El Departamento de Justicia sabe que durante el procedimiento penal pueden ver la luz datos que inclusive expongan el alcance de la corrupción en el gobierno de México por parte del también conocido como Cártel del Pacífico.
El expediente judicial de Beltrán Leyva (marcado con el número 1:2012-cr-00184 y cuya copia tiene Proceso) muestra que tanto el Departamento de Justicia como la defensa de quien fuera uno de los principales operadores de Guzmán Loera le han presentado al juez Richard J. León, de la Corte Federal del Distrito de Columbia (Washington, D.C.), centenares de peticiones para que el juicio se celebre con el mayor hermetismo posible.
Por ejemplo, una moción interpuesta hace unos días por los abogados de El Mochomo exige a la Corte que durante el proceso que se inicia este martes 16 no se identifique y se anule la participación de uno de los testigos estelares que presentará en su contra el Departamento de Justicia.
El Mochomo, capturado en enero de 2008 y extraditado a Estados Unidos en noviembre de 2014, es uno de los capos del Cártel de Sinaloa con mayor jerarquía sometido a proceso judicial en aquel país.
La ruptura
El arresto de Alfredo Beltrán Leyva, en 2008, rompió al Cártel de Sinaloa y desató una guerra entre la fracción comandada por Guzmán Loera contra la de Arturo El Barbas y Héctor El H, hermanos del presunto traficante que será enjuiciado.
Los familiares de El Mochomo responsabilizaron a El Chapo de la captura de Alfredo, y presuntamente, en venganza, ordenaron aquel mismo año el asesinato de Édgar Guzmán, hijo del recién recapturado líder del Cártel de Sinaloa. Con la ruptura, los Beltrán Leyva se convirtieron en un cártel independiente –enemigo del de Sinaloa– y se asentaron en el Estado de México, Guerrero y Morelos.
Ante la Corte Federal, Alfredo Beltrán está acusado de un solo delito: “Conspirar junto con otros para importar y distribuir en Estados Unidos cinco kilos de cocaína y/o 50 gramos o más de metanfetamina”.
Pero a El Mochomo se le procesará como miembro del Cártel de Sinaloa, no de los Beltrán Leyva. Este hecho aumenta la posibilidad de que durante el proceso salgan a relucir incidentes que relacionen a El Chapo con el trasiego de narcóticos y la corrupción en los gobiernos de Felipe Calderón (PAN) y Enrique Pena Nieto (PRI).
Desde el 17 de noviembre de 2014, cuando Alfredo Beltrán fue presentado ante la Corte, se declaró inocente y se le negó la libertad bajo fianza, la defensa de El Mochomo (que encabeza el abogado Eduardo Balarezo) ha estado poniendo en entredicho las estrategias del Departamento de Justicia para acusar y procesar a su cliente.
Balarezo solicitó que la parte acusadora –dirigida por la fiscal Marcia M. Henry e integrada por los letrados Andrea Goldbarg, Amando N. Liskamm y Adrian Rosales– no incluya entre sus testigos a un narcotraficante mexicano que trabajó con el demandado.
“El 4 de junio de 2012, uno de los testigos potenciales del gobierno (identificado solamente como ‘A.T.’) fue interrogado por agentes federales estadunidenses sobre su conocimiento de las actividades del tráfico de drogas en México”, se lee en el expediente del Departamento de Justicia.
Respaldado con información proveniente de la División Criminal sobre Narcóticos y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia –que dirige Arthur Wyatt– el gobierno de Estados Unidos asegura que A.T. conoce a Beltrán Leyva y trabajó con él desde finales de la década de los noventa en el Cártel de Sinaloa: “El testigo conoció al acusado y a sus hermanos cuando recibían en México, aviones cargados de cocaína procedentes de Colombia”, se destaca en el expediente.
A.T., quien es testigo protegido reclutado por la Administración Federal Antidrogas (DEA), sostiene que él, El Mochomo y un socio de éste, a quien identifica como Julio Beltrán, se encargaron del tráfico de la cocaína colombiana hasta 2005, año en el que falleció Julio. “A.T. tuvo múltiples acuerdos cara a cara con el acusado durante casi una década”, asevera el Departamento de Justicia.
La fiscalía entregó al juez documentos con fotografías de El Mochomo y otros operadores del Cártel de Sinaloa, a quienes A.T. identificó y calificó como algunos de los principales exportadores de drogas a Estados Unidos. “Agentes federales, en junio de 2014, interrogaron a A.T. sobre su conocimiento de las actividades del narcotráfico en México. A.T., después de revisar un catálogo de 30 páginas con fotografías de presuntos narcotraficantes, en dos casos identificó con facilidad al acusado”, se lee en uno de los documentos en la Corte.
