CIUDAD DE MÉXICO: La actriz y productora mexicano-estadunidense Kate del Castillo promovió un amparo para evitar ser detenida por la Procuraduría General de la República (PGR), que la investiga por los contactos mantuvo con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.
La demanda de amparo, solicitada el pasado 29 de enero, fue admitida por el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, y le dio un plazo de cinco días para que aclare su petición, según el acuerdo judicial emitido ayer.
Señalada por la titular de la PGR, Arely Gómez, como clave para la recaptura de Guzmán Loera el pasado 8 de enero, la actriz apela a los artículos 14 y 16 de la Constitución que protege a los mexicanos para no ser privados de su libertad salvo que exista una sentencia de un juez, y a no ser detenidos salvo por orden judicial, a excepción de que exista una denuncia por la probable comisión de un delito.
El titular del juzgado advirtió que en caso de que en ese plazo la protagonista de la serie televisiva ‘La Reina del Sur’ no aclare su demanda, la solicitud será desechada.
Radicada en Los Ángeles, California, Kate del Castillo podría declarar ante la PGR en esa ciudad en caso de que exista una petición formal autorizada por un juez.
El abogado de Guzmán Loera, José Refugio Rodríguez, declaró a Proceso (edición 2047) que antes de que se fugara del penal del Altiplano, ‘El Chapo’ pidió que su equipo de litigantes entrara en contacto con Kate del Castillo, propietaria de Kate del Castillo Productions, para evaluar la posibilidad de una película autobiográfica de quien fue el narcotraficante más buscado del mundo.
El día de la reaprehensión, Gómez dijo que esos contactos permitieron la localización de Guzmán, quien es requerido en extradición por varias cortes federales de Estados Unidos.
A través de filtraciones periodísticas, el gobierno mexicano ha sugerido que la empresa tequilera, también propiedad de la actriz, pudo haber recibido recursos de Guzmán.
Kate del Castillo, quien obtuvo la nacionalidad estadunidense en septiembre pasado, podría ser sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) en caso de comprobarse que violó la Kingpin Act, que prohíbe la realización o la intención de hacer negocios con narcotraficantes.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
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