El Índice de Impunidad México 2016 (IGI-MEX), elaborado por la Universidad de la Américas Puebla (UDLAP), dio a conocer que existen 13 entidades del país con un nivel “muy alto” en el rubro. Además, ese indicador destacó que a escala mundial, la Nación tiene uno de los peores desempeños y se ubica en el lugar 58 de un índice de 75.7.Los estados con mayor nivel de impunidad son Quintana Roo y el Estado de México.
En el primer caso, la entidad gobernada por el priista Roberto Borge Angulo tiene el pasivo per cápita más alto entre las 32 entidades del país, con 14 mil 441 pesos por cada uno de sus ciudadanos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Cuando Borge Angulo asumió el Gobierno de Quintana Roo, el 5 de abril de 2011, el estado reportaba una deuda pública de 9 mil 791 millones de pesos. Hoy, casi cinco años después, ese pasivo se ha convertido en el más alto del país, medido por el número de personas.
Si ese rubro se mide por el monto, la entidad con mayor deuda del país es el Distrito Federal, con 67 mil 591 millones de pesos, según las cifras de la SHCP.
En el segundo caso, el estado que gobierna el también priista Eruviel Ávila Villegas alberga el mayor número de pobres en el país: 8 millones 269 mil personas en esa situación, de acuerdo con los datos revelados en julio pasado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). La cifra equivale casi al 15 por ciento de la población total en situación de pobreza en el país.
Ávila Villegas tomó posesión del Gobierno del Edomex el 16 de septiembre de 2011, en ese entonces el político nacido en Ecatepec recibió la entidad con 7 millones 328 mil personas en situación de pobreza. Pero de 2012 a 2014, de acuerdo con el Coneval, el número de personas en situación de pobreza en la entidad aumentó en 13 por ciento, esto es aproximadamente 941 mil personas.
Un análisis reciente realizado por el Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC) alertó que uno de cada dos mexiquenses es pobre, mientras que tres de cada 10 sufren algún tipo de vulnerabilidad, ya sea por ingreso o por carencia social. A nivel nacional, cuatro de cada 10 mexicanos son pobres y tres de cada 10 son vulnerables.
Y HAY OTROS IMPUNES
Pero Quintana Roo y el Estado de México no son las únicas entidades donde la impunidad ha sentado sus reales. Detrás de éstos se encuentran Baja California, Durango, Tamaulipas, Guerrero, Coahuila, Yucatán, Veracruz, Querétaro, Nuevo León, Oaxaca y Baja California Sur.
Dichas entidades, de acuerdo con el IGI-MEX, tienen índice superior a 70 puntos de su medición y “cuya situación refleja niveles críticos de impunidad”.
El Índice de la UDLAP no considera a la pobreza o la presencia del crimen organizado como factores incidentes. Las razones para que estén en los lugares más altos se encuentran en la relación de los ciudadanos con los sistemas de justicia locales, así como el desempeño de las autoridades en la persecución del delito.
El informe explica que en el caso de México la impunidad es una de los diez principales problemáticas que aqueja a la sociedad mexicana. Refiere además que en el país “tiene sus raíces más profundas en los problemas estructurales y funcionales de las 32 entidades federativas”.
Es por eso que, menciona, “se necesita encontrar las raíces de los problemas desde el ámbito local”.
Sin embargo, aunque el estudio hace énfasis en que no evalúa otros aspectos en la mayoría de los indicadores estatales resaltan datos económicos negativos, como lo son niveles de pobreza elevados y deudas.
POBRES Y ENDEUDADOS
Después de Quintana Roo, el estado con la deuda por persona más alta está Coahuila, que ocupa el sexto lugar en el IGI-MEX; le sigue Nuevo León en el puesto número diez del ranking.
La deuda de Coahuila, de acuerdo con el saldo histórico de obligaciones financieras de entidades, municipios y sus organismos de la SHCP, hasta el tercer trimestre de 2015, es de 37 mil 242 millones pesos, mientras que la per cápita asciende a 12 mil 986 pesos.
Asimismo datos de Hacienda ubican a Nuevo León con el saldo histórico de obligaciones más alto con 63 mil 28 millones de pesos. En el caso de la deuda per cápita cada neolonés debe 12 mil 798 pesos, el tercer lugar nacional.
Es decir, que por lo menos en los primeros lugares de los estados con mayor impunidad están también los que tienen las deudas más elevadas.
Por el lado de la pobreza, los estados con muy alta impunidad y que tienen también elevados niveles de pobreza son Guerrero, Veracruz, Oaxaca y el Estado de México.
La entidad mexiquense tiene el mayor número de pobres en el país con más de 8 millones de personas. Sin embargo, al hacer el comparativo con los habitantes, poco menos de la mitad de la población (49.6 por ciento) está en situación de pobreza.
Oaxaca, que ocupa el puesto número doce en el ranking de impunidad, es la segunda entidad con mayor porcentaje de su población que es pobre con el 66.8 por ciento.
A este estado, le siguen Guerrero y Veracruz. Ambos rankeados en el Índice de Impunidad, pero también entre las entidades con los niveles de pobreza más altos. En la primera, el 65.2 por ciento del total de la población se encuentra en esta situación, mientras que en la entidad gobernada por el priista Javier Duarte de Ochoa el 58 por ciento de sus habitantes son pobres.
PRESUPUESTO CONTRA LA IMPUNIDAD
El IGI-MEX destacó que, aunque no encontró alguna correlación significativa entre el índices de impunidad y otros indicadores de pobreza, Producto Interno Bruto (PIB) y desigualdad, sí encontró una correlación positiva y significativa con el presupuesto en procuradurías per cápita.
“Un incremento en el presupuesto en procuradurías se traduce en una disminución en el índice de impunidad y al mismo tiempo, un incremento en el porcentaje de sentenciados en primera instancia que apeló a un Tribunal de Segunda Instancia, se traduce en un incremento en el índice de impunidad”, explica.
El Presupuesto ejercido por la Procuraduría o Fiscalía General de Justicia per cápita es de 241 pesos aproximadamente, según el informe. Asimismo, el Presupuesto ejercido por el Tribunal Superior de Justicia por cada cien mil habitante es de 206.5 pesos por persona.
En promedio existen solo 3.2 agencias del ministerio público y 7.6 agentes del ministerio público por 100 mil habitantes. El número de policías alcanza 160.5 por 100 mil hab. Lejos del promedio de 332 policías por 100 mil hab. que se registra en el IGI 2015. El número de jueces por 100 mil hab. es solamente de 3.5 cuando el IGI 2015 señala un promedio de 16.
El informe observó que incrementos en el presupuesto de procuradurías por delito consumado registrado en averiguaciones previas y en el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia por causa penal abierta, se traducen en decrementos en el valor de IGI-MEX, aunque la magnitud es mayor en el caso del presupuesto asignado a las procuradurías.
El informe destaca finalmente que “esto no significa que aumentar el presupuesto indiscriminadamente disminuirá la impunidad, hace falta analizar otros factores. Sin embargo, con un nivel de ajuste alto, podemos afirmar que aquellas entidades federativas que tienen un mayor presupuesto per cápita, por delito y causa penal, tienen un índice menor de impunidad. Las causas pueden ser diversas, pero esto es un indicio de que la falta de recursos económicos, físicos y humanos pueden estar ocasionando fallas que reproducen o preservan la impunidad por parte de las instituciones del Estado al momento de administrar la justicia”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-02-2016/1613967
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