En 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó un reporte sobre la vulnerabilidad en la que se encuentran los penales en los 32 estados. El documento refiere que los de Apodaca, Cadereyta y Topo Chico, los tres de Nuevo León, ocupaban el lugar 29, con una calificación reprobatoria de 5.20 puntos.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) aportó datos para la investigación del ómbudsman nacional, según los cuales Topo Chico tiene una capacidad para 3 mil 635 internos. En 2014 tenía 4 mil 585.
En cuanto a “condiciones de gobernabilidad”, según el reporte de la CNDH, es insuficiente el personal de seguridad y custodia. Los problemas se observan también en los traslados y cuando se trata de cubrir ausencias, vacaciones e incapacidades, incluidas las del personal femenino.
También hay “deficiencias en el ejercicio de las funciones de autoridad por parte de los servidores públicos del Centro –añade el reporte–; existencia de áreas de privilegios, objetos y sustancias prohibidas, e internos que ejercen violencia o control sobre el resto de la población; presencia de cobros por parte de custodios, y presencia de cobros por parte de los internos”.
En el apartado “aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno”, alude a la “sobrepoblación y hacinamiento”, así como a las “deficiencias en la supervisión del funcionamiento del Centro (penitenciario de Topo Chico) por parte del titular, y deficiencias en la prevención y en la atención de incidentes violentos”.
Y continúa la enumeración de “deficiencias en la prevención de probables violaciones a derechos humanos, así como en su atención en caso de que sean detectados, inexistencia de registro, de procedimiento para su recepción y atención. Deficiencias en la atención a internos en condiciones de aislamiento”.
En 2014, los centros de readaptación social de Apodaca, Cadereyta y Topo Chico estuvieron entre los que más riñas registraron: 58, cuarto lugar a nivel nacional. Pero el gobierno nuevoleonés no hizo nada por atender los problemas cotidianos en ese universo concentracionario.
Nunca instrumentó medidas para reforzar la seguridad y evitar que pandillas de sicarios presos ejercieran el autogobierno, como en Topo Chico, donde la noche del miércoles 10 hubo una reyerta. Diputados locales demandaron de inmediato el cese de Gregoria Salazar, directora del penal.
En la refriega murieron 49 reclusos y más de una docena resultaron heridos. Los protagonistas fueron los seguidores de Jorge Iván Hernández Cantú, El Credo, y los de Juan Pedro Saldívar Farías, El Z 27, líderes del grupo de Los Zetas. El enfrentamiento fue por el dominio del penal.
El viernes 12 por la mañana, cuando la situación estaba bajo control, las autoridades trasladaron a los dos cabecillas y a 233 reos a otros centros penitenciarios.
Un funcionario del gobierno que encabeza Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, comenta al reportero, a condición de omitir su nombre, que la Dirección de Penitenciarías nuevoleonesa, que depende de Seguridad Pública del Estado, nunca encierra en el mismo penal a integrantes de bandas diferentes. Pero en este caso se trató de dos bandas de zetas.
No es la primera vez que los reclusorios de Nuevo León son escenario de matanzas por rencillas entre los internos.
El 20 de mayo de 2011 hubo una trifulca en el penal de Apodaca en la que 14 internos fueron asesinados en el área de psiquiatría. El 13 de octubre de ese mismo año, en el de Cadereyta cayeron siete internos durante una pugna entre grupos rivales, mientras otros 13 resultaron lesionados con puntillas y armas contundentes.
El 19 de febrero de 2012 se registró otra pelea en el de Apodaca en la que murieron 44 reclusos.
Despresurización tardía
Hace meses, las autoridades estatales y la Secretaría de Gobernación acordaron despresurizar los penales y distribuir a los internos en zonas donde estuvieran más cerca de sus familiares, asegura el gobernador Rodríguez Calderón.
La trifulca de Topo Chico aceleró los planes, dice. El Credo y El Z 27 aun cuando están en otros penales, serán sancionados por su participación en la matanza.
El mandatario admite que es difícil administrar los reclusorios de Apodaca, Cadereyta y Topo Chico, donde, según datos oficiales, hay 8 mil reos. El 7 de diciembre de 2015, él mismo habló de privatizar los servicios penitenciarios de la entidad, de manera similar al modelo de Louisiana, Estados Unidos, que ha dado buenos resultados.
El propósito, dijo, era reubicar a todos los reos federales, para que en los reclusorios de la entidad estuvieran sólo los procesados por delitos del fuero común.
También comentó que en el corto plazo desaparecerá Topo Chico, por lo que se reactivará la construcción de la penitenciaría de Mina, 50 kilómetros al norte de Monterrey, que fue abandonada durante la administración del priista Rodrigo Medina por falta de recursos.
Se calcula una inversión de mil 200 millones de pesos, de los cuales ya se aplicaron 400 millones, aportados por la Federación para la barda perimetral. Sin embargo, esa construcción está siendo investigada por la Contraloría del estado ante la presunción de irregularidades.
El gobernador dijo que buscará patrocinios privados para apoyar a los reos de escasos recursos. Eso les permitirá pagar sus fianzas y cumplir sus sentencias en libertad, dijo.
Con respecto a la contratación de custodios para cubrir las necesidades –actualmente sólo se cubre 60% en los penales–, adelantó que emprendería una agresiva campaña de contratación.
De los tres reclusorios, sólo el de Topo Chico tiene población mixta: 3 mil 340 varones y 460 mujeres.
En 2015, la CNDH presentó un informe sobre las condiciones de la población femenina en las cárceles mexicanas y alude a Topo Chico. Según el punto 41 del reporte –referente al autogobierno, cobros y privilegios–, en Nuevo León y otros estados “se tuvo conocimiento de internas que ejercen control sobre otras, así como la realización de alguna o varias actividades propias de la autoridad, tales como la asignación de estancias, la vigilancia y el mantenimiento del orden”.
Y agrega: “Cabe destacar que en el centro de reclusión Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León, las internas que ejercen el autogobierno son controladas por grupos delictivos recluidos en el área varonil”.
Sobre los malos tratos a los internos de Topo Chico, la CEDHNL ha emitido varias recomendaciones. En una de ellas, emitida el año pasado, una persona del sexo masculino denunció que el 31 de agosto de 2014 un celador lo llevó al ambulatorio de observación, donde fue atacado sexualmente por un interno.
La entonces presidenta de la comisión estatal, Minerva Martínez emitió la recomendación. No se sabe si fue acatada.
La misma ómbudsman nuevoleonesa emitió otra recomendación a raíz de la muerte de un interno el 7 de julio del 2015. Pidió fincar responsabilidad a los presuntos implicados, así como indemnizar a los familiares y una investigación sobre los hechos. Tampoco se sabe si el expediente CEDH-225/2015 fue atendido debidamente.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430390/en-topo-chico-el-abandono-oficial-cobro-su-cuota
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