, orden y justicia.
En noviembre de 2012 la Asociación Americana de Correccionales (ACA), organización privada que se dedica a acreditar penales, integrada por funcionarios y exfuncionarios de diversos centros de detención de Estados Unidos, certificó el Cereso de Aquiles Serdán, y en octubre de 2014, el 3, de Ciudad Juárez.
En esa ocasión afirmó que el de Juárez cumplió con los 91 estándares internacionales para la operación de una prisión de mediana seguridad, desde medidas de seguridad, higiene, alimentación y derechos humanos, hasta aspectos jurídicos, capacitación a internos, trabajo e infraestructura.
Para lograr la certificación, el gobierno invirtió 35 millones de pesos en infraestructura, la mano de obra estuvo a cargo de los internos del penal y aumentaron la capacidad a 3 mil 2 personas, luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos los había reprobado con 5.6 en 2014 por sobrepoblación.
De acuerdo con la organización civil de defensa de los derechos humanos Prison Legal News (PLN), la ACA, que se presenta como asociación sin fines de lucro, carece de supervisión de las agencias gubernamentales.
En un informe de octubre de 2014, la asociación dio a conocer que la ACA vende cada acreditación de entre 8 mil 100 a 19 mil 500 dólares, según el número de días, auditores involucrados y número de instalaciones que acredite. Sólo en 2011 la ACA recibió cuatro y medio millones de dólares en cuotas de acreditación, casi la mitad de sus ingresos totales de ese año.
El proceso de acreditación es una revisión en papel y no proporciona supervisión o monitoreo permanente a los centros penitenciarios; sólo verifica si un establecimiento tiene políticas que cumplan con las normas promulgadas por cuenta de la ACA y luego las vuelve a revisar en tres años, denuncia PLN.
Refiere también que prisiones acreditadas por la ACA han tenido problemas significativos, como el Centro Correccional de Kentucky, operado por la Corporación de Correccionales de América, acreditado en 2009 pese a que por lo menos cinco de sus empleados fueron procesados por violar y abusar sexualmente de los presos.
La ACA acreditó también al organismo privado Walnut Grove Youth Correctional Facility, en Misisipi, aun cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos encontró prácticas de actividad sexual en las instalaciones, entre personal y delincuentes, indica la organización.
En 2014 Guerrero Durán fue designado presidente del Capítulo México de la ACA.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO Y PATRICIA MAYORGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/431529/431529.
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