Ya desde el 29 de enero de 2013, la DEA había interrogado a A.T. En ese entonces los agentes federales le presentaron al ahora testigo protegido otro catálogo con 50 fotografías. “A.T. identificó a la persona de cada una de las fotografías. En la número 30, A.T. identificó al acusado”, se destaca en el expediente del gobierno estadunidense, que de este modo pudo certificar la calidad del posible testigo.
El Departamento de Justicia presentó al juez León, además, una serie de argumentos judiciales para rebatir la pretensión de la defensa por descalificar a los testigos de la parte acusadora.
“Contamos con muchas evidencias para demostrar que A.T. es un testigo confiable, con amplio conocimiento sobre el día a día de las operaciones del narcotráfico en México”, arguye la fiscalía.
La defensa
El equipo de Balarezo, en cambio, ha entregado a la Corte Federal papeles que buscan mostrar que A.T. nada tiene que ver con el Cártel de Sinaloa. Paralelamente, pretende aclarar que El Mochomo nunca fue amigo ni mucho menos subalterno de El Chapo. Y como parte de su estrategia está prevenir filtraciones para que los medios de comunicaciones no puedan influir en el proceso.
El martes 2, Balarezo presentó 39 objeciones o “comentarios” a las propuestas del Departamento de Justicia para la designación de los testigos y otros pormenores del juicio.
La primera objeción dice: “El señor Beltrán Leyva, a quien se le presume inocente, rechaza cualquier y todas las acusaciones en contra de él. En particular, niega haber cometido algún crimen en contra de Estados Unidos, o que haya conspirado para distribuir cocaína o metanfetamina sabiendo que sería exportada a los Estados Unidos”.
Otro argumento se refiere a los medios de comunicación que podrían manipular el fallo del jurado. Por ello el abogado advierte: “En algunos casos, aunque no necesariamente en éste, podrían existir reportes en los periódicos, la radio, internet o la televisión concernientes al caso mientras se celebre el juicio. Si hubiese ese tipo de cobertura periodística, (los jurados) podrían estar tentados a leer, escuchar o mirarlos. No deben leerlos, escuchar o mirar dichos reportes porque sólo deben emitir un fallo de este caso basado únicamente en las evidencias que se presenten en esta sala de la Corte. Si es que de manera inadvertida les llega a ustedes (este tipo de reportes) durante la celebración del juicio, no lo comenten entre los otros miembros del jurado ni con nadie más”, escribió la defensa de El Mochomo.
En este mismo sentido Balarezo recomendó que los jurados tampoco busquen información por internet respecto de Beltrán Leyva, ya que lo que localicen podría erróneamente influir en su fallo.
A principios de este mes, la defensa de El Mochomo solicitó al juez León que se autorizaran las visitas de un “un abogado extranjero del acusado”, el letrado mexicano Noé Palacios Rodríguez. El juez autorizó la solicitud, aunque no está claro si Palacios Rodríguez ya ha tenido contacto directo con Beltrán Leyva o si sólo estará en la Corte el día que se inicie el juicio.
La línea que lleva a El Chapo
Existe la posibilidad de que por lo delicado del caso y por los nombres y acusaciones que puedan surgir durante el procedimiento penal, tanto el Departamento de Justicia como la defensa de El Mochomo pidan al juez no permitir la entrada de los medios de comunicación. Eso dependerá del magistrado federal y se conocerá hasta el día que arranque el juicio.
Lo que pueda decir El Mochomo, su defensa y los testigos del gobierno de Estados Unidos, como A.T., frente al juez León, podría ser utilizado para procesar a Guzmán Loera, acusado de narcotráfico, lavado de dinero, homicidio y otros delitos en más de una decena de estados en la Unión Americana.
Lo que se declare también puede ayudar a consolidar evidencias en contra de otros miembros del crimen organizado, incluso integrantes de otros cárteles. De hecho, existe la posibilidad de que esto permita preparar encausamientos judiciales en contra de políticos y expolíticos mexicanos vinculados con el trasiego de drogas, como ya ocurrió en el pasado.
El Departamento de Justicia, desde que el gobierno mexicano le entregó a Beltrán Leyva, quería que este narcotraficante se declarara culpable de los delitos que le imputan, tal como hizo Édgar Valdez Villareal La Barbie a cambio de una sentencia moderada y de convertirse en una “fuente protegida de información”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430035/el-mochomo-puede-destruir-a-el-chapo
